Euclides Rafael Ramírez Brito
Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Euclides Rafael Ramírez Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Acapulco, Guerrero; diez de marzo de dos mil veintiuno. Vistala certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo... Notifíquese.
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NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA:
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE doce de febrero de dos mil veintiuno, QUE DICE: "Visto, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Euclides Rafael Ramírez Brito, a través del cual desahoga en sus términos la prevención formulada en proveído de cuatro de febrero del año en curso y precisa los actos que por esta instancia reclama. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien del escrito de cuenta se advierte que el quejoso reclama por esta vía lo siguiente: 1) Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Zapata la solicitud realizada al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, para la formulación de imputación en su contra con motivo de los hechos relativos a la carpeta de investigación 12030240300290180820, y 2) Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, la citación que pretende realizarle dentro de la carpeta judicial 555/2020, para que se le formule imputación derivado de la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Zapata. Precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado, identificado con el número 1) se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías en contra de la solicitud hecha por el representante social al juez formulación de la imputación que se le formuló. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Así, el interés jurídico reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. Ahora bien, se sostiene que el quejoso no acredita que el acto reclamado le causa agravio en virtud de que para acreditar la afectación al interés jurídico, se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. Precisado ello, resulta que respecto del acto atribuido a la autoridad ministerial el quejoso no demostró tener un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado, entendiéndose por lo primero como la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo. En efecto, la existencia de tal facultad en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Luego, en el caso, no puede soslayarse que la formulación de la imputación sólo constituye una petición que efectúa la autoridad ministerial dentro del sistema penal acusatorio, pero corresponde al juez de la causa resolver sobre las consecuencias jurídicas que pueda traer el ejercicio de la acción penal, pues la autoridad judicial determinará si se vincula a proceso al imputado y en su caso, la medida cautelar que corresponda; por lo que con aquélla no se afecta la esfera jurídica del quejoso, máxime que ese proceder se encuentra previsto como una facultad que se le confiere al Ministerio Público por disposición del artículo 21 Constitucional. Es aplicable la tesis aislada II.2o.P.50 P (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2497, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." De ese modo, se concluye que el acto realizado por el Ministerio Público relativo a la solicitud de formulación de la imputación no puede producir agravio personal y directo en contra del quejoso, ni lesiona su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público, lo que lleva implícito que dicha institución estadual acuda ante la autoridad judicial a formular la imputación al imputado. Asimismo, respecto al acto identificado con el número 2), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, debido a que la citación reclamada es un acto fuera de juicio que no afecta derechos sustantivos. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De los preceptos legales transcritos, se desprende que la improcedencia del juicio constitucional puede resultar de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia legislación de la materia; y que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Estos últimos tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda o al dictado del auto de vinculación a proceso, de donde surge el establecimiento de la relación procesal, sin que formen parte del procedimiento por sí mismos, ni su subsistencia depende de lo que se resuelva en definitiva en ese juicio. Por otra parte, conviene destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la facultad del Juez de Control para emitir un citatorio, dispone: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y (.)." De la anterior transcripción se advierte que el citatorio emitido por un Juez de Control representa un aviso al imputado, a efecto de que comparezca ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de la solicitud que formuló la representación social para que se formalice un procedimiento por medio de la intervención judicial. Así, la facultad que ejerce el Juez para citar a una persona para la celebración de una audiencia inicial, únicamente tiene el propósito de lograr su comparecencia, sin que involucre el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión. En ese sentido, el citatorio solo tiene por objeto lograr la asistencia de una persona ante la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que le reviste la naturaleza de un acto fuera de juicio, pues al momento de su emisión, este aun no comienza. Luego, si el quejoso reclama precisamente la citación que se le pretende realizar para que sea formulada imputación en su contra, es incuestionable que dicho acto no afecta algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, ya que sólo es un llamamiento para que el sujeto al que va dirigido, comparezca al deshago de la audiencia inicial del procedimiento. Cabe destacar que en relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De igual forma sostuvo que no se pasa por alto que el Juez puede ordenar la comparecencia forzosa, ante la inasistencia sin justificación; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que dicha persona no acuda y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Con base en lo anterior, resolvió que es improcedente el juicio de amparo indirecto interpuesto en contra de la citación para comparecer a la audiencia inicial, pues aun cuando es un acto fuera de juicio, no afecta el derecho sustantivo de la libertad personal. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia que se analizan, las cuales son manifiestas porque se puede determinar con base en los elementos aportados en la demanda y su escrito aclaratorio, e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite aquélla y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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