Esther Jiménez Almanza
Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Esther Jiménez Almanza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Agencia Investigadora 1 del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad. Se ordena el registro de la demanda con el número 413/2018-III. Se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "(...)" "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "(...)" VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones, entre otras, la abstención de integrar la carpeta de investigación ante el Juez de Control competente. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Precisado lo anterior la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión por parte del Titular de la Agencia Investigadora 1 y 2 de Salvatierra, Guanajuato, de dar trámite a la carpeta de investigación. Bajo dicha guisa, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación, como lo es el recurso innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, traducida en un acto positivo con efectos negativos, por considerar que los hechos de la denuncia no son constitutivos de delito, o bien, porque advierta que ya se extinguió la acción penal; asimismo, también se deben considerar las omisiones las cuales implican actos negativos. Dichas determinaciones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -recurso innominado-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión por parte de los Agentes I y II del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato, de dar trámite a la carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio el que indica y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Agencia Investigadora 1 del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad. Se ordena el registro de la demanda con el número 413/2018-III. Se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "(...)" "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "(...)" VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones, entre otras, la abstención de integrar la carpeta de investigación ante el Juez de Control competente. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Precisado lo anterior la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión por parte del Titular de la Agencia Investigadora 1 y 2 de Salvatierra, Guanajuato, de dar trámite a la carpeta de investigación. Bajo dicha guisa, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación, como lo es el recurso innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, traducida en un acto positivo con efectos negativos, por considerar que los hechos de la denuncia no son constitutivos de delito, o bien, porque advierta que ya se extinguió la acción penal; asimismo, también se deben considerar las omisiones las cuales implican actos negativos. Dichas determinaciones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -recurso innominado-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión por parte de los Agentes I y II del Ministerio Público de Salvatierra, Guanajuato, de dar trámite a la carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio el que indica y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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