Esther Violeta Quevedo Trinidad
Expediente 408/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Esther Violeta Quevedo Trinidad
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de noviembre del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo de los artículos 18 y 21 del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el capítulo décimo del acuerdo normativo.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 858/2020, de su índice, promovido por Esther Violeta Quevedo Trinidad, a través de su apoderado legal Adalberto Soriano Ramírez, contra actos atribuidos a la siguiente autoridad: 1. Titular de la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, debido a que mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, dicho órgano de control constitucional, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto; razón por la cual, ordenó remitir el juicio de cuenta a este órgano de control constitucional, para que resuelva lo que en derecho proceda. En atención a lo ordenado, con apoyo en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 408/2020-2B. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:...Dicho precepto faculta a los Jueces de Distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.1 No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, que en su caso se acompañen, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa.2 Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.3 Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad...De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, se concluye que el quejoso controvierte lo siguiente: El bloqueo o retención de las cuentas bancarias 1292658917 (Bancomer BBVA), 091004564003 (Scotiabank), 10312585323 (Bancoppel) y 60191377617920 (Banco Azteca). Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa establecen lo siguiente:...El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen:...De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando éste no se promueva dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclama; o bien, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo....Entonces la causa de improcedencia se actualizaría atendiendo a si un acto de autoridad puede ser consentido antes de solicitar la protección constitucional. La integración de las formas del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de amparo, conduce a formular estas nítidas proposiciones: I. Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto. II. Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, III. Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria. Así, la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro de los plazos establecidos en el precepto 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención: d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no puede encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquí esencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Entonces, para explicar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, así como las manifestaciones que se advierten del escrito aclaratorio y su anexo, que son los siguientes: ESCRITO DE DEMANDA I. "5.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- Bajo protesta de decir verdad señalo como antecedentes del acto reclamado que con fecha 23 de Junio del año 2019 fue detenida la amiga de mi poderante de Nacionalidad Nicaragüense NAMIBIA DEL SOCORRO FUENTES GONZALEZ con quien tiene una buena amistad, y quien se le acuso en su momento del delito de VIOLACION A LA LEY DE MIGRACION en su modalidad de tráfico de personas, sin embargo, esta fue absuelta y puesta en libertad, dentro de la carpeta de investigación 227/2019 ante la fiscalía del Estado de Oaxaca. Resulta que como el auto que conducía la ahora absuelta es propiedad de mi poderante, se dieron a la tarea de investigarla, aun cuando no hay delito que perseguir contra ella y por suposiciones y de manera arbitraria se procedió al bloqueo de sus cuentas bancarias mediante acuerdo de bloqueo 131/2019, sin existir indicio alguno de que la suscrita haya participado en algún hecho que la Ley sancione como delito, violando sus garantías individuales, pues es maestra jubilada y se le esta privando de su ingreso" (sic) ESCRITO DE DESAHOGO DE PREVENCION II. "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que desde el mes de Junio del año 2019, fueron bloqueadas las cuentas de mi poderante". (sic) ANEXO DEL ESCRITO DE DESAHOGO DE PREVENCION III. "TUXTLA GUTIÉRREZ A 03 de octubre de 2019.- C.CP. JORGE ISIDRO AREVALO LÓPEZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES.- AFILIACION Y VIGENCIA DE DERCHOS, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- PRESENTE.- La suscrita ESTHER VIOLETA QUEVEDO TRINIDAD; con R.F.C. QUTE620212, en mi calidad de maestra jubilada del sector MAGISTERIO con numero de enlace 9186, a partir del día 16 de Enero del 2010 , en la actualidad por cuestiones que aún no me queda claro y esta en proceso que se me resuelva; mis cuentas bancarias se encuentran bloqueadas, mismo proceso Administrativo federal que se está ventilando en la Unidad de Inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con domicilio en Avenida Constituyentes número 1001, de la colonia Lomas Altas, de la Delegación Álvaro Obregón; en la Ciudad de México Esther Violeta Quevedo Trinidad Lo resaltado es propio de este juzgado. Como se aprecia, de las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo, específicamente del capítulo de antecedentes del acto reclamado, así como del escrito mediante el cual la parte quejosa desahoga las prevenciones formuladas por el similar oficiante en proveído de dieciséis de octubre del año en curso y su oficio anexo dirigido al Departamento de Pensiones Afiliación y Vigencia de Derechos, del Instituto de seguridad social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, se evidencia que la parte promovente tuvo conocimiento del bloqueo de las cuentas bancarias por lo menos desde el día tres de octubre de dos mil diecinueve, que es la fecha con la que la directa quejosa suscribe el referido documento, por lo que se advierte que la impetrante, se hizo sabedor de dichos actos materia de la litis, cuando menos desde dicha data, por lo que el plazo respectivo inició el cuatro de octubre de dos mil diecinueve. La anterior confesión hace prueba plena en contra del promovente, con sustento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la ley de la materia, así como en la jurisprudencia P./J. 27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:...Por lo tanto, si presentó la demanda de amparo hasta el quince de octubre de dos mil veinte, es claro que transcurrió en demasía el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora pretende reclamar consistentes en el bloqueo o retención de las cuentas bancarias 1292658917 (Bancomer BBVA), 091004564003 (Scotiabank), 10312585323 (Bancoppel) y 60191377617920 (Banco Azteca). Dado que conocía éstos y la autoridad que lo ordenó, cuando menos desde aquéllas fechas, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo....Máxime que la naturaleza de dichos actos no permite ubicarlos en alguno de los demás supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, no se actualiza ningún supuesto de excepción porque los actos reclamados, no constituyen una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (fracción II); no constituye un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV); lo cual revela de manera manifiesta e indudable la extemporaneidad de la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE, LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ESTHER VIOLETA QUEVEDO TRINIDAD, a través de su apoderado Adalberto Soriano Ramírez, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. Luego, si en relación a los actos que se reclaman a esas autoridades, el juicio de amparo es improcedente, a nada práctico se llegaría con emplazarlas a juicio, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita...Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico sorianoramirez@gmail.com, sin indicar si tenía relación con algún usuario registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en observancia del principio proactione, que obliga al suscrito a tomar las medidas necesarias, dentro de los jurídicamente posible, para facilitar el ejercicio del derecho a la justicia, reconocido por el artículo 17 constitucional, se advierte que dicho correo electrónico corresponde al usuario registrado como "SORA770320HOCRMD03", dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción III, se autoriza que las notificaciones, se le realicen de manera electrónica. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico sorianoramirez@gmail.com, que para tal efecto señala la parte quejosa, a través del usuario "SORA770320HOCRMD03". Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfredo Estudillo Castillo, Rey Freddy Vargas Reyes e Itzel Lucina Esquivel Aragón, puesto que sus cédulas no se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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