Esther Avilés Suárez
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esther Avilés Suárez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica, por igualdad jurídica, en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue sobreseído; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al oficio 363-0, remite el original del escrito de ampliación de demanda promovido en los autos del juicio de amparo 1680/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Esther Avilés Suárez, en representación de su menor hijo de iniciales J.A.M.A., para que pueda ser tramitado como una demanda nueva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Esther Avilés Suárez, en representación de su menor hijo de iniciales J.A.M.A., contra actos del Coordinador Estatal Morelos del Operativo Correcaminos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, remitida con motivo de la ampliación de demanda, promovida por la parte quejosa con fecha seis de enero de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1680/2021, la cual se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que se tramitara como una demanda de amparo nueva e independiente; al respecto, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En principio, debe decirse que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de las autoridades señaladas como responsables de aplicar la vacuna contra la COVID-19, al menor de iniciales J.A.M.A.; sin embargo, constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad al numeral 2º de esta última, y conforme a la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", que el Gobierno Federal, desde el dieciséis de junio de este año, aperturó el registro de personas con 5 años o más sin comorbilidades, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: Asimismo, que en el estado de Morelos, ha comenzado la inoculación de menores que tengan cinco años o más sin comorbilidades, tal como lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud en el Estado, cuyas fechas y lugares son publicitados en sus sitios oficiales y en el portal oficial con hipervínculo https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/arranca-en-morelos-vacunacion-contracovid-19-menores-de-5-11-anos-de-edad. De lo anterior, se tiene que si bien los actos reclamados consisten en la omisión de las autoridades señaladas como responsables de aplicar la vacuna contra la COVID-19, al menor de iniciales J.A.M.A.; sin embargo, el juicio de amparo es improcedente debido a que, si bien subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la omisión de vacunar al adolescente quejoso, resulta inconstitucionales, ya que con ellos en sustancia se le impidió que como menor con diecisiete años de edad, accediera a dicho insumo al momento en que promovieron el juicio de amparo. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues actualmente el adolescente con diecisiete años de edad, sin comorbilidades, tiene acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la omisión reclamada por la parte quejosa también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. Ahora, en este punto es necesario precisar que, del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, si bien al momento de la promoción del juicio de amparo contaba con diecisiete años de edad, actualmente cuenta con dieciocho años, por lo que superó la mayoría de edad; por ende, se encuentra dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en este punto es necesario precisar que del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la fecha de nacimiento de la niña quejosa S.E.C.P., es el uno de julio de dos mil diez, por lo que actualmente cuenta con once años de edad; en consecuencia, se encuentran dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación." Por tanto, al haberse actualizado las causas de improcedencia en comento, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, por autorizados para los mismos efectos a las personas que propone; asimismo, se tiene por proporcionado el correo electrónico y número telefónico que indica para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, sin que se deba tener por autorizado como medio de notificaciones. 5).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, están en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesiten, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 8).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
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