Estela Romero Montero

Expediente 1421/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1421/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Estela Romero Montero

Actuaciones

  1. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1421/2019-III, promovido por Estela Romero Montero por derecho propio, contra actos del Agente Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que de un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La orden de retener a su menor hija A.P.R. en algún albergue temporal. b) La negativa de hacerle entrega material de la niña A.P.R. para que permanezca bajo su guarda y custodia. Efectos para los que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que la niña A.P.R. no sea entregada o dada en custodia a algún familiar o persona diversa. En esa tesitura, ya establecido lo anterior, quien resuelve procede al análisis de la medida solicitada; en apoyo a este razonamiento se cita la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. f) Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Concesión de la suspensión. En consecuencia, toda vez que esta autoridad está obligada a velar por el interés superior de la menor y atendiendo a que mediante la suspensión provisional pueden mitigarse los efectos de cualquier acto de autoridad que pueda ocasionar algún trastorno emocional o psíquico en perjuicio de la menor; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como el numeral 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ordene la entrega o se ponga en custodia de algún familiar o persona diversa a la niña A.P.R., por lo que deberá permanecer en el albergue en que actualmente se encuentra resguardada a disposición y bajo el cuidado de las autoridades que así lo hubiesen determinado para la salvaguarda de su estabilidad física y mental. La suspensión decretada en tales términos, se otorga con apoyo en el artículo 4 de la Constitución Federal y los numerales 3, 16 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen el interés superior de los menores como principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercutan en la vida de aquéllos. Asimismo, atendiendo a que ningún niño debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, teniendo derecho a que la ley lo proteja de ellas. Por tanto, con base en los elementos con los que se cuenta para resolver en este momento procesal, se estima que la medida cautelar debe concederse con el fin de evitar que la niña sea puesta en alguna situación que pueda afectar su desarrollo emocional o psíquico, ya que el entregarla o ponerla a disposición de una persona que no pertenezca a su entorno familiar o que no le pudiera garantizar la seguridad o cuidados necesarios sin que existan elementos para ello, podría ocasionar daños de imposible reparación en la esfera jurídica de la menor, en razón de que colocarla en tal escenario podría traducirse en una situación traumática en su vida; lo que de igual manera se generaría si no se le permite convivir con su progenitora o no se le proporcionan los cuidados necesarios durante su estancia en el albergue donde actualmente se encuentra. Circunstancia que esta juzgadora se encuentra obligada a cuidar que no suceda, pues como se dijo, a través de la suspensión en el juicio de amparo deben establecerse medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos hacia los menores, procurando que el daño sufrido por estos no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia, ya que debe vigilarse en todo momento, dentro del procedimiento, la protección de su integridad física y psicológica. Ello, pues de no hacerlo de esa manera y permitir que, con los elementos que se cuentan hasta este momento, se permita la separación de la menor de su entorno familiar para entregársele a una diversa persona que incluso podría ser extraña para ésta, podría conducir a generar en la niña un entorno teóricamente mejor, pero realmente artificial, pues puede afectarse gravemente su salud si es separada de su progenitora a través de las convivencias que, según el dicho de la propia quejosa, se encuentran reguladas por las autoridades correspondientes. De igual manera, la medida cautelar solicitada se concede para el efecto de que las autoridades responsables provean a la niña A.P.R. un lugar adecuado y los cuidados necesarios durante su estancia en el albergue en que se encuentra, toda vez que la parte quejosa manifiesta que el lugar en que actualmente se encuentra es insalubre y la menor no cuenta con los artículos necesarios para su desarrollo físico y mental. Además, la suspensión solicitada tendrá como efecto que se le respete a la quejosa Estela Romero Montero los horarios y días establecidos por las autoridades responsables para la convivencia de la niña A.P.R. en el lugar en donde se hubiese determinado, sin que puedan modificársele arbitrariamente; puesto que la peticionaria del amparo manifiesta que se le cambian sin previo aviso. En ese entendido, las autoridades responsables deberán velar en todo momento por proporcionar a la menor A.P.R., las facilidades y el establecimiento necesarias para su correcto cuidado y desarrollo físico y mental; además, deberán de procurar en todo momento que se le permita convivir con su progenitora Estela Romero Montero en los días y horas establecidos para tal efecto. Sin perjuicio de que esta decisión pueda ser modificada al momento de emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva en este incidente de suspensión al contar con mayores elementos para resolver adecuadamente sobre la medida cautelar solicitada, procurando en todo momento el bienestar de la niña. Señalamiento de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si son ciertos o no los actos reclamados; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Además, con motivo de que este órgano jurisdiccional debe contar con todos los elementos que tengan a su alcance las autoridades responsables para la correcta resolución de la suspensión definitiva, se les requiere para que al momento de que rindan su informe previo realicen lo siguiente: a) Remitan la totalidad de actuaciones que conforman el expediente IM/TIJ/001/550/2019 o cualquier procedimiento que se relacione con la menor A.P.R., y que derivado de lo ordenado en éstos la niña se encuentre en el albergue temporal. b) Informen las causas y motivos particulares por las cuales determinaron que la niña A.P.R., debía permanecer en un albergue y no a disposición de su progenitora o algún diverso familiar. c) En caso de existir envíen las bitácoras o constancias de las que se adviertan que la menor efectivamente se encuentra conviviendo con su progenitora, aquí quejosa, Estela Romero Montero. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que en caso de no realizar lo anterior o no rendir su informe previo hará presumir como ciertos los actos reclamados, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Carlos Román Quiñonez Rubio y Enrique Villalba Paredes, dado que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito; como se advierte de las constancias que se glosan, y a la profesionista Melissa Armonía D´Vilac Benavides, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con dicho requisito. Prueba. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa al escrito inicial de demanda, la cual se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. En cumplimiento al proveído de esta fecha emitido en el cuaderno principal de donde deriva este incidente, hágase el cotejo y compulsa de la documental exhibida. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexo, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1421/2019-III. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Estela Romero Montero por derecho propio, contra los actos y las autoridades señaladas en la misma. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por separado el incidente de suspensión. Ministerio Público. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la quejosa en su demanda, esta juzgadora se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas del veintitrés de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los preceptos 117 y 75 de la legislación en consulta, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días hábiles, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de ordinal 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y también deberán de remitir copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen; en el entendido que en el informe de mérito, tendrán que manifestar si las constancias que en su caso sean enviadas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados, se le impondrá a quien incumpla, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables locales en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del ordinal 117 de la ley de la materia y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notifíquese; y personalmente a la agente del ministerio público adscrita.

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