Esther Rodríguez Farías y Otros.

Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
185/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Esther Rodríguez Farías y Otros.
  • Esther Rodríguez Farías

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3-A Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 3-A Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito presentado vía electrónica "Juicio en línea", del Sistema SISE-OCC por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se regularice el procedimiento en el presente asunto y se admita la demanda de amparo promovida; atendiendo lo anterior, dígasele al promovente que este Juzgador de Amparo no puede revocar sus propias determinaciones, por lo que tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente. Tiene aplicación a lo anterior de manera ilustrativa, la tesis aislada I.3o.C.77 C, de la Novena Época, número de registro 203474, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia(s): Civil, Página 341, que dice: REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO, LOS TRIBUNALES NO DEBEN REVOCAR SUS PROPIAS RESOLUCIONES AL DECRETAR LA. De lo dispuesto en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se desprende que tal dispositivo no establece una obligación, sino una facultad para que los jueces y magistrados puedan subsanar toda omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento, para el solo efecto de regularizarlo, siempre que con ello no modifiquen sus propias determinaciones; por lo que si además el artículo 84 del Código aludido es contundente al ordenar que esos órganos jurisdiccionales no podrán variar ni modificar sus sentencias o autos después de firmados, estableciendo sólo la posibilidad de aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que las primeras contengan sobre un punto discutido en el litigio, o bien cuando los segundos sean obscuros o imprecisos, pero haciendo sobre todo hincapié en que no se puede alterar la esencia de dichas sentencias y proveídos; por lo que resulta incuestionable que no podía proceder la pretensión de la parte quejosa de que se regularizara el procedimiento, puesto que ello no sólo tendría como finalidad la de subsanar la omisión de que no se acordó una promoción de la parte demandada, por la que señaló un nuevo domicilio para oír notificaciones, ya que eso necesariamente también traería como consecuencia que se anulara todo lo actuado en el juicio natural, con posterioridad a un auto por el cual se ordenó una notificación personal a las partes, en virtud de que la misma se llevó a efecto en el domicilio originalmente señalado por la amparista y no en el que precisó con posterioridad; por lo tanto, al quedar claro que no se está en el supuesto de que se pretenda subsanar una simple omisión, es indudable que tal pretensión se debió intentar a través del recurso ordinario que resultara procedente para lograr la nulidad de las actuaciones relativas.

  3. Principal

    MESA 3-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por por Esther Rodríguez Farías, Yoandy Valdés González, Luis Alberto Rodríguez Ramírez, Orberto Sánchez Álvarez, Dairis Carmen Sánchez Caignet, Ricardo Gómez Sarracén, Claudia Margendié Rodríguez y Eliane Cutiño PérezEliane Cutiño Pérez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 185/2019. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la misma carece de firma de los promoventes Esther Rodríguez Farías, Yoandy Valdés González, Luis Alberto Rodríguez Ramírez, Orberto Sánchez Álvarez, Dairis Carmen Sánchez Caignet, Ricardo Gómez Sarracén, Claudia Margendié Rodríguez y Eliane Cutiño Pérez, por lo que en el caso concreto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3º, 5° y 6° de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no sabe hacerlo o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En ese orden de ideas, cabe destacar que el artículo 3º de la Ley de Amparo, establece lo concerniente a la presentación de promociones y consulta de expedientes, a través de las tecnologías de la información, mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Ahora bien, la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pero de la simple lectura de la misma, se aprecia que los quejosos no cuentan con firma electrónica (FIREL), ni el propio sistema arrojó la constancia condigna, así como tampoco impusieren algún signo gráfico o firma que externara su voluntad, ni argumentaron que diversa persona promovería a su ruego, con motivo de alguna imposibilidad jurídica o material para hacerlo, si no que por el contrario, la redacción de la demanda indica que se elaboró de tal manera, que son los promoventes Esther Rodríguez Farías, Yoandy Valdés González, Luis Alberto Rodríguez Ramírez, Orberto Sánchez Álvarez, Dairis Carmen Sánchez Caignet, Ricardo Gómez Sarracén, Claudia Margendié Rodríguez y Eliane Cutiño Pérez, los que solicitan el juicio de garantías, destacando que se encuentran en libertad y sin ninguna imposibilidad jurídica ni material para estampar su firma. Por lo tanto, queda claro que los pretendidos promoventes no signaron el libelo de amparo, pues no obra rúbrica alguna de aquéllos, ya que en la demanda aparecen únicamente sus nombres, de ahí que este Juzgado, estima que la circunstancia de que los supuestos impetrantes presentaran el documento con sus nombres, no les impedía de modo alguno suscribirlo, pues no refirieron tener algún impedimento para hacerlo, ni tampoco se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que se considere que alguien promueve la demanda a favor de los referidos quejosos. De ahí, que es evidente que la demanda carece de validez, ya que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo; por lo que al carecer la demanda de amparo de la firma de los pretendidos suscriptores, y tampoco obra una firma a su ruego, tal documento carece de validez en relación con aquéllos. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, sin la firma correspondiente, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, presentara escritos instando la función jurisdiccional, cuando no existe en realidad la voluntad respectiva. No soslaya este órgano jurisdiccional que el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del numeral 15 de la citada ley. Sin embargo, éste último numeral dispone que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad y, empero en el caso concreto la parte quejosa no manifestó estar imposibilitada, máxime que se encuentran libres. Por consiguiente, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar el juicio de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". También resulta ilustrativa la tesis 2a. XXII/2018 (10a.), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 862 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, registro 2016528, del rubro y texto. "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado". A mayor abundamiento, cabe decir que todos los escritos que se presenten, de cualquier naturaleza, deberán estar firmados, si no aparece la firma, se entiende que es un anónimo, dado que en el escrito no se aprecia la voluntad de quien -en un momento dado- lo está presentando; solamente existe la posibilidad de que no se requiera la firma electrónica cuando estamos en un caso de excepción, que se señala en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este caso de excepción es en aquellos asuntos en que se ha aceptado - tradicionalmente- el amparo por comparecencia, que está referido a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Entonces, no siendo ese caso, las promociones, sean en expediente -que podríamos llamar normal-, que se presenta la promoción o el expediente electrónico, la promoción o la demanda debe de ir firmada, ya sea a través de la firma electrónica, si el expediente es electrónico, o a través de la firma autógrafa, si se trata de una promoción en papel. De igual forma, la Suprema Corte ha sostenido el criterio, -siempre- que cuando no existe firma no es motivo de requerimiento; el artículo que -de alguna manera- establece los requerimientos para que estos sean subsanados es porque existe alguna oscuridad dentro de la demanda o faltan copias; son situaciones subsanables, pero cuando no hay firma, se ha entendido que no hay voluntad para la presentación de la promoción. Por lo anterior, al no contar el escrito con la firma correspondiente, y no actualizarse el supuesto que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, respecto Esther Rodríguez Farías, Yoandy Valdés González, Luis Alberto Rodríguez Ramírez, Orberto Sánchez Álvarez, Dairis Carmen Sánchez Caignet, Ricardo Gómez Sarracén, Claudia Margendié Rodríguez y Eliane Cutiño Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso proceda prevenir la demanda, puesto que la falta de firma respectiva no es un requisito de forma contenido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino un presupuesto de validez, como es la voluntad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la estadística del juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con número de registro digital 2005717, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Y la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, con número de registro digital 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en esta ciudad, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ángel Castillo Babosa, ya que sí cuenta con su cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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