Ethelvina Domínguez Jiménez

Expediente 1574/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1574/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Ethelvina Domínguez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala PARTE NOTIFICACIÓN DE AUTO FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN PLAZO DE DIEZ DÍAS DÍAS INHÁBILES QUEJOSO 06 de octubre de 2022. 07 de octubre de 2022 Del 10 al 24 de octubre de 2022. 12, 15, 16, 22 y 23 de octubre de 2022. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA 07 de octubre de 2022. 07 de octubre de 2022 Del 10 al 24 de octubre de 2022. 12, 15, 16, 22 y 23 de octubre de 2022. el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Por otra parte, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 18, del preindicado Acuerdo General devuélvase a la parte quejosa la documental que exhibió en el presente juicio, previa copia certificada que quede en autos la que se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que en proveído de cinco de octubre del año en curso, se omitió girar oficio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que le fuera notificado el mismo; por lo anterior, adjunto a la comunicación que se gire en esta data, agréguese copia del referido auto a fin de que tenga conocimiento de dicha determinación.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, cinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; mediante el cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de la audiencia de quince de septiembre de dos mil veintidós, y las constancias de notificación respectivas, relativas al expediente laboral 2617/2017 de su índice. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la fecha lejana señalada para la audiencia de desahogo de pruebas en el juicio laboral 2617/2017, del índice de la responsable. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el quince de septiembre del año en curso, dejó insubsistente la fecha señalada previamente para el desahogo de pruebas en el juicio laboral 2617/2017 y fijó una diversa, que no resulta lejana, misma que notificó a las partes y a los absolventes de las pruebas ahí precisadas. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (ocho de septiembre de dos mil veintidós), el referido acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido al peticionario de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que hoy combate ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable dejó insubsistente la fecha señalada para la audiencia de desahogo de pruebas y señaló una nueva que no resulta lejana, dentro del expediente número 2617/2017 de su índice, la cual notificó a las partes. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con siete minutos del once de octubre de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegaren a aportar, sea desvirtuada; además de que dicha determinación no provoca indefensión en la gobernada. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

  3. Principal

    veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, en la que manifiesta que no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercero interesada (1) Promotora de Insumos y Servicios, sociedad anónima de capital variable; (2) Vanguardia en Gestión Empresarial, sociedad anónima de capital variable; (3) Operadora de Franquicias de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; (4) Consorcio Mercantil del Sureste, sociedad anónima de capital variable, quienes para efectos comerciales utilizan el nombre de Bostons restaurante, como está ordenado en autos, por los motivos ahí precisados. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto del tercero interesado o de la persona que lo represente en el juicio del que emana el acto reclamado, para estar en condiciones de emplazarlo a juicio, bajo el apercibimiento que de ser omiso sobre el particular, se procederá en los términos establecidos en la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo; es decir, una vez agotadas las medidas pertinentes para su localización, el emplazamiento se ordenará por edictos cuya publicación será a su costa, en los términos que señala el artículo 315 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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