Esther Limón Félix

Expediente 1071/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1071/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Esther Limón Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por ***, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido

  2. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de veintiséis de agosto de dos mil veintidós y se notifica por lista a la parte quejosa ESTHER LIMON FELIX, el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el cual se deja a su disposición en las instalaciones de este juzgado y que señala: Mexicali, Baja California, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio del presente año, sin que desahogara la prevención ahí contenida, en relación a las irregularidades de su demanda de amparo. Sin embargo, los apercibimientos ahí contenidos no son acordes a la prevención que se plasmó, por ello, a fin de no dejar en esta de indefensión a la parte quejosa, se cuerda lo siguiente: -Prevención- A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con fundamento en lo que dispone el artículo 114 fracciones I, II y IV, en relación con el 108 fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído. Manifieste si señala como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Vehículo Oriente de esta ciudad y, en caso afirmativo, precise el acto que le reclama a la misma y los antecedentes del acto a ella reclamado. Aclare bajo protesta de decir verdad el carácter con el que intervino en el procedimiento de origen. Indique la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Exhiba dos juegos más del escrito de demanda y sus anexos, a fin de aperturar el incidente de suspensión solicitado. Asimismo, deberán exhibir las copias del escrito con el que cumpla la presente prevención, suficientes para cada una de las partes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2001, con registro 189977 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 79 que reza: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." El presente requerimiento se formula, sin perjuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio, a la luz del dispositivo 107 de la Ley de Amparo. -Apercibimiento- Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo requerido en el inciso a) se proveerá lo que en derecho corresponda únicamente por la autoridad señalada inicialmente en la demanda de amparo. De igual forma, en caso de no cumplir con lo solicitado en el inciso d) ya narrado, se postergará la apertura del incidente de suspensión tal y como lo mandatan los numerales 110 y 114 de la Ley de Amparo. Finalmente, en caso de no cumplir que en caso de no cumplir con los incisos b), c) y e), dentro del referido término, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del ordinal 114 de la Ley de Amparo. En el entendido, que dicho requerimiento lo debe desahogar directamente la parte quejosa, NO por conducto de sus autorizados, ya que el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está acreditado para ello, pues dicho artículo no le otorga dichas facultades. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Décima Época, con registro 2007285, de la Primera Sala de a Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210 de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes".

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 7 DE JULIO DE 2022, SE NOTIFICA LA DETERMNINACION SIGUIENTE: Vistos los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo 48/2022-7; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial y posteriormente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional, José Manuel Martínez Cortez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados siguientes: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad responsable identificada como inciso "a", reclamo la resolución en dictada en mi contra, mediante la cual se libró orden de aprehensión, reaprehensión, captura o cualquier mandato que implique la detención del suscrito. b) De las autoridades identificadas como incisos "b", "c", "d", "e", "f" reclamo los actos tendientes a dar cumplimiento a la resolución referida." SEGUNDO. Admisión. Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo en sus términos bajo el expediente 48/2022-7, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el Acuerdo 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sobre esta base, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: -La orden de aprehensión dictada en la causa penal 2606/2019, del índice del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y su ejecución. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Deben tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos contra Mujeres por razón de Género, pues así se advierte de las manifestaciones que para tal efecto expusieron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que envió la autoridad responsable judicial relativa a la causa penal 2606/2019; documentales, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por haber sido expedida por funcionario público en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el mismo sentido, al haberse adjuntado a los informes con justificación, la videograbación de la audiencia oral y privada en la que se autorizó la orden de aprehensión, contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, con la que se corrobora la existencia del acto de autoridad reclamado [Orden de Aprehensión], sin necesidad de haberla reproducido durante la celebración de la audiencia constitucional. Cobra aplicación al respecto de lo anterior, la tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Página: 703, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por su parte, las diversas autoridades Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación de Zona Mexicali, Consejero Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California y Titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en esta localidad, negaron los actos que se le atribuyen; sin embargo, se desvirtúan dichas negativas al tener el carácter de autoridades ejecutoras y la ordenadora aceptó la orden privativa aquí reclamada, por lo que aquellas en cualquier momento pueden ejecutar la misma. Al respecto, es aplicable la tesis sostenida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de 1989, visible a página 56, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo aducidas por la parte quejosa, se procede analizar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público; por tanto, de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia II. 1o. J/5, publicada en la página 95, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, la