Eugenio Acosta Brito
Expediente 906/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Heracleo Rueda de León Castillo
- Director del Registro Público de la Propiedad Y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
- Eugenio Acosta Brito
Actuaciones
- Principal
VII. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el uno de octubre del presente año, en el expediente 149/2017, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Heracleo rueda de León Castillo y Eugenio Acosta Brito, en contra del auto dictado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la resolución de treinta y uno de octubre del presente año. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él
- Principal
MESA VII. Agréguese a los presentes autos el escrito de ..., mediante el cual interponen recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio del año en curso. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LOS RECURRENTES, toda vez que en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se desechó de plano la demanda de garantías que promovieron, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o. fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad, copia certificada de las constancias conducentes, para que acuerde lo que legalmente corresponda. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso, asimismo dese copia de éste al Agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 100 del ordenamiento legal citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VI. Agréguense a estos autos, los oficios 1333 y 1418 suscrito por el Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio 19152/2017 de este Juzgado Federal, con el que se devolvió a dicho Juzgado las copias certificadas de la causa Penal 423/2014. Asimismo, en su diverso oficio de cuenta la mencionada autoridad informa que mediante oficio 1417 de fecha catorce de julio del año en curso, remitió al Magistrado Segundo y Presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, constante de (416) fojas útiles, copia certificada de la causa penal 423/2014, dando cumplimiento al proveído de fecha diez de julio del año dos mil diecisiete; tómese nota de lo anterior para los fines legales correspondientes.
- Principal
MESA VII. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Heracleo Rueda de León Castillo y Eugenio Acosta Brito, contra los actos que reclaman del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado y de otra autoridad; la cual fue exhibida con diez copias y siete anexos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo que nos atañe, por los motivos que a continuación se expresan. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama la cancelación, el registro y la inscripción de las compraventas relativas al tablaje catastral 4226, de la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, en escrituras públicas veinte y doscientos catorce, de diecisiete de febrero y ocho de junio, ambas de dos mil diecisiete, respectivamente, registradas bajo los números de inscripción 2135839 y 2181366, del Registro Público de la Propiedad del Estado, otorgadas ante la fe de los Notarios Públicos treinta y seis y ochenta y seis del Estado de Yucatán. En ese sentido, debe decirse que se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1o. fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Esto, cuenta habida que dada la interpretación integral de la demanda de amparo, la parte quejosa, al promover este juicio, lo que pretende es obtener la protección constitucional, a fin de que la autoridad registral responsable soslaye la referida inscripción de la compraventa 2181366, constituida a favor del H. Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, así como para que deje sin efecto la cancelación de la diversa inscripción 2135839, y sea inscrita la compraventa otorgada a su favor por "Uredi", Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del propio tablaje catastral; extremos que permiten evidenciar la existencia de un conflicto entre particulares (que son la parte quejosa, la sociedad vendedora y el Ayuntamiento comprador). Al respecto, el artículo 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, en lo que interesa establece: "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial." Por su parte, el artículo 89, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente, dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro." En virtud de lo anterior, este Juzgador Constitucional considera que la parte quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común, el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del Fuero Común quien determine si procede o no la invalidación de la señalada inscripción registral y demás consecuencias; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en la especie se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 1o. fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio de control constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a ciertas autoridades, como son el Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende la parte quejosa es que se dirima un conflicto suscitado entre él, la persona moral vendedora y el Ayuntamiento comprador del predio a que hace mérito. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar la inscripción de tal compraventa, a las autoridades en cita deben ser oídas, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Heracleo Rueda de León Castillo y Eugenio Acosta Brito, contra los actos que reclaman al Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, el señalado en su demanda de amparo; y como su autorizada en los términos restringidos a los que alude el citado artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jéssica Amairany Rosado Cervantes. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Eugenia Delcarmen Carrillo Baeza116/2023
- Eugenia Dzul Uuh807/2019
- Eugenia Euan Medina271/2022
- Eugenia Guadalupe Novelo Romero29/2021
- Eugenia Medina Euan1809/2023
- Eugenia Olimpia del Refugio Perez Gurubel498/2018
- Eugenio Asuncion Madera Oxte1271/2020
- Eugenio Ernesto Sonda Castro281/2021
- Eugenio Guadalupe Cabrera Zuñiga1609/2021
- Eugenio Leobardo Diaz Rosado1156/2019
- Eugenio Ucan Cocom976/2006
- Eulogio Rodrigo Cab Ku762/2017