Eugenia Méndez Cano

Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Eugenia Méndez Cano

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se tuvo por no presentada la demanda de amparo), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente expediente no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que la promovente de amparo ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y, en consecuencia, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1092/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. DANIELA FLORES DÍAZ, por propio derecho, mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al juez Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, que más adelante se precisarán, y que estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de queja, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de este Circuito Judicial, el quince de agosto de dos mil diecinueve, declarándolo fundado dentro del toca 293/2018. En cumplimiento a dicha ejecutoria, por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden para poner en posesión material a Yivan Ramírez Hernández, el inmueble ubicado en calle Cruz Carreón, número doscientos ocho, de la Agencia Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca. La ejecución de dicha orden. TERCERO. La juez de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió al efecto, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 415/2010, a las cuales, desde este momento se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. El ejecutor adscrito al juzgado de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante quedar legalmente notificado de su petición, por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto de ejecución reclamado. CUARTO. Aduce en esencia la parte quejosa en su único concepto de violación, que los acto reclamados son violatorios de su derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, pues al no ser parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, no tiene por qué sufrir el acto de desposesión reclamado. Es infundado el sintetizado concepto de violación. Ello es así, pues de las copias certificadas deducidas del expediente mercantil 415/2010, se advierte que ante el juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, se tramitó el citado expediente, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Eustaquio Josué Sánchez Gómez, endosatario en procuración de Yivan Ramírez Hernández, en contra de Nadia Flores Díaz, por el pago de diversas prestaciones, en el que, el dieciocho de junio de dos mil diez, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma en contra de la citada demandada, a fin de requerirla del pago de las prestaciones reclamadas, y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo. En cumplimiento al referido auto, la ejecutora responsable se constituyó en el domicilio de la demandada el siete de abril de dos mil once, y al no efectuar el pago reclamado, a petición de la parte actora, trabó embargo sobre el inmueble descrito en dicha diligencia. Substanciado el juicio en todas sus etapas, el veintidós de junio de dos mil doce, se dictó sentencia en el juicio de origen, en la cual se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Ahora, el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal precepto constitucional prevé el derecho fundamental de audiencia, el cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, cumpliéndose para ello con las formalidades esenciales del procedimiento. En otro aspecto, debe tenerse en cuenta la existencia de dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o estricto sentido, y el equiparado; el primero es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; y el segundo, el sujeto que formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio por no haber sido emplazado o por haberse emplazado de manera incorrecta y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE". Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Precisado lo anterior, se tiene que en la especie, la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil 415/2010, esto es, que no siendo parte procesal, aduce la afectación a su derecho de propiedad con motivo del embargo trabado en el inmueble que defiende en la presente instancia constitucional. Así, para acreditar la propiedad que dice tener respecto del referido inmueble, exhibió el original del instrumento notarial número quince mil doscientos treinta y cinco, volumen doscientos once, del notario público número sesenta y uno, en el Estado de Oaxaca, el cual contiene el contrato de compraventa celebrado el veintisiete de abril de dos mil doce, entre Nadia Flores Díaz (vendedora) y María del Carmen Díaz Cruz (compradora), quien compró a su vez para Daniela Flores Díaz, el inmueble ubicado en calle Cruz Carreón, número doscientos ocho, Agencia Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca. Documental que si bien goza de valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2, también lo es, que al ser dicho acto traslativo de propiedad de fecha cierta posterior a la emisión del acto privativo de esa propiedad; en consecuencia, no produce efectos frente al actor del juicio de origen, y, por ello, no es posible concluir que existe una violación al derecho de audiencia respecto de ese juicio ejecutivo mercantil. Lo anterior, porque el derecho de propiedad de la quejosa no puede ser oponible al titular del derecho personal, por ser un derecho posterior a la radicación de la demanda mercantil (dieciocho de junio de dos mil diez) y, sobre todo, a la fecha en que se trabó formal embargo sobre el predio que refiere es de su propiedad (siete de abril de dos mil once). En efecto, pues si bien es cierto, conforme a la referida documental la parte quejosa demuestra el interés jurídico para promover la presente instancia constitucional, pues resulta ser de fecha cierta (al celebrarse ante un fedatario público). Cierto es también, que la misma resulta ineficaz para conceder el amparo solicitado, toda vez que la certeza de la fecha por la cual adquirió el inmueble reclamado se obtuvo después de trabarse el embargo en el juicio de origen (siete de abril de dos mil once). Ello, conforme a las constancias del juicio de origen se advierte, el bien raíz que defiende la quejosa en la presente instancia constitucional fue embargado mediante diligencia de siete de abril de dos mil once, siendo que la compraventa del mismo se celebró el veintisiete de abril de dos mil doce, conforme al instrumento notarial exhibido. Por tanto, se colige que al momento en que se dictó el acto reclamado (orden para poner en posesión material a la parte actora), es decir, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, no existía derecho a favor de la quejosa que debiera tutelarse, pues previo a éste, dicho inmueble ya había sido embargado. En efecto, pues se reitera, el citado contrato de compraventa, si bien es de fecha cierta, éste obtuvo certeza después de trabarse el embargo en el juicio de origen; por ende, no resulta apto para conceder la protección federal a la parte quejosa, dado que al ser el documento de fecha cierta posterior al embargo, que trajo como consecuencia la adjudicación del inmueble, y por ende, la emisión la orden de entrega del mismo, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta la quejosa no pueda ser oponible al actor en el juicio de origen. Encuentra sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 287, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado no es violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, pues como se demostró, el derecho de propiedad que dice tener respecto del inmueble objeto del juicio ejecutivo mercantil de origen, es de fecha posterior a su embargo, por ende, insuficiente para la concesión del amparo. De ahí que, la prueba de inspección judicial, pericial y testimonial ofrecidas por la parte quejosa, resulten insuficientes para otorgar el amparo, pues respecto de la primera, únicamente describe las características del inmueble embargado; en cuanto a la pericial, refiere sus medidas y colindancias, y de que tal predio es el mismo al embargado en el juicio de origen; por cuanto hace a la testimonial, que la quejosa hace actos de posesión de dicho predio; sin embargo, no demuestran que la propiedad del bien raíz le hubiere sido transmitida previo al embargo trabado en el juicio natural. En esas condiciones, y ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por DANIELA FLORES DÍAZ, contra los actos reclamados al juez Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, consistentes en la orden para poner en posesión material a Yivan Ramírez Hernández, del inmueble ubicado en calle Cruz Carreón, número doscientos ocho, de la Agencia Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, y su ejecución, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil 415/2010. Sin que la anterior determinación limite el derecho de tutela judicial efectiva de la parte quejosa, pues al contar con un contrato de compraventa celebrado ante un notario público, quedan expeditos sus derechos para accionarlos en la vía jurisdiccional que estime pertinente, y ejercer la defensa del derecho de propiedad en él contenido. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a DANIELA FLORES DÍAZ, contra los actos reclamados al juez Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, consistentes en la orden para poner en posesión material a Yivan Ramírez Hernández, del inmueble ubicado en calle Cruz Carreón, número doscientos ocho, de la Agencia Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, y su ejecución, dictadas en el juicio ejecutivo mercantil 415/2010, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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