Esther Zulema Vidal Soriano

Expediente 9/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
9/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Esther Zulema Vidal Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Esther Zulema Vidal Soriano, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Esther Zulema Vidal Soriano, a través del cual precisa el acto reclamado en el presente juicio de amparo, manifestando lo siguiente: "Por cuanto hace a precisar el ACTO RECLAMADO, es mi deseo que éste se considere por el hecho de lo INCONGRUENTE de su Acuerdo que emite la Responsable, en relación con mi escrito de fecha 20 de diciembre del 2017; y dicho Acuerdo es oscuro e irregular, traduciéndose en una violación tanto a mi DERECHO DE PETICIÓN, como a la Garantía prevista en el Artículo 20 Apartado C) fracción I de la Carta Magna." CONSIDERACIONES PREVIAS. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. En este sentido, cabe precisar que los escritos aclaratorios, al tener su origen en una irregularidad del inicial, no pueden desvincularse o analizarse por separado. Por ende, tanto el escrito inicial como los aclaratorios integran la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 35/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.". Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como se advierte del escrito de cuenta, la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "Por cuanto hace a precisar el ACTO RECLAMADO, es mi deseo que éste se considere por el hecho de lo INCONGRUENTE de su Acuerdo que emite la Responsable, en relación con mi escrito de fecha 20 de diciembre del 2017; y dicho Acuerdo es oscuro e irregular, traduciéndose en una violación tanto a mi DERECHO DE PETICIÓN, como a la Garantía prevista en el Artículo 20 Apartado C) fracción I de la Carta Magna." Manifestación que dilucida la imprecisión del acto reclamado, puesto que si la quejosa refiere que el acuerdo recaído a su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete [de veintiséis de diciembre siguiente] es incongruente con lo pedido, además de oscuro e irregular, no puede hablarse de una omisión -como lo señaló en sus escritos inicial y primero aclaratorio-, porque las violaciones que reclama surgen, en su caso, en esta determinación, cuya emisión es la respuesta de la autoridad responsable al escrito citado. En otras palabras, al existir un acuerdo [de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete], dictado por la autoridad responsable respecto al escrito de la quejosa de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, no se configura una omisión de atenderlo, en razón de que la "incongruencia" o el "no atenderlo con estricto apego a derecho", como lo aduce, en todo caso se materializa a través de esa resolución. Una vez descartada la omisión que adujo la parte quejosa, se procede a analizar como acto reclamado el acuerdo recaído al escrito de la parte quejosa, calificado por ella como incongruente, oscuro e irregular. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión de la presente determinación, se resumen los antecedentes del acto reclamado. 1.- Ante la irregularidad y oscuridad del acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, que aduce la quejosa, el veinte de diciembre siguiente dirigió un escrito a la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de cuyo contenido se destaca lo siguiente: "(.) En virtud de que uno de los DERECHOS FUNDAMENTALES consagrados en el Artículo 20 Apartado C) fracción I de la Constitución Federal, es el que se nos informe como víctimas u ofendidos, del desarrollo del procedimiento penal, cuando lo solicitemos, y mediante ésta promoción le PIDO tanto por mutuo propio como en representación legítima de mi menor hijo víctima del delito en cuestión, que nos dé a conocer lo que a continuación se requiere: "1.- La fecha en que en audiencia haya usted señalado el plazo judicial para el cierre de investigación, es decir, a partir de qué día dió inicio la referida investigación judicializada. 2.- El o los motivo(s) para que no se nos tomara en cuenta en dicha audiencia. 3.- Cuáles son las medidas cautelares dictadas en relación con el imputado. De lo anterior, es necesario PEDIRLE también que de proceder, ACLARE lo que está contenido en el Acuerdo dictado por usted dentro de la Carpeta Técnica Penal que nos ocupa, para así evitar equivocaciones en su interpretación, esto es, que proceda a dictar otro Acuerdo diverso en el que contenga la información correcta; por lo que, procedo a señalar lo siguiente: a) Por cuanto hace a la fecha que señala dice ".DÍA LUNES ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO .", considerando que debería decir: ".DÍA LUNES OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO .". b) Así también, se lee ". para que tenga verificativo la audiencia de CIERRE DE INVESTIGACIÓN; ..", y tal vez quiso decir ". para que tenga verificativo la audiencia de INICIO DE INVESTIGACIÓN; . (.)" 2.- Posteriormente, el dos de enero de dos mil dieciocho, encontró en su domicilio la cédula de notificación correspondiente al acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, del que se desprende lo que se cita a continuación: "(.) Por recibido el escrito registrado bajo el número de cuenta 011230, signado por Esther Zulem Vidal Soriano, víctima en la presente Carpeta Técnica Administrativa, recibido en la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, el día veinte de los corrientes, a las 10:41 horas, atento a su contenido, por lo que tomando en consideración las argumentaciones que hace valer, dígasele que aclarada que sea la necesidad de su petición se acordara lo que en derecho proceda, por lo que si su deseo es estar al tanto de lo que acontece en el presente procedimiento, como acertadamente lo aduce, la misma no se ha vulnerado derecho alguno pues en todo momento se ha hecho sabedora de todas y cada una de las actuaciones procesales que acontecen derivadas del presente proceso, más aun la misma no se ha dejado en estado de indefensión pues en todo momento ha contado con la asistencia técnica necesaria como lo es el de tener a un Asesor Jurídico, el cual le fue proporcionado por el Estado, respetando con ello su derecho de igualdad entre las partes dentro del presente procedimiento, luego entonces, se le conmina a efecto cualquier solicitud que realice ante esta autoridad, lo haga debidamente asesorada de su asistencia técnica como lo es, el Asesor Jurídico Público, la cual cuenta con los conocimientos necesarios para brinarle la asistencia requerida. (.) MOTIVO DEL DESECHAMIENTO. En las condiciones relatadas, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Cabe precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, conviene traer a colación la tesis 2a. XCI/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 1070, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril de ese año, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Tal criterio está contenido en la jurisprudencia P/J 37/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, tenemos que el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete -que constituye la respuesta de la autoridad responsable al escrito de la quejosa de veinte de diciembre de dos mil diecisiete-, no produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues, en todo caso, dicha respuesta sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia en la causa penal de origen y, en su caso, a la condena de la reparación del daño; aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas. Por tanto, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Es menester destacar, que la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente -para consolidar su efectividad y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen-, deja, por exclusión, para la vía uniinstancial, los actos que impliquen alguna violación procesal, puesto que a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Tiene sustento lo anterior en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, materia común, página 1070, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." De igual forma, encuentra apoyo en la tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1078, que se a continuación se transcribe: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Luego, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete únicamente genera, en todo caso, la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que será hasta que se dicte sentencia definitiva y, en su caso, se determine lo relativo a la reparación del daño, cuando se esté en aptitud de determinar si la respuesta de la autoridad responsable trascendió al resultado del fallo; máxime que no se advierte que éste sea de imposible reparación, al no afectar algún derecho sustantivo de la parte quejosa. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada genera consecuencias, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo de la parte quejosa tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues -como ya se dijo- la respuesta contenida en el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, sólo incide en derechos intraprocesales, pero no trastoca su derechos sustantivos, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto; máxime que tales violaciones desaparecerán si se dicta sentencia condenatoria. Además, los derechos de naturaleza procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que, en el caso concreto, antes de la causa penal de origen no los tenía y, si esos derechos fueran violados, la sentencia condenatoria y, en su caso, la condena a la reparación del daño, podrían tener por efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si sentencia fuera absolutoria y la(s) violación(es) procesal(es) trascendiera(n) al resultado del fallo, la parte quejosa, como víctima en la causa penal del origen, podría reclamarlas, en su oportunidad, a través del amparo directo, de conformidad con el artículo 173, apartado B, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (.) XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos de la legislación aplicable; (.)" Máxime que la quejosa aduce la violación al derecho de la víctima previsto en el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor literal siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; (.)" Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ni lo deja sin defensa, toda vez que los efectos del acto reclamado recaen sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, siendo meramente formales y desaparecen si se dicta sentencia condenatoria en la causa penal de origen y, en su caso, se condena a la reparación del daño. En otras palabras, el acto reclamado y sus consecuencias no privan del derecho de defensa que tiene la quejosa, como representante de la víctima Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal en la causa penal de origen, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que -se insiste- el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, únicamente constituye, en su caso, una violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, la cual puede ser reclamada al recurrir la sentencia que se dicte. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Esther Zulema Vidal Soriano, por derecho propio y en representación del menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Esther Zulema Vidal Soriano, a través del cual pretende subsanar la prevención formulada por auto de cinco de enero de dos mil dieciocho. Previo a pronunciarse sobre si la prevención fue subsanada o no, conviene señalar que el requerimiento efectuado a la parte quejosa en proveído de referencia, consistió en lo siguiente: "Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes e incidente de suspensión que solicita, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: PRIMERO. La parte quejosa se ostenta en representación del menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal, pero no exhibe algún documento fehaciente para demostrar el entroncamiento con él. En efecto, no pasa inadvertido que la quejosa adjunta a su demanda copia simple de una certificada del acta de nacimiento 1255 (mil doscientos cincuenta y cinco), que obra en el libro 5 (cinco), de la Oficialía 2 (dos), del Registro Civil del Estado de Morelos; copias simples de las cédulas de notificación a la quejosa, correspondientes a los acuerdos de trece y veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictados en la causa penal JCC/717/2015; y copia simple del escrito dirigido por la quejosa al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos (Arturo Ampudia Amaro). No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -que establece que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial-, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para acreditar plenamente la representación que ostenta la promovente. En consecuencia, a fin de acreditar la representación con que se ostenta, requiérase a Esther Zulema Vidal Soriano para que, dentro del plazo concedido y bajo las condiciones precisadas, exhiba algún documento fehaciente con el que acredite el entroncamiento con el menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. P./J.43/96, del rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996, página 48. APERCIBIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PUNTO PRIMERO. Apercíbase a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento al punto primero de esta prevención, la demanda de amparo únicamente se tendrá por presentada por cuanto a Esther Zulema Vidal Soriano por derecho propio, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por otra parte, la quejosa reclama la omisión de atender el contenido de su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido a la causa penal JCC/717/2015. Sin embargo, con las antecedentes que narra y las constancias que adjunta a su demanda, se observa que, el dos de enero de dos mil dieciocho, se le notificó el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal JCC/717/2015, de cuya lectura se observa que fue acordado el escrito signado por ella, de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, con número de registro 011230; es decir, de su demanda se advierte que la omisión que reclama es inexistente, porque la autoridad responsable ya emitió un acuerdo respecto de su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo concedido y bajo las condiciones indicadas, precise el acto reclamado en el presente juicio. APERCIBIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PUNTO SEGUNDO. Apercíbase a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento al punto segundo de esta prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el escrito de cuenta se tiene que la parte quejosa únicamente desahoga el primer punto de la prevención de cinco de enero de dos mil dieciocho, exhibiendo como documento fehaciente para acreditar el entroncamiento con el menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal, copia certificada del acta de nacimiento de él. En efecto, a pesar de que la quejosa se refiere al segundo punto de la prevención -relativo a la precisión del acto reclamado-, lo hace de la siguiente forma: "Y en relación al SEGUNDO PUNTO, reitero el ACTO RECLAMADO que mencioné en el ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, toda vez que si bien es cierto que la Responsable dictó un Acuerdo haciendo referencia a mi escrito de fecha 20 de diciembre del 2017, también lo es que, la Autoridad Responsable OMITE emitir su Acuerdo de manera congruente con lo pedido en el mismo, ya que en el multicitado Acuerdo de la Responsable en lo absoluto procede a informar lo solicitado, y mucho menos aclara lo oscuro e irregular de la fecha que ella supuestamente señaló para el desahogo de una audiencia para celebrarse dentro de la Causa Penal JCC/717/2015; (.)" En este sentido, dado lo manifestado por la quejosa, es menester citar el acto reclamado en su demanda: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se señala como Acto Reclamado el que la C. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS, ha incurrida en una OMISIÓN DOLOSA para atender con estricto apego a Derecho el contenido de mi escrito de fecha 20 de diciembre del 2017, mismo que obra agregado en la Causa Penal JCC/717/2015, radicada en el aludido Juzgado; y dicha omisión se traduce en, una probable negativa a aclarar la contradicción de la fecha señalada para un Audiencia supuestamente prevista para el mes de enero de 2018." Lo subrayado es propio. Así, la reiteración del acto reclamado por la quejosa no dilucida la inconsistencia señalada en el auto de prevención, donde se le dijo que, de acuerdo con los antecedentes narrados y constancias adjuntas a su demanda, la omisión que reclama es inexistente, porque la autoridad responsable ya emitió un acuerdo respecto de su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Además, si refiere que el acuerdo [de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete] no es congruente con lo pedido, ya no puede hablarse de una omisión, porque las violaciones que reclama surgirían, en su caso, en esta determinación, cuya emisión es la respuesta de la autoridad responsable a su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. En otras palabras, al existir un acuerdo [de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete], emitido por la autoridad