Estuardo Peregrino Ocaña

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Estuardo Peregrino Ocaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la constancia de notificación de la parte demandada BBVA BANCOMER S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLIE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en el expediente laboral 3712/2016 de su índice. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso 925/20221 , para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente 1 Fojas 135-177 proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite diversas constancias a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; por tanto, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Ahora, de la revisión de las constancias aludidas, se advierte que no obra la notificación realizada a la demandada BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes, a saber: Lic. Jorge Méndez González Presidente de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Lic. Nory Elena Moguel Sierra Representante de los patrones de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Lic. Carlos Arturo González Pérez Representante de los trabajadores de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. A fin de que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, remitan a este juzgado la constancia que acredite la notificación realizada a la demandada BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, del laudo dictado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen; para lo cual se les concede el término de tres días, que se contará a partir de que reciban el oficio que contiene este proveído. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá de manera individual una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se ad vierte que a la fecha las autoridades no han informado el cumplimiento dado a la sentencia, misma que se concedió para los efectos siguientes: Dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 3712/2016;y Ordenar su notificación a las partes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través de Jorge Méndez González en su calidad de Representante de Gobierno, Carlos Arturo González Pérez en su calidad de Representante de los Trabajadores y Nory Elena Moguel Sierra en su calidad de Representante de los Patrones, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, remitan copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 3712/2016 y de las constancias de notificación a las partes. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá de manera individual una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el nueve de septiembre de este año, en la contienda laboral 3712/2016 de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través de Jorge Méndez González en su calidad de Presidente, Carlos Arturo González Pérez en su calidad de Representante de los Trabajadores y Nory Elena Moguel Sierra en su calidad de Representante de los Patrones, todos integrantes de la citada Junta, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, remitan copia certificada de la constancias de notificación realizadas a las partes respecto del laudo emitido en el juicio laboral de origen. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá de manera individual, una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo.

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