Eugenio Guadalupe Cabrera Zuñiga

Expediente 1609/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1609/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Eugenio Guadalupe Cabrera Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo II-1609/2021, promovido por EUGENIO GUADALUPE CABRERA ZUÑIGA, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado, rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que obra glosado a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la el quejoso y la autoridad responsable, adjuntaron a su demanda y a su informe de Ley como justificación de sus actos, respectivamente. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su especial naturaleza jurídica. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no ejercieron este derecho, por lo que la Jueza acuerda tener por cerrada dicha etapa. Finalmente, no habiendo diligencias pendientes por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente. VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1609/2021-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de septiembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada el mismo día este Juzgado Federal, EUGENIO GUADALUPE CABRERA ZUÑIGA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado a quien reclamó la omisión de señalar fecha y hora la para celebración de la audiencia de Ley, en autos del juicio laboral 110/2021 del índice de la Junta responsable. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de septiembre del presente año, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1609/2021-II; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete y se celebró la audiencia constitucional el día de hoy en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera, que el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha y hora la para celebración de la audiencia de Ley, en autos del juicio laboral 110/2021 del índice de la Junta responsable. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una omisión de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues no obstante la autoridad negó su existencia al rendir su informe, dicha negativa queda desvirtuada con las copias certificadas de las constancias relativas al juicio laboral de origen que fueron remitidas en justificación de sus actos al momento de rendir su informe de ley, documentales que, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de artículo 2, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se advierte la certeza del acto reclamado, pues a la fecha de presentación de la demanda subsistía la omisión que le atribuye. QUINTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de septiembre del presente año, señaló el cuatro de febrero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en autos del juicio laboral 110/2021, del índice de la responsable. En mérito de lo anterior, resulta claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que la responsable, el veintitrés de septiembre del presente año, señaló el cuatro de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclama, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del peticionario de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Sin que sea óbice acordar respecto al carácter de tercero interesado que podría recaerles en el presente asunto a "IZZI", "SUMANT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MIGUEL TORRES GONZÁLEZ y CESAR LÓPEZ; resérvese, toda vez que el resultado de la presente determinación no les causa ningún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EUGENIO GUADALUPE CABRERA ZUÑIGA, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos señalados en los considerandos segundo y quinto subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que aguardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que hasta la presente fecha no obran en autos las piezas de acuse de recibo correspondientes a los oficios 13999/2021 y 14000/2021, de fecha dos de junio de la presente anualidad, dirigidos a las autoridades responsables Presidente Municipal de Izamal y Director de Obras Públicas del Municipio de Izamal, respectivamente, a través de los cuales se les notificó la sentencia definitiva dictada en el presente juico de amparo. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones al procedimiento, requiérase vía telegráfica a las aludidas autoridades, para que en el término de veinticuatro horas, informen por la misma vía, o vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibieron los oficios de referencia. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículos 237, fracción I, y con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio. Notifíquese.

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