dependencia Dirección de Seguridad Pública Municipal aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII en relación con el precepto 5 fracción II de la Ley de Amparo, al no tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo. Al respecto, deben desestimarse los argumentos de referencia, pues los mismos se hacen descansar en la cuestión que la responsable no ha ejecutado lo actos reclamados, por ende inexistentes los mismos; sin embargo, esta juzgadora resolvió lo conducente en el considerando cuarto de esta sentencia; de ahí la presente determinación. Finalmente, las partes no invocaron diversa actualización de alguna causa de improcedencia, ni esta juzgadora advierte la existencia de alguna de ellas; por lo que, procede el estudio del fondo del asunto, conforme a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio debe establecerse que por Decreto No. 288, publicado en el Número Especial del Periódico Oficial del Estado de Baja California, el jueves once de junio de dos mil quince, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, emitió declaratoria, mediante el cual se declara que el estado de Baja California incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales; mismo que respecto a la ciudad de Mexicali, acorde al sistema gradual de inicio de vigencia, entró en aplicación a partir del once de agosto del año dos mil quince. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado se analizará de conformidad con el nuevo sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como con el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior en virtud de que los hechos delictuosos tuvieron lugar el día veintisiete de enero de dos mil dieciocho. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XXVI/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 430, de rubro y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del propio Decreto en el medio oficial mencionado, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las citadas reformas también se condicionó a lo previsto en los artículos segundo y tercero transitorios del indicado Decreto, en el sentido de que los poderes legislativos deben emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales y en la cual se señalará expresamente que el sistema mencionado se ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías consagradas en la Constitución Federal empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema procesal penal acusatorio se impugna después de la declaratoria referida, es indudable que su confrontación debe hacerse contra el nuevo texto constitucional, pero si la impugnación se realiza con anterioridad a tal declaratoria, la confrontación será a la luz del texto constitucional vigente antes de ser reformado, pues de esa manera todos los actos de autoridad quedan sujetos a control constitucional." Además, se destaca que el estudio del presente asunto se verificará con base en la resolución emitida de manera oral en la audiencia de orden de aprehensión celebrada el catorce de enero de dos mil veintidós, según consta en el disco versátil digital que el juez responsable acompañó a su informe con justificación, en la que se resolvió la solicitud del Agente del Ministerio Público a efecto de ordenar la aprehensión del quejoso y respecto de la cual existe también la respectiva constancia escrita de sus puntos resolutivos, dentro de la causa penal 2606/2019; sin que lo anterior implique contrariar los principios de contradicción e inmediación, porque el juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la resolución reclamada, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes; de ahí que, conforme al sistema penal acusatorio, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en el presente juicio constitucional, en cuanto a los datos de prueba aportados por las partes, y, en el caso en cuanto a la información proporcionada por el fiscal al Juez, al tratarse de una resolución de orden de aprehensión. De esa forma, el estudio constitucional de la orden de aprehensión reclamada, quien ahora resuelve lo realiza conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, y que fueron ponderadas por el Juez responsable, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo; ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la orden de captura reclamada, en los casos en que no existe excepción para ello, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 993, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." De ahí que, se insiste, se analice únicamente el disco óptico de referencia que envió el juez responsable, en el que consta la audiencia privada en la que se emitió la orden de aprehensión; debiendo verificar que el acto reclamado satisfaga las exigencias constitucionales y legales para su existencia; con base desde luego, en la información proporcionada por el fiscal, respecto a los datos de prueba con los que refirió contar, directamente al comparecer en la audiencia privada ante el juez, para la solicitud de orden de aprehensión. Previo al análisis de la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, resulta pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, misma que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 64/2011, aprobada en sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA); analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en los términos siguientes: A. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: 1. La publicidad es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 2. La contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. 3. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. 4. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso. 5. La inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. B. Los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. C. Se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución, para quedar en los términos siguientes: i. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. ii. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. D. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Garantía (Juez de Control) a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. E. Por ende, cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, dentro de un esquema de razonabilidad, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. F. