Esther Zulema Vidal Soriano

Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
327/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Esther Zulema Vidal Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE HIDALGO, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias relativas al exhorto 96/2018 del índice de su homóloga en la Ciudad de Cuernavaca, de las que se advierte la imposibilidad que tuvo de emplazar a la demandada al juicio laboral de origen; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, toda vez que por auto de veintidós de marzo del año actual, se requirió a la autoridad responsable para que informe si su homóloga en Toluca aceptó la competencia para conocer del juicio laboral 01/654/16-IV. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del juzgado Encargado del Despacho por licencia del titular autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1871/2018 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Se hace efectivo apercibimiento decretado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, sin que lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de referencia y, por ende, no se tiene como acto reclamado la omisión de informar el estado que guarda la orden de aprehensión girada en contra de Cristóbal Noriega Díaz, dentro de la causa penal JCC/717/2015, por lo que únicamente se proveerá respecto al consistente en la omisión de cumplimentar esta orden de aprehensión. Consideraciones previas. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Desechamiento de demanda. En este sentido, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la ley en cita, en sentido contrario. Los preceptos legales en cita disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Cabe precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, conviene traer a colación la tesis 2a. XCI/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO.". Así, el desechamiento de la demanda obedece a que el acto reclamado no constituye uno de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, verbigracia, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen de manera fáctica con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al momento que se resuelva la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los hoy llamados derechos humanos contenidos en esa carta magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido, el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.' "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo." Cabe mencionar que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Sirve de apoyo la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del rubro "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". Entonces, se considera que la omisión de ejecutar la orden de aprehensión que refiere la parte quejosa, no quebranta en su perjuicio de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, pues si bien el artículo 20 Constitucional, en su apartado C prevé derechos sustantivos de la víctima; lo cierto es que los mismos sólo se centran en ser informada del desarrollo del procedimiento penal, pero no en que se ordene a la autoridad realizar algo que constitucionalmente es su deber. Además de que no debe soslayarse que los factores que inciden en la inejecución de un mandato de captura son múltiples y variados, y muchas veces ajenos a la autoridad ejecutora; sin embargo, si la parte quejosa considera que la autoridad que señala como responsable omite dolosamente cumplimentar la orden de aprehensión referida, tiene la posibilidad de ejercitar las acciones que contempla la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es orientadora la tesis aislada XXIV.17 P, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que dispone: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE EJECUTARLA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, SINO QUE EN TODO CASO EL OFENDIDO, LA VÍCTIMA O EL DENUNCIANTE PUEDEN EJERCITAR LAS ACCIONES QUE CONTEMPLA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT. La omisión del Ministerio Público de ejecutar una orden de aprehensión no puede equipararse a un desistimiento de la acción penal, porque su ejecución está vinculada a un mandamiento de la autoridad judicial, el cual no podría desatenderse sin que los servidores públicos encargados de ella incurrieran en responsabilidad en los términos de la ley respectiva. En ese sentido, dicha circunstancia resulta determinante para considerar improcedente el juicio de garantías en su contra, pues los factores que inciden en la inejecución de un mandato de captura son múltiples y variados, y muchas veces ajenos a la autoridad ejecutora; por ende, para el caso de que algún ofendido, víctima o denunciante considere que de manera dolosa el Ministerio Público omitió dar cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial competente, tiene la posibilidad de ejercitar las acciones que contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la ley en cita, en sentido contrario; con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esther Zulema Vidal Soriano, por derecho propio y en representación de su menor Juan Delfino Kendo Alaín Noriega Vidal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada TIZOC MAURICIO OROZCO TOPETE, el auto y/o resolución del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Rosa Claudia Alarcón Valencia, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad de exhibir copia certificada del convenio de siete de enero de dos mil, en el cual obra la firma impugnada, por los motivos que expone; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo anterior, dese vista al tercero interesado TIZOC MAURICIO OROZCO TOPETE, por el término de tres días hábiles computados legalmente, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se procederá a desahogar el incidente de objeción planteado, con copia certificada del convenio de siete de enero de dos mil. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO TIZOC MAURICIO OROZCO TOPETE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano