Esther Viedma Rosales y Otros.
Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esther Viedma Rosales y Otros.
- Esther Viedma Rosales
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo I-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo sin que lo haya hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 197/2018. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por . . ., por las razones que se exponen a continuación: Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los quejosos se duelen de la resolución dictada el uno de febrero de esta anualidad, emitida en el incidente de liquidación relativo al juicio ejecutivo mercantil 267/2013; el suscrito estima que no satisface el requisito de procedencia al que hace alusión el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para efectos de juicio de amparo un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado. Al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo . Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza porque el acto reclamado consistente en la resolución dictada el uno de febrero de esta anualidad, emitida en el incidente de liquidación del expediente 267/2013, es recurrible mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 1336, 1339 y 1348 del Código de Comercio . En ese orden, el Código de Comercio contempla la procedencia del recurso de apelación contra la resolución como la que aquí se impugna , toda vez que la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil de origen es de $2,028,285.02 (dos millones veintiocho mil doscientos ochenta y cinco pesos, moneda nacional); es decir, superior al mínimo para que sea procedente el recurso de apelación $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos, moneda nacional) En consecuencia, si en contra la determinación reclamada procede el recurso de apelación, los promoventes, como parte demandada en el juicio están en posibilidad de interponerlo, previo a acudir al juicio de amparo. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente contra dicho acto reclamado. Domicilio y autorizados de los quejosos. Se tiene a los quejosos señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indican en su demanda y por autorizados para tales efectos a las personas que refieren, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada su cédula profesional. En virtud que los quejosos no designaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como representante común de los quejosos a Esther Viedma Rosales, sin perjuicio de que posteriormente la parte quejosa, si es su deseo, lo substituya por otro. Notifíquese personalmente a los quejosos. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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