Estela Zarate Servin

Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
228/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Estela Zarate Servin

Actuaciones

  1. Principal

    Queda firme sobreseimiento fuera de audiencia. Archívese como totalmente concluído. Es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa *** el auto de fecha 24 de abril de 2018, en el que: "...Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y anexo, remitidos por la Primer Secretaria en Funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, Titular de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada de las constancias de notificación, realizadas a la parte actora Servicios e Insumos Institucionales del Noroeste de México, SINMEX Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, al Director General y al Subdirector, ambos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California, respecto a la resolución de doce de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 978/2017 de su índice; con lo cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 22). Ahora bien, concatenadas las constancias anteriores con las obrantes en autos, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, emitió resolución dentro del juicio contencioso administrativo 978/2017, el doce de abril de dos mil dieciocho, en la que resolvió sobreseer el juicio, misma que se encuentra notificada a las partes. Documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la ley de la materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Actuación, de la cual se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo consistente en la omisión de la autoridad responsable de no resolver en sentencia el juicio administrativo bajo número de expediente 978/2017, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. ". El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la abrogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ". Así las cosas, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa hace consistir su acto reclamado en la omisión por parte de la autoridad responsable, de resolver en sentencia el juicio administrativo bajo el expediente 978/2017; luego, del anexo remitido por la autoridad responsable, se aprecia que, como quedo precisado, emitió resolución en el expediente 978/2017, el doce de abril de dos mil dieciocho, debidamente notificada; lo que evidencia la cesación del acto aquí impugnado. Lo que implica que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su emisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si la omisión reclamada nunca se hubiese emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Magistrada Titular de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta municipalidad, acorde a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la legislación en cita. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico ". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. ". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, debiendo realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado (foja 8 reverso)...", lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se agrega informe justificado con vista a las partes. Se requiere a autoridad responsable remita copias certificadas.

  4. Principal

    VISTA LA DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA POR *****, SE ADMITE... LA PARTE QUEJOSA NO PIDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO SE ABRE EL INCIDENTE RESPECTIVO... SE REQUIEREN INFORMES JUSTIFICADOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE...SE FIJAN LAS 09:40 HORAS DEL 04 de mayo DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... SE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS A ***, ***, *** Y ****, EMPLÁCENSE AL PRESENTE JUICIO... SE TIENEN COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 A *** Y *** POR HABER ACREDITADO ENCONTRARSE LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO... DÉSE LA INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO... SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES...LAS PARTES PODRÁN ACCEDER ELECTRÓNICAMENTE PARA CONSULTAR ESTE EXPEDIENTE EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE DEBEN CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA EMITIDA O RECONOCIDA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA UNIDAD, Y SU REGISTRO EN EL SISTEMA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MI QUINCE... POR OTRA PARTE, HASTA ANTES DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA EMITIDA PODRÁ OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES...

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