Eugenia Martínez Santiago

Expediente 1176/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1176/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Eugenia Martínez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio que envía el Magistrado Titular e Instructor de la Primer Ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, por ausencia del Magistrado Presidente, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México; mediante el cual acusa recibo de los oficios enviados en este juicio de amparo, relativos a la sentencia que sobreseyó en el juicio y el acuerdo que la declaró ejecutoriada; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que mediante proveído de doce de diciembre del año en curso, se archivó el presente asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio que envía el Magistrado Titular e Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, por ausencia del Magistrado Presidente, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado se proveyó al respecto, y por diverso de doce de diciembre del año en curso, se archivó el presente asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el diecisiete de noviembre del año en curso, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio que envía el Magistrado Titular e Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar, por ausencia del Magistrado Presidente, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa la citada responsable al oficio de cuenta. Ahora, de autos se advierte, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el diez de octubre de dos mil veintidós, Eugenia Martínez Santiago, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México, Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y otra autoridad, que en esencia hizo consistir en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós (en el que se negó dar trámite a la instancia de queja), dictado en el juicio de nulidad número 3240/19-PC3-5, y la falta de cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de octubre de dos mil veinte. En auto de trece de octubre de dos mil veintidós, entre otras cosas, se admitió la demanda de amparo promovida, se solicitó a las responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Sala hizo efectivo el apercibimiento decretado a la autoridad demandada, imponiéndole multa y le requirió nuevamente el cumplimiento a la sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad número 3240/19-PC3-5. Conforme a lo anterior, en el caso concreto, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en sentido contrario, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. ." Es así, derivado que el acuerdo que reclama y que desecha por improcedente la queja interpuesta, constituye un acto dictado después de concluido el juicio administrativo, que por sí solo dicho acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, no tiene autonomía propia, sino que su finalidad directa e inmediata es ejecutar la sentencia definitiva, el cual no obstaculiza dicho cumplimiento, por el contrario en él se le informa que la Sala responsable inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de cumplimentar la sentencia. Dicho acuerdo que reclama, tampoco afecta de manera inmediata o inminente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ajenos a la cosa juzgada. De ahí, que al no actualizarse tales supuestos de excepción, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia descrita. Es aplicable la jurisprudencia I.11º.C.J/7K (11ª), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 2764, Libro 9, Enero 2022, Tomo IV, Undécima Época, registro digital 2024100, de Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLIUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Así como la diversa la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inobserva que previamente admitió los juicios de amparo ********************, ********************y el presente, del índice de este juzgado federal; sin embargo, en una nueva reflexión y en atención a que la sentencia a cumplimentar es cosa juzgada, es inconcuso que se está en fase de ejecución de sentencia, por lo cual es necesario esperar a que se emita la última resolución o que alguna durante esta fase afecte derechos sustantivos para que sea procedente el juicio constitucional. Lo que conlleva a este nuevo criterio. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. Aunado a que es innecesario esperar a desarrollar el trámite del juicio de amparo para finalizar con un sobreseimiento en el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página1235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Hágase del conocimiento de las partes lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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