Esther Vela Pantoja

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Esther Vela Pantoja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, se tiene a ********** perito oficial, ratificando en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial que le fue encomendado. Ahora bien, del contenido de la experticia rendida por el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, formuló las siguientes conclusiones: "PRIMERA.- No corresponde por su ejecución a la C. **********, la firma que como dicha persona se encuentra estampada sobre el nombre de ********** en el escrito inicial de demanda a foja 13, con relación a la firma proporcionada como elemento base de comparación, documentos ampliamente descrito en el presente estudio. SEGUNDA.- No corresponde por su ejecución a la C. **********, la firma que como dicha persona se encuentra estampada sobre el nombre de ********** en el escrito presentado foja 26, con relación a la firma proporcionada como elemento base de comparación, documentos ampliamente descrito en el presente estudio." En ese sentido, dicho medio de convicción adquiere valor pleno en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que: 1. Fue emitido por un especialista en la materia sobre la que dictaminó, a saber: licenciado especialista en grafoscopía y documentoscopía. 2. Está debidamente fundado y motivado, ya que en ese documento se señaló con precisión el método de estudio que empleó para arribar a la anterior conclusión. 3. Realizó una conclusión clara y congruente con los estudios efectuados; dado que especificó los documentos que fueron objeto de análisis, asimilando las constantes gráficas que le son propias, tanto en el orden general como el grupo de gestos gráficos; además explicó la confrontación que efectuó sobre tales grafías para emitir su experticia, así como el método o procedimiento para llegar a dicha conclusión. De ahí que se estima que tal dictamen genera plena convicción en este Juzgador de que, efectivamente, la firma estampada en el escrito inicial de demanda y en el escrito aclaratorio presentado el veintidós de enero del año en curso, no son coincidentes, es decir, no corresponde una con la otra. Por tanto, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 6° de la Ley de la materia. Bajo esta guisa, para comprender por qué el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: Mediante escrito presentado el doce de enero del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente **********, promovió el presente juicio de amparo. Por razón de turno le toco conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que en auto de quince de enero del año en curso, se registró bajo el número 16/2018-II, en dicha providencia se requirió a la promovente para que por escrito y con copias suficientes para correr traslado, a cada una de las partes, aclara su demanda respecto de los puntos siguientes: "Precise si acude a esta instancia constitucional sólo por su propio derecho, o también lo hace, en representación de sus hijos ********** y ********** de apellidos **********, y de ser así acredite con constancia fehaciente el carácter para representarlos. Aclare bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, la fecha en que se enteró que se estaba tramitando el juicio sucesorio In testamentario a bienes de su suegro **********." Mediante escrito presentado el veintidós de enero del año que transcurre, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, se pretendió desahogar dicho requerimiento; sin embargo, el veintitrés del citado mes y año, se solicitó a la quejosa a efecto de que ratificara su escrito, pues se advirtió que la firma que lo calzaba y la del escrito de demanda eran notoriamente discrepantes. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de ratificación de firma; por lo que mediante proveído de treinta siguiente, se giró oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, nombrara un perito en materia de caligrafía y grafoscopía, pues se apreciaba una notoria diferencia entre las firmas plasmadas en el escrito de demanda y su cumplimiento, a la estampada durante la diligencia. Dicha postura se corroboró con el contenido de la experticia rendida por el licenciado **********, perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, quien fundamentalmente sostuvo que las firmas presentadas por la quejosa no son coincidentes, es decir, no corresponde una con la otra. Por ello, ante dicho resultado pericial, en el caso concreto se advierte que la demanda de amparo no cuenta con la firma de quien la promueve -**********-, lo que denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; en consecuencia, ante la falta de coincidencia y/o correspondencia de las firmas de la impetrante, no puede considerase ejercitada la acción constitucional. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6° del mismo ordenamiento, y lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el escrito de cuenta, se tiene a ********** perito oficial, ratificando en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial que le fue encomendado. Ahora bien, del contenido de la experticia rendida por el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, formuló las siguientes conclusiones: "PRIMERA.- No corresponde por su ejecución a la C. **********, la firma que como dicha persona se encuentra estampada sobre el nombre de ********** en el escrito inicial de demanda a foja 13, con relación a la firma proporcionada como elemento base de comparación, documentos ampliamente descrito en el presente estudio. SEGUNDA.- No corresponde por su ejecución a la C. **********, la firma que como dicha persona se encuentra estampada sobre el nombre de ********** en el escrito presentado foja 26, con relación a la firma proporcionada como elemento base de comparación, documentos ampliamente descrito en el presente estudio." En ese sentido, dicho medio de convicción adquiere valor pleno en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que: 1. Fue emitido por un especialista en la materia sobre la que dictaminó, a saber: licenciado especialista en grafoscopía y documentoscopía. 2. Está debidamente fundado y motivado, ya que en ese documento se señaló con precisión el método de estudio que empleó para arribar a la anterior conclusión. 3. Realizó una conclusión clara y congruente con los estudios efectuados; dado que especificó los documentos que fueron objeto de análisis, asimilando las constantes gráficas que le son propias, tanto en el orden general como el grupo de gestos gráficos; además explicó la confrontación que efectuó sobre tales grafías para emitir su experticia, así como el método o procedimiento para llegar a dicha conclusión. De ahí que se estima que tal dictamen genera plena convicción en este Juzgador de que, efectivamente, la firma estampada en el escrito inicial de demanda y en el escrito aclaratorio presentado el veintidós de enero del año en curso, no son coincidentes, es decir, no corresponde una con la otra. Por tanto, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 6° de la Ley de la materia. Bajo esta guisa, para comprender por qué el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: Mediante escrito presentado el doce de enero del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente **********, promovió el presente juicio de amparo. Por razón de turno le toco conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que en auto de quince de enero del año en curso, se registró bajo el número 16/2018-II, en dicha providencia se requirió a la promovente para que por escrito y con copias suficientes para correr traslado, a cada una de las partes, aclara su demanda respecto de los puntos siguientes: "Precise si acude a esta instancia constitucional sólo por su propio derecho, o también lo hace, en representación de sus hijos ********** y ********** de apellidos **********, y de ser así acredite con constancia fehaciente el carácter para representarlos. Aclare bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, la fecha en que se enteró que se estaba tramitando el juicio sucesorio In testamentario a bienes de su suegro **********." Mediante escrito presentado el veintidós de enero del año que transcurre, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, se pretendió desahogar dicho requerimiento; sin embargo, el veintitrés del citado mes y año, se solicitó a la quejosa a efecto de que ratificara su escrito, pues se advirtió que la firma que lo calzaba y la del escrito de demanda eran notoriamente discrepantes. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de ratificación de firma; por lo que mediante proveído de treinta siguiente, se giró oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, nombrara un perito en materia de caligrafía y grafoscopía, pues se apreciaba una notoria diferencia entre las firmas plasmadas en el escrito de demanda y su cumplimiento, a la estampada durante la diligencia. Dicha postura se corroboró con el contenido de la experticia rendida por el licenciado **********, perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, quien fundamentalmente sostuvo que las firmas presentadas por la quejosa no son coincidentes, es decir, no corresponde una con la otra. Por ello, ante dicho resultado pericial, en el caso concreto se advierte que la demanda de amparo no cuenta con la firma de quien la promueve -**********-, lo que denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; en consecuencia, ante la falta de coincidencia y/o correspondencia de las firmas de la impetrante, no puede considerase ejercitada la acción constitucional. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6° del mismo ordenamiento, y lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia.

  4. Principal

    . Agréguese en autos el telegrama que remite la Encargada de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual informa, que en atención a que el perito Bruno Vela Tovar, se encuentra en la Ciudad de México, en curso de actualización de grafoscopía y documentoscopía, el oficio 11317/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, le será notificado el trece de los actuales.

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