responsable respecto de escrito de la quejosa de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, no se configura una omisión de atenderlo, en razón de que la incongruencia o el no atenderlo "con estricto apego a derecho", como lo aduce, en todo caso se materializaría a través de esa resolución. Luego, en virtud de que, a criterio del suscrito, la quejosa continúa sin fijar con precisión el acto reclamado, pues, por una parte, reclama "la omisión de atender con estricto apego a derecho su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete" y, por la otra, refiere la emisión de un acuerdo a dicho escrito, que califica de incongruente, no ha lugar a tener por desahogada en su totalidad la prevención de cinco de enero de dos mil dieciocho. En esas condiciones, hágase saber a la parte quejosa que no ha lugar a tener por subsanada la prevención formulada en el punto segundo del auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, por lo que subsiste el requerimiento que se le decretó y el apercibimiento correspondiente; sin embargo, el plazo concedido en dicho acuerdo para tal efecto, se reanudará a partir del día hábil siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo. Por tanto, si la prevención de cinco de enero de dos mil dieciocho le fue notificada a la parte quejosa el ocho de enero siguiente y el escrito de cuenta fue presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el nueve de enero de este año -interrumpiendo el plazo concedido-, cuenta con cinco días hábiles, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación personal de este proveído, para subsanar la prevención formulada en proveído de referencia. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a./J. 106/2003, de rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133. Así como en la diversa tesis de rubro "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Abril de 2005, página 1323. Y de igual forma en la tesis VII.1o.P.15 K, del rubro "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. CUANDO LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO LEGAL CONCEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EL AUTO EN QUE ESTIMÓ NO CUMPLIDA LA PREVENCIÓN INICIAL", emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, página 1800. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esther Zulema Vidal Soriano, por derecho propio y ostentándose en representación del menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal, contra el acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 9/2018-IV, que por orden le corresponde. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes e incidente de suspensión que solicita, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: PRIMERO. La parte quejosa se ostenta en representación del menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal, pero no exhibe algún documento fehaciente para demostrar el entroncamiento con él. En efecto, no pasa inadvertido que la quejosa adjunta a su demanda copia simple de una certificada del acta de nacimiento 1255 (mil doscientos cincuenta y cinco), que obra en el libro 5 (cinco), de la Oficialía 2 (dos), del Registro Civil del Estado de Morelos; copias simples de las cédulas de notificación a la quejosa, correspondientes a los acuerdos de trece y veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictados en la causa penal JCC/717/2015; y copia simple del escrito dirigido por la quejosa al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos (Arturo Ampudia Amaro). No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -que establece que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial-, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para acreditar plenamente la representación que ostenta la promovente. En consecuencia, a fin de acreditar la representación con que se ostenta, requiérase a Esther Zulema Vidal Soriano para que, dentro del plazo concedido y bajo las condiciones precisadas, exhiba algún documento fehaciente con el que acredite el entroncamiento con el menor Juan Delfino Kendo Alain Noriega Vidal. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. P./J.43/96 , del rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996, página 48. APERCIBIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PUNTO PRIMERO. Apercíbase a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento al punto primero de esta prevención, la demanda de amparo únicamente se tendrá por presentada por cuanto a Esther Zulema Vidal Soriano por derecho propio, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por otra parte, la quejosa reclama la omisión de atender el contenido de su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido a la causa penal JCC/717/2015. Sin embargo, con las antecedentes que narra y las constancias que adjunta a su demanda, se observa que, el dos de enero de dos mil dieciocho, se le notificó el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal JCC/717/2015, de cuya lectura se observa que fue acordado el escrito signado por ella, de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, con número de registro 011230; es decir, de su demanda se advierte que la omisión que reclama es inexistente, porque la autoridad responsable ya emitió un acuerdo respecto de su escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo concedido y bajo las condiciones indicadas, precise el acto reclamado en el presente juicio. APERCIBIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PUNTO SEGUNDO. Apercíbase a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento al punto segundo de esta prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan y publican en los estrados de este Juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6345/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano