Esther Sotolongo Martinez
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- Esther Sotolongo Martinez
- ESTHER SOTOLONGO MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a través de cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obren en autos los acuses de los oficios 19655, 19656, 19657, 19658 y 19659 girados a las autoridades responsables Jefe de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California; Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración; Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; Jefe de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Representante Local Mexicali I Punto de Internación del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en Mexicali, Baja California, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo, no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar en la certificación de cuenta, que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria proyectista de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su depuración conservando las constancias conducentes, de conformidad con el último párrafo del precepto en cita. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no obran en autos las constancias solicitadas a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, no obstante de que la misma se encuentra notificada desde el cuatro de octubre pasado, y el plazo otorgado para remitir dichas constancias fue de tres días, el cual ya feneció. Se requieren constancias. En atención a lo anterior, con fundamento con el artículo 75 de la Ley de Amparo, por última ocasión requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe lo siguiente: Si Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, ingresaron a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; así como la causa por la que dejó en libertad a los quejosos en mención, remitiendo las constancias con la que acredite que los mismos fueron puestos en libertad. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización - $4,811.00 cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional-, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe rendido por las autoridades responsables, mediante el cual informan que acataron la suspensión de plano concedida a los quejosos, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por lo tanto, dese vista a las partes con el mismo para los fines legales conducentes. Señalamiento de domicilio. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a las autoridades responsables señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionan. Delegados. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, señalando como delegados de su parte a las personas que mencionan para tales efectos. Notifíquese.
- Principal
hago constar que en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, se practica la notificación de los proveídos de dos y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a los quejosos Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, en el juicio de amparo 580/2022-V, por medio de lista de estrados, que en síntesis dicen:"Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Visto el oficio 28717/2022 remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual transcribe el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 1294/2022 de su índice, promovido por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de los quejosos Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades Con el oficio y demanda remitida, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 580/2022-V. Acepta competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; esta Jueza de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. En consecuencia, se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 1294/2022 del índice del Juzgado oficiante y continúese con el trámite del asunto en la etapa en que se encuentra; por tanto acúsese de recibido. Se requieren informes de suspensión de plano. Toda vez que en el presente juicio de amparo, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se concedió a los quejosos Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, la suspensión de plano por los actos reclamados en su escrito de demanda; con excepción de las autoridades responsables con sede en Mexicali, Baja California, requiérase a las autoridades responsables con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Ahora de autos, se advierte que a fojas 104 y 105 obra la constancia actuarial de fecha veinticuatro de agosto pasado, realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, de la que se desprende que los directamente agraviados Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, ratificaron la demanda de amparo promovida en su nombre. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueven Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, contra las autoridades y actos señalados en la misma. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y de ellos se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso integrar por separado el incidente de suspensión, toda vez que mediante proveído de veintitrés de agosto del presente año, se concedió la suspensión de plano por todos los actos reclamados por la parte quejosa. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser nítidas, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rindan sus informes en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a las autoridades omisas, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta y la constancia glosada en autos. Datos de contacto. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que menciona en escrito; por lo que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota de los mismos y a través de éstos única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso y la consulta al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico a través del usuario "Abogadofederal73". Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, para que realice la autorización del acceso y la consulta al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico a través del usuario "Abogadofederal73". Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente." "Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, a los quejosos Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, le fue informado que los citados quejosos no se encontraban en esa estación migratoria y que el sistema no arrojaba algún dato relacionado con dichos nombres. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III de la ley de la materia, se ordena notificar a los quejosos, por lista en los estrados de este Juzgado, el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Requerimiento a las autoridades. Ahora bien, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que le surta efectos la notificación del presente acuerdo informe lo siguiente: Si Esther Sotolongo Martínez, Yurion Ojito López y Yareimis González Sotolongo, ingresaron a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; así como la causa por la que dejó en libertad a los quejosos en mención, remitiendo las constancias con la que acredite que los mismos fueron puestos en libertad. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informe el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $4,811.00 cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese por lista este proveído, así como el diverso de dos de septiembre del año en curso, a los quejosos.
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