Euclides Hermenegildo Hernández Nava
Expediente 973/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Euclides Hermenegildo Hernández Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno, y una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión, lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo de pruebas, copia certificada relativas al juicio laboral 39/2010, del que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Glósese a los autos sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta signado por el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en representación del Secretario del Ramo, con sede en Chilpancingo, mediante el cual rinde informe justificado, en razón de que el dieciséis de enero actual, se resolvió en definitiva el presente juicio de amparo; sin embargo, en términos del numeral 9 de la ley de la materia se tienen como Delegados de la citada autoridad a las personas que refiere, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA FOTUNATO VILLANUEVA ANICASIO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 973/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Euclides Hermenegildo Hernández Nava, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 2).- Licenciada María Natividad Bautista Linares, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 3).- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Todos con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "(.) el auto de seis de septiembre de 2017 (.) en el expediente laboral número 39/2010." SEGUNDO.- Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete se radicó en el libro de gobierno respectivo la demanda de amparo con el número 973/2017; y se formuló una prevención, la cual fue desahogada favorablemente, por lo que en proveído de trece de noviembre siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; ya que se reclama la imposición de una multa al funcionario público que representa a la autoridad demandada en un juicio burocrático en la etapa de ejecución de sentencia, cuya ejecución tendrá lugar en un municipio en donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama el auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciado en el expediente laboral 31/2004, por el que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, impuso una multa de un mil pesos, de conformidad con los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, así como su ejecución. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 140 del tomo de pruebas; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del diez de octubre al seis de noviembre del año próximo pasado, (descontados los días doce, trece, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, así como los días del uno al cinco de noviembre anterior, por haber sido inhábiles), de ahí que, al haberse presentado la demanda el seis de noviembre de dos mil diecisiete, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente y a la Secretaria General de Acuerdos, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, pues así lo manifestaron al rendir conjuntamente informe con justificación, lo que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 39/2010 que allegaron en apoyo a su informe (tomo I de prueba), las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Igual determinación corresponde hacer en torno al acto de ejecución que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, ya que fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante que fue debidamente notificado del oficio por medio del cual se le requirió (foja 47); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Presunción de certeza que se robustece dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue designado, ya que por la naturaleza propia de sus atribuciones, es inconcuso que se encuentra en aptitud de hacer efectiva la multa que se impuso al funcionario público quejoso en el juicio natural, cuya existencia reconoció el Presidente responsable, tan es así que del acuerdo impugnado se advierte se ordenó girarle oficio a efecto de que aplicara la medida de apremio aludida. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador de amparo advierte que por lo que hace a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir los actos que realiza un acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que su función solo se constriñe en autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio a su respecto. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente señalar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias del juicio laboral 39/2010 (tomo I de prueba) cuyo valor se otorgó en el considerando cuarto que antecede. 1. Previa substanciación del juicio laboral número 39/2010, promovido por el tercero interesado Fortunato Villanueva Anicacio, en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero dictó laudo en el que condenó al citado organismo operador del agua potable, a la reinstalación y al pago de diversas prestaciones al actor. 2. Seguido el trámite de ejecución, el doce de noviembre de dos mil quince dictó auto de ejecución de laudo, el cual fue notificado al organismo operador del agua potable demandado, según constancia visible a foja 60 del tomo de pruebas; y el dieciséis de diciembre siguiente tuvo lugar la diligencia ordenada en el aludido proveído, con el resultado asentado en el acta relativa. 3).- Posteriormente, mediante diversos proveídos subsecuentes, se requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento a dicha condena; particularmente en el auto de dos de septiembre de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a petición de la parte actora, requirió a la demandada para que en el término de quince días hiciera el pago de la cantidad que ahí precisó, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría un multa por la suma de un mil pesos, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; acuerdo que le fue notificado a la parte demandada el siete de septiembre siguiente, según la constancia relativa que obra a foja 97 del tomo de pruebas. 4).- En auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado: a).- Hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis. b).- Lo anterior, en razón de que en la diligencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince, el organismo operador del agua potable no efectuó el pago de la condena que le fue requerido. c).- Con fundamento en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, requirió de nueva cuenta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, para que en el término de diez días exhibiera el pago de la condena respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en términos de lo dispuesto por el primero de los ordinales en cita, se le aplicaría un multa por el equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo, a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente el año pasado. Precisado lo anterior, la parte quejosa sostiene esencialmente que el proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque: a).- Se le aplica una medida de apremio sin que previamente se le haya efectuado un requerimiento particularmente a su persona, sino a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero. b).- Que carece de la debida fundamentación, porque el acuerdo que contiene el apercibimiento se hizo a la citada comisión fundamentó en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, mientras que en el reclamado se hizo efectivo dicho apercibimiento al quejoso, como Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, con fundamento en los ordinales 95, 96, 97 y 98 de la legislación en cita, lo que resulta incongruente. