Eugenio Parra Silva
Expediente 531/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eugenio Parra Silva y Otros.
- Eugenio Parra Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de seis de julio de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: Al haberse negado la protección de la Justicia Federal en el juicio, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintidós. Glósese a los autos, únicamente para que obre como corresponde, el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el seis de julio del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las nueve horas con veinticinco minutos del seis de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de veinticinco de mayo del año en curso, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 531/2022, promovido por Eugenio Parra Silva, por propio derecho, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo medios de convicción por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 316/2022, presentado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el alegato del Agente del Ministerio Público Federal adscrito y a las demás partes por perdido tal derecho. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la siguiente resolución. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 531/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, que por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Eugenio Parra Silva, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que enseguida se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A).- La omisión del tribunal responsable en dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y embargo en bienes propiedad de los demandados y condenados SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, con efectos de mandamiento en forma que basten a cubrir el pago de la cantidad $3,043,943.00 (Tres Millones Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), en cumplimiento al laudo condenatorio pronunciado el 11 de noviembre del 2013, en el juicio laboral No. 38/2008, que en contra de los mencionados organismos SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, promoví ante ese propio Tribunal. B).- La omisión del Tribunal en dictar el acuerdo que legalmente proceda a mi escrito que del 23 (veintitrés) de febrero del 2022 (dos mil veintidós), le presenté el 04 (cuatro) de marzo siguiente, a través del cual le estoy solicitando, el reconocimiento de la personalidad, que como mis nuevos apoderados le conferí a los CC. LICS. RAMÓN MARTÍNEZ BELLO, WENDY Y RAMON MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y demás profesionistas, en el juicio en mención 38/2008 y la expedición de copias certificadas de todas las constancias concentradas, en este mismo asunto." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. El quejoso citó como garantías constitucionales violadas en su perjuicio, las previstas en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda con el expediente número 531/2022, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado correspondiente; otorgó al Ministerio Público Federal la intervención legal que le corresponde; ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en atención a que el presente asunto se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una autoridad con domicilio dentro de la circunscripción territorial que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que, de la lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que los actos reclamados de la autoridad responsable son los siguientes: La omisión del tribunal responsable en dictar orden de requerimiento y auto de ejecución en el juicio laboral 38/2008. La omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen. Lo anterior, acorde con la tesis de jurisprudencia aplicada por identidad de razón jurídica, identificada con el consecutivo 1347 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511 del Tomo II, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, por analogía con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 255, con registro 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no obstante de encontrarse notificada, fue omisa en rendir su informe justificado, circunstancia que de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, obliga a presumir ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la omisión de dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 38/2008. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza diverso motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, de modo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló motivos de inconformidad que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se le veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente. Al efecto, en sus conceptos de violación señala que la autoridad responsable violó en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17, toda vez que ha sido omisa en dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 38/2008. En el caso concreto, en términos del considerando tercero de esta resolución, se han tenido por presuntivamente ciertos los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad señalada como responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, consistentes en la omisión de dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 38/2008. Sin embargo, no obstante la presunción de certeza de los actos que se reclaman de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitados, al ser inatendibles los conceptos de violación, pues teniendo la carga de la prueba y a pesar de contar con la debida oportunidad para ofrecer los medios de convicción a fin de demostrar la inconstitucionalidad de dichos actos reclamados, la parte quejosa no lo hizo, ya que la presunción de certeza del acto reclamado, no da lugar a estimar su inconstitucionalidad, sino únicamente a presumir su existencia. Lo anterior es así, toda vez que los actos que se reclaman de dicha autoridad, no son inconstitucionales en sí mismos. En efecto, para estimar si dichos actos son en sí mismos violatorios de garantías debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectuado el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que la omisión de dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen, conculca garantías individuales, es indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso, inclusive, que haya transcurrido el término legal del que dispone la autoridad para emitir el acuerdo correspondiente, pues si falta alguno de esos presupuestos, esto es, que el quejoso no sea parte en el procedimiento, o cuando está transcurriendo el plazo que la ley señala para el dictado del acuerdo respectivo, la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce ninguna violación de garantías individuales. En consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de garantías en sí mismo, ya que su inconstitucionalidad dependería de ciertos motivos, datos o pruebas que acrediten que la responsable al ser omisa en dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 38/2008, viola garantías constitucionales. Por tanto, como los actos reclamados (omisión de dictar orden de requerimiento y auto de ejecución y la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen), no son inconstitucionales en sí mismos, la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía a la parte quejosa y, ante la falta de pruebas en el expediente, como se dijo, debe negarse el amparo. Es aplicable al caso por identidad de razón, la contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Como colofón, debe precisarse que las tesis y jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, también lo es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables, lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." SEXTO. Publicación de la resolución y captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, una vez firmada y capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Eugenio Parra Silva, contra los actos y autoridad señalados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe. EL LICENCIADO CÉSAR HERNÁNDEZ SERRANO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CERTIFICA: QUE ESTA HOJA ES PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL JUICIO DE AMPARO 531/2022. DOY FE.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expidan las reproducción referidas; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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