Esther Méndez Ruiz
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esther Méndez Ruiz
Actuaciones
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 524/2023, que promovió ******************** por conducto de su apoderado ********************, contra el acto de la autoridad que se mencionara más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, ******************** demandó diversas prestaciones laborales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dicho asunto fue admitido a trámite por la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, radicándolo bajo el número ********************/********************. Seguido el trámite del juicio natural, así como luego del empleo de diversas instancias, el laudo se dictó el veinte de octubre de dos mil veintidós y en él se condenó a la parte demandada respecto a una prestación laboral. La actora -aquí quejosa- presentó ante la referida junta escrito de tres de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba pendiente de acordar y tal omisión constituye la materia de este juicio de amparo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** por conducto de su apoderado ********************, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional al que correspondió conocer por razón de turno. La parte quejosa señala como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se: i) registró con el número 524/2023; ii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iii) emplazó a la parte tercera interesada; y iv) otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción, además que se reclama un acto omisivo. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al presidente ejecutor de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: La omisión de acordar el escrito de ocho de febrero de dos mil veintitrés, recibido en esta misma fecha por la responsable, dirigido al expediente ********************/******************** de su índice. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS Al rendir informe justificado el presidente de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje manifestó que era cierto el acto reclamado, añadiendo que -por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés- dio respuesta al escrito de la parte quejosa de fecha de suscripción y recepción ocho de febrero de dos mil veintitrés. Circunstancia que se aprecia de la copia certificada enviada por dicha autoridad; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto omisivo reclamado, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintidós de mayo de dos mil veintitrés- no había sido acordada la petición en cuestión. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó plenamente acreditado que mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitido por la responsable en el expediente ********************/******************** de su índice, dio respuesta al escrito de la parte quejosa con fecha de suscripción y recepción ocho de febrero de dos mil veintitrés, mismo del que se advierte, que solicita se acate el laudo emitido en el juicio natural, por consiguiente ha cesado el acto reclamado en esta instancia. Para evidenciar lo anterior, se advierte que lo acordado en proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, es: ".OAXACA, Oaxaca de Juárez, Oaxaca cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y tomando en consideración que la ejecutoria dictada en el A.D.175/2021, de fecha 13 de octubre de 2022, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Temer Circuito, se declaró cumplida, por lo que quedó firme le laudo de fecha 20 de octubre de 2022, para todos los efectos a los que haya lugar. En mérito de lo anterior, se da cuenta con los escritos de fechas 01 de julio del 2022 y 08 de febrero del 2023, presentados en oficialía de partes de esta Junta el05 de julio del 2022 y el 08 de febrero de 2023, respectivamente; ambos suscritos por el Licenciado ********************, en su carácter de apoderado del actor, y atentos al contenido de los mismos y como lo solicita, con fundamento en los artículos 939, 940, 946 y 949 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, SE REQUIERE a la perdidosa INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a fin de que en un término de TRES DIAS hábiles contados a partir del día siguiente a su legal notificación, DE CUMPLIMIENTO al RESOLUTIVO TERCERO del laudo firme de fecha 20 de octubre de 2022; y que a la letra dice: "Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocerle a la actora su antigüedad de 29 años 13 quincenas, salvo error aritmético u omisión involuntaria, por el periodo del 16 de julio de 1988 al 30 de enero de 2018 y a capturar dicha antigüedad y fecha de ingreso en el sistema computarizado de personal para que sean agregados a los registros de nómina y aparezca en su tarjetón de pago para los efectos legales y contractuales que procedan, en términos de la cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo que rigen las relaciones laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, cuya prestación reclamó con el punto 1 de su escrito de demanda; También se condena a la prestación marcada con el punto II de su escrito de demandada [.]" [Énfasis propio] Por tanto, la conclusión que se llega es con base a las constancias exhibidas en autos, las que adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede, con las cuales se dio vista a la disidente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de atender el escrito fechado y recibido el ocho de febrero de dos mil veintitrés, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, si la autoridad responsable citada en último término, proveyó lo relativo a la petición de la parte interesada, ningún caso tendría examinar la dilación aludida si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica de la solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí expuesto, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende, son aplicables, debido a que no se oponen a la ley vigente. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el informe justificado del presidente de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no haya sido rendido al menos con ocho días de anticipación, puesto que, como ya se adujo, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe de ley, se actualiza de manera clara, manifiesta e indubitable la causal de improcedencia en estudio; máxime que a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que el sentido de la sentencia sería el mismo; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causal de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** por conducto de su apoderado ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable por las razones referidas en apartado VI de esta resolución. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del presidente de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 524/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por Juan Alberto García Vásquez, como apoderado de Esther Méndez Ruiz, personalidad que acredita en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley de la materia. Incidente de suspensión. Como la parte quejosa no lo solicita expresamente, no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Emplazamiento del tercero interesado. En términos del precepto 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena enviar oficio a la contraparte de la actora aquí quejosa en el juicio laboral 678/2017, del índice de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que resulta ser el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez -demanda en el juicio natural- con inserción de este proveído y anexándole copia simple del escrito de demanda de amparo, a efecto que de ser su deseo se apersone al presente asunto si a sus intereses conviene. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónicas. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del disidente las documentales que exhibe en copia simple, mismas que se desahogan desde este momento en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere el disidente, debido a que no cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por lista.
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