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, conviene precisar en primer término, que el presente asunto es de naturaleza laboral y quien acude al amparo es un representante de la patronal; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por la parte quejosa en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, se estima que los motivos de inconformidad reseñados resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones. Los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, anterior a la reforma publicada en el periódico oficial el veinticinco de agosto de dos mil quince, disponía lo siguiente: "Artículo 95. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos. Precepto legal que con motivo de la reforma aludida, actualmente dispone: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero. De igual modo, los artículos 96, 97, y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establecen: "Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Como puede observarse, el artículo 95 reformado de la legislación burocrática del Estado de Guerrero, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales, prevé la imposición de una multa como medida de apremio, en la inteligencia de que antes de la reforma en cita, dicha medida de apremio consistía en una suma determinada y luego de tal reforma, se establece la que resulte entre la mínima de doscientos días de salario mínimo y la máxima de quinientos días. En este punto, conviene precisar que del contenido del auto de ejecución de laudo de doce de noviembre de dos mil quince, y del proveído de dos de septiembre de dos mil diecisiete, no se observa que la autoridad laboral responsable haya aplicado el precepto legal en cita reformado sino en su texto anterior a dicha reforma, pues el apercibimiento contenido en tales actuaciones se efectuó respecto de una medida de apremio por una suma específica, es decir, por un mil pesos. Por otro lado, en los restantes numerales transcritos se advierte que la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, se establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para exigir el cumplimiento forzoso del laudo, en este caso, el dictado en el juicio burocrático 39/2010. Ahora bien, el argumento en el que centra el quejoso su reclamo sobre la afectación a sus derechos fundamentales, pende exclusivamente del hecho de que no se realizó requerimiento alguno directamente a su persona, sea como Director del organismo operador demandado o bien, como persona física. Es decir, desde su perspectiva, para que la autoridad laboral responsable estuviera en aptitud de hacer efectiva la medida de apremio contenida en el auto de seis de septiembre pasado al Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, era necesario que se efectuara un apercibimiento dirigido a su persona o se obtuviera su identidad mediante la precisión de dicho cargo, y al no haberse hecho así, entonces se infringieron sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin embargo, dicha premisa resulta equivocada si se toma como base que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al integrar la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), estableció que las multas impuestas con motivo de las omisiones atribuidas a las autoridades demandadas -en un juicio contencioso administrativo- para dar cumplimiento a la sentencia, se entendían dirigidas a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omitió cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa. De ese modo, siguiendo las mismas consideraciones, puede concluirse que resulta irrelevante -como lo sostiene el quejoso- si el apercibimiento contenido en el auto de dos de septiembre de dos mil diecisiete, se encuentra dirigido a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, ya que es su Director al que corresponde la representación de dicho organismo operador del agua potable y por consiguiente, a dicho funcionario le es atribuible la omisión en la que hubiera incurrido en el cumplimiento del laudo, habida cuenta que aquella paraestatal fungió como parte demandada en el juicio laboral 39/2010. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. Es aplicable la tesis aislada XXI.2o.C.T.6 L (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 2771, del Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada." En consecuencia, resulta infundado lo aseverado por el quejoso cuando sostiene que no existe apercibimiento alguno dirigido a su persona, en tanto que, como se expuso, basta con que el mismo -como aconteció- se haya dirigido al organismo operador del agua potable que representa, para que la multa que llegue a imponerse con motivo del incumplimiento de la determinación con relación al laudo, se haga efectiva en su persona y patrimonio. Por otro lado, tampoco asiste razón al solicitante del amparo cuando refiere que el auto sujeto a examen resulta incongruente porque la fundamentación de los acuerdos de dos y seis de septiembre de dos mil diecisiete corresponden a los ordinales que regulan la etapa de ejecución del laudo en el juicio burocrático, particularmente el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que prevé la facultad del tribunal del trabajo para imponer multas como medida de apremio para hacer cumplir los laudos que emita. Por tanto, como los argumentos sintetizados con antelación no contienen argumento eficiente que revele lo ilegal del proceder de la autoridad responsable, aun y cuando puedan ser advertidos por este juzgador, dado que el presente asunto se rige bajo el principio de estricto derecho; aunado a que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al emitir el proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete, estableció que hacia efectiva la multa contenida en el proveído de dos de septiembre anterior, derivado de que en la diligencia de quince de diciembre de dos mil quince no dio cumplimiento a lo requerido en auto de ejecución de laudo; determinaciones que sí fueron notificadas al organismo operador del agua potable municipal que fue demandado y condenado en el juicio natural; de ello se sigue que dicha autoridad responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo que tenía para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Entonces, si la autoridad responsable ordenadora tuvo en consideración que en la diligencia de quince de diciembre de dos mil quince la autoridad demandada no dio cumplimiento al pago que se le requirió, no obstante que estaba obligada a ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracciones III y VIII, de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; aspecto que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado esgrimió como argumento para imponer la sanción de que se trata, entonces también deviene infundado lo esgrimido por el quejoso en el sentido de que el acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación, ya que en los artículos 95 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, (fundamento), se establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de las determinaciones emitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el sentido de dar cumplimiento a los laudos, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dichos preceptos al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento a lo requerido en la diligencia de quince de diciembre de dos mil quince. Además que tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento del laudo emitida en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquéllos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido del laudo definitivo, que está expresamente regulado en los artículos 95 a 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. En mérito de lo expuesto, al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio respecto de la autoridad precisada en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Euclides Hermenegildo Hernández Nava, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE...
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