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Ahora bien, el quejoso aduce, en sus conceptos de violación que hace valer, que la autoridad ordenadora responsable viola sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que se le pretende privar de su libertad sin que los actos reclamados se ajusten al requisito del párrafo segundo del citado artículo y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además que en el acto de reclamo no está fundado ni motivado la causa legal contenida en la orden de aprehensión que se pretende ejecutar. Ahora, esta juzgadora considera que en el particular no se vulnera en perjuicio del quejoso el contenido artículo 16 Constitucional, en atención a las consideraciones siguientes. El artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." [.] No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la interpretación sistemática del contenido de los párrafos indicados del precepto transcrito, se obtiene que la resolución que ordena la aprehensión del imputado, debe reunir los siguientes requisitos: Constar por escrito; Que la emita la autoridad judicial competente; Que previamente a su emisión exista denuncia o querella; Que sea emitida respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho delictuoso. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Determinación que, a su vez, deberá estar debidamente fundada y motivada. Así las cosas, respecto al primer requisito anterior, debe constar por escrito, se encuentra satisfecho, ya que si bien es cierto el sistema procesal acusatorio del que deriva la orden de aprehensión reclamada, es predominantemente oral, también lo es que de acuerdo a las constancias remitidas por el juez responsable, que concuerdan con el disco óptico que remitió, se advierte la trascripción hecha de los puntos resolutivos de la resolución combatida, de ahí que la misma consta por escrito acorde al citado mandato constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 34/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". Asimismo, el segundo de los requisitos para la emisión de una orden de captura, consiste en que debe ser emitida por autoridad competente para resolver al respecto, lo que en la especie igualmente se encuentra cumplido, porque del análisis de la resolución reclamada, se advierte que contrario a lo expuesto por el impetrante de amparo, se emitió por el Juez de Control competente, en términos de los artículos 1° y 2° de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California; 6 del Código Penal, para el Estado de Baja California, así como 20, fracción I, 133, fracción I y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acorde con el decreto 288, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el once de junio de dos mil quince, mediante el cual, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, emitió declaratoria, mediante la cual declara que el Estado de Baja California incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado que los hechos acontecieron en esta capital, lugar donde ejerce jurisdicción. En cuanto al siguiente requisito atinente a la existencia previa de una denuncia o querella; en el caso, del mismo modo se encuentra cumplido, porque del contenido de la audiencia privada para solicitud de orden de aprehensión que la responsable acompañó a su informe justificado, se observa que entre los datos de investigación que el fiscal le hizo saber al juez, que dentro de la carpeta de investigación que ha venido integrando se encuentra la querella presentada por la parte ofendida, por los hechos relacionados con la posible comisión del delito de violencia familiar. Como cuarto requisito, acorde al citado precepto constitucional, referente a que el hecho que motivo la orden de aprehensión, esté señalado por la ley como delito, sancionado con pena privativa de libertad, en el caso a estudio se observa que se cumple con esta disposición, pues se advierte que la responsable emitió la orden de captura por los delito de violencia familiar equiparada, previsto en el artículo 242 ter, primer párrafo, fracción II, en relación con lo dispuesto por el numeral 242 bis, primer párrafo, ambos del Código Penal de Estado de Baja California, preceptos legales conforme a los cuales se advierte que dichos ilícitos se sancionan con privación de la libertad. Los siguientes requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, se analizarán a continuación, en función del deber de la autoridad de fundar y motivar la determinación que ordena la captura del imputado que se reclama. De ahí, que en el particular se satisface el requisito de que el acto de autoridad esté debidamente fundamentado y motivado (requisito de forma). Cierto, como quedó establecido con anterioridad fundamentar consiste en expresar con precisión el precepto legal aplicable al asunto y motivar es señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Una vez verificado que el acto de autoridad esté fundamentado y motivado (aspecto formal del derecho consignado en el artículo 16 constitucional), se debe examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material del referido derecho fundamental) del mismo. Es decir, se debe determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas). De ahí que se considere que, para que una determinación de autoridad colme la mencionada obligación constitucional, es menester que quien emita el acto plasme en el mismo los conceptos en los cuales, a su consideración, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Como se ve, el precepto constitucional reproducido, impone al juzgador que en caso de considerar que los datos que arroje la investigación realizada sean bastantes para establecer la comisión de un hecho delictuoso y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización, debe especificar con qué antecedentes (medios de convicción) se acreditan cada uno de ellos, el fundamento legal en que se apoye, los razonamientos que tuvo en cuenta para otorgarles valor probatorio, tanto para acreditar la existencia del hecho previsto en la ley penal, así como los datos de prueba que acreditan esta última y el grado de probabilidad en la comisión y/o participación en aquél -en amplio sentido- del imputado en el hecho. Es decir, la autoridad de instancia debe justificar la existencia de datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho determinado que la ley señale como delito y precisar con qué datos se logra la adecuación de lo abstracto a lo concreto, es decir, la existencia de un evento delictivo, y cómo es que llegó a la convicción de que el imputado probablemente participó en él. Lo anterior, no sólo para determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas que invocó como fundamento y, por ello, si se configuran o no esas hipótesis normativas, sino para que el inculpado conozca con precisión los hechos que se le imputan y los datos de prueba en que se sustentan y de ese modo, esté en aptitud de defenderse. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Además, encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada bajo el número de tesis 204, en la página 166, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, prevé diversas hipótesis para la emisión de una orden de aprehensión, consistentes en: Cuando el Ministerio Público advierta que exista la necesidad de cautela. Cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Cuando se pretenda detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal. Cuando se incumpla una medida cautelar. Sólo a través del cumplimiento de esas exigencias se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Precisado lo anterior, tenemos que la orden de captura que se impugna en el presente juicio de amparo cumple con los lineamientos de forma establecidos en el primer párrafo y tercer del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, analizado el acto de autoridad que se reclama, se observa que la autoridad responsable adecuadamente determinó que de la información proporcionada por el fiscal, se observa satisfecho el requisito constitucional para la emisión de una orden de aprehensión, referente a que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho delictuoso. En efecto, se advierte que el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, al dictar la orden de captura reclamada, consideró los siguientes datos que le fueron proporcionados por el Representante Social, en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión: -Querella de Sthefanie Tello Vargas de doce de abril de dos mil diecinueve. -Certificado médico de trece de abril de dos mil diecinueve, practicado por el médico Oscar Antonio Duran Cañedo. -Declaraciones de Mercedes Vargas Vargas y Lizbeth Lizardi Vargas, de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Los hechos anteriormente narrados son constitutivos del delito de violencia familiar equiparada. Por otra parte, respecto a la probable responsabilidad de que el imputado participó en la comisión del delito que nos ocupa, quedó demostrada con los mismos antecedentes que obran en la carpeta de investigación que fueron reseñados por el fiscal y destacados con antelación; antecedentes que resultan convincentes para acreditar la participación del imputado en la comisión de los hechos ya narrados a manera de probabilidad y que son constitutivos del delito de violencia familiar equiparada. Antecedentes de investigación que adecuadamente generaron convicción en el juzgador, para avalar la investigación realizada por el Agente del Ministerio Público, a efecto de obsequiar la orden de aprehensión solicitada. En efecto, la existencia del hecho considerado como delito de violencia familiar equiparada, por el que se emitió la orden de aprehensión, y hasta el momento procesal de la emisión de la orden de captura, se encuentra actualizado en la causa de origen. Así pues, con los datos de investigación a que se ha hecho referencia, como lo consideró el juez responsable, en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la sana crítica, de manera libre y lógica, se llega al convencimiento de que el hecho ilícito de mérito se encuentra acreditado, así como la responsabilidad de su comisión, pues como lo sostuvo el Juez de Control, se desprende que los elementos descritos fueron suficientes e idóneos para demostrar que el imputado agredió a la víctima. Al respecto, el juez responsable fundó y motivó debidamente la orden de aprehensión reclamada, por cuanto hace al inculpado, ahora quejoso, por lo que, contrario a lo señalado por éste, la responsable no violó los postulados del artículo 16 constitucional, al considerar que hasta ese momento procesal existe evidencia en la información proporcionada por el fiscal, en la audiencia para solicitud de orden de aprehensión, de la que se puede colegir válidamente que el imputado es probablemente autor material del hecho ilícito que aquí se examinó y que su participación en el mismo fue de manera directa y dolosa. Lo anterior, como lo consideró el juez responsable, atendiendo al resultado de valoración de los datos de investigación proporcionados por el fiscal local, de los que al ser valorados como lo hizo la responsable, de manera lógica, concatenada y atendiendo a las máximas de la experiencia, se llega al convencimiento que el ahora quejoso probablemente es la persona que participó en el hecho que se denunció; de ahí, que hasta este momento procesal se encuentra demostrado, que el quejoso probablemente participó en los hechos ilícitos que se examinan. En el mismo sentido, esta resolutora de amparo no advierte de la información proporcionada por el fiscal, que exista evidencia de la actualización de alguna causa de exclusión del delito o que excluya la responsabilidad penal del quejoso, que deba ser analizada oficiosamente en su provecho; por tanto, hasta este estado procesal, con la información con que contó el juez responsable, se encuentra acreditada la probable participación del quejoso en el hecho considerado como delito de violencia familiar equiparada, por el que se libró orden de aprehensión en su contra. Ahora bien, no obstante que el quejoso hace valer violaciones al artículo 14 constitucional, de las actuaciones del sumario no se desprende que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el criterio del más alto tribunal, esto es, que se haya aplicado en contra del promovente del amparo, en la emisión de la orden tildada de inconstitucional, una ley en forma retroactiva, pues las legislaciones en las que se fundamentó, se encuentran vigentes (Código Penal para el Estado de Baja California y Nacional de Procedimientos Penales); que no se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que la emisión de la orden de captura se ajustó a los lineamientos establecidos en la ley adjetiva aplicable, además, dicho mandato de captura se encuentra debidamente fundado y motivado. En estas condiciones, al encontrarse ajustada a derecho la orden de aprehensión reclamada, no es violatoria de derechos fundamentales que invoca el impetrante; por tanto, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la Secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Manuel Martínez Cortez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto y por los motivos expuestos en el séptimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando octavo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la Secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. En cumplimiento a la presente resolución, se giran los oficios siguientes: 20534, 20535, 20536, 20537, 20538 y 20539.

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