Estela Torres Ochoa
Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Estela Torres Ochoa
- ESTELA TORRES OCHOA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica, el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés dictado en los autos del amparo en revisión 526/2023; por el que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el auto y/o resolución del once de octubre del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 466/2023 Parte quejosa: ********************todos de apellidos ********************. Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 466/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************todos de apellidos ********************, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: MAGISTRADO TITULAR DEL TRIBUNAL AGRARIO DISTRITO 49 CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL AGRARIO DISTRITO 49 CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DEL MAGISTRADO TITULAR DEL TRIBUNAL AGRARIO DISTRITO 49 CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS: AUTO PROCESAL DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS (sic), emitida dentro del juicio agrario 156/2017 por el MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 (sic), con residencia en Cuautla, Morelos, y notificado a través de SERGIO ADRIÁN MENDIETA ROJAS (sic), asesor jurídico de los suscritos en nuestro carácter de actores en lo principal y demandados reconvencionales. DEL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL AGRARIO DISTRITO 49 CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS. El haber negado a nuestro asesor jurídico constancias o documentos como lo es el dictamen rendido por la LIC. CELIA TERESA GALICIA GARCÍA (sic) al cual le recayó el número de folio 1749 del índice de la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, y que han sido agregados al expediente 156/2017, del juicio agrario de donde emana la resolución que se combate." (sic) 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 3. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió la demanda referida, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; asimismo, reservó proveer lo conducente respecto de la parte tercera interesada hasta en tanto obraran en autos los informes respectivos. De igual forma, en el citado proveído, no se tuvo con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, en atención a que su función se constriñe a dar fe de los actos de la referida responsable. Además, en el referido acuerdo le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, una vez rendidos los informes justificados por parte de la autoridad responsable, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceros interesados a Yolanda ********************, Julia Camargo Ochoa y a la Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario denominado Cuautla, del municipio de Cuautla, Morelos, por lo que se ordenó su emplazamiento por despacho, el cual fue efectuado para las dos primeras de las mencionadas el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, y respecto del núcleo agrario, este fue realizado por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado el veintisiete de junio del mismo año, de los cuales únicamente compareció a juicio y formuló alegatos la primera en mención. Finalmente, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional del presente juicio, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de determinaciones emitidas por un juzgado agrario, el cual tiene competencia en la circunscripción sobre la que ejerce jurisdicción este Juzgado. II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado [1] Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos. El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario sobre el mejor derecho a poseer 156/2017 del índice del Tribunal responsable, promovido por Estela, Lilia y Roberto de apellidos ******************** -aquí quejosos-, en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario denominado Cuautla, Yolanda ******************** y Julia Camargo Ochoa -aquí terceros interesados-, en el que no se tuvo por rendido el dictamen de la perito designada por la parte demandada, dado que a consideración del tribual responsable, no se ajustó a los términos en que fue admitida la pericial en cuestión, por lo que se ordenó agregar al expediente únicamente la primera foja del dictamen y guardar en el seguro del tribunal las fojas restantes, asimismo, se requirió a la perito designada para que rindiera el dictamen considerando los documentos precisados por el tribunal, sin que se acordara favorable la solicitud de los aquí quejosos de hacer efectivos los apercibimientos decretados en contra de la referida perito, bajo el argumento de que los solicitantes no formaban parte de dicho juicio. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable [1] Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se encuentra corroborado con las copias certificadas que remitió la autoridad mencionada, relativas al juicio agrario 156/2017, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de las cuales se advierte que obra el acuerdo reclamado. IV. Improcedencia en el juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario sobre el mejor derecho a poseer 156/2017 del índice del Tribunal responsable, promovido por Estela, Lilia y Roberto de apellidos ******************** -aquí quejosos-, en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario denominado Cuautla, Yolanda ******************** y Julia Camargo Ochoa -aquí terceros interesados-, en el que no se tuvo por rendido el dictamen de la perito designada por la parte demandada, dado que a consideración del tribual responsable, no se ajustó a los términos en que fue admitida la pericial en cuestión, por lo que se ordenó agregar al expediente únicamente la primera foja del dictamen y guardar en el seguro del tribunal las fojas restantes, asimismo, se requirió a la perito designada para que rindiera el dictamen considerando los documentos precisados por el tribunal, sin que se acordara favorable la solicitud de los aquí quejosos de hacer efectivos los apercibimientos decretados en contra de la referida perito, bajo el argumento de que los solicitantes no formaban parte de dicho juicio; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no sean de imposible reparación. Véase. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Empero, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo -que le imprimió el propio legislador-, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analicen las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Una vez expuesto lo anterior, el acto reclamado en el presente juicio consiste en la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 156/2017, relativo al juicio agrario sobre mejor derecho a poseer, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos, en el que la autoridad responsable acordó tres puntos: a) Tuvo por no rendido el dictamen de la perito designada por la parte demandada -aquí tercera interesada-, dado que no fue realizado como se indicó en diverso proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, es decir, para elaborar el respectivo dictamen, la perita tomó en cuenta otros documentos que no le fueron autorizados por la autoridad agraria responsable, en consecuencia, ordenó agregar a los autos únicamente la primera página del dictamen mencionado y las demás fojas del dictamen en cuestión se guardaron en el secreto del Tribunal responsable. b) Requirió de nueva cuenta a la perito designada por la parte demandada -aquí tercera interesada-, para que en el término de diez días rindiera su dictamen, tomando en cuenta los documentos señalados por el Tribunal responsable, con apercibimiento de imponerle una multa de veinte unidades de medida y actualización. c) Respecto del escrito marcado con folio 1865, signado por los aquí quejosos, -en el que solicitaron que se hicieran efectivos los apercibimientos a la perito designada por la parte demandada- determinó que no realizaría mayor pronunciamiento, en razón de que los signantes no forman parte de dicho asunto. Ahora bien, de lo anterior se puede observar que dicho acuerdo reclamado no tiene efectos de imposible reparación, sino en su caso, únicamente intraprocesales o adjetivos que pueden no trascender en el juicio de origen. Lo anterior, porque el hecho de que no se haya tenido por rendido el dictamen de la perito designada por la parte aquí tercera interesada y se le haya requerido de nueva cuenta para que lo rindiera en los términos requeridos por el tribunal responsable, además de que sólo se agregó la primera foja del mismo a los autos del expediente de origen, implica que la perito en mención vuelva a rendir su dictamen ajustándose a los puntos en que fue admitido por la autoridad responsable, del cual se les dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, continuando así el juicio natural en la etapa procesal respectiva, lo cual no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses de la inconforme, supuesto en el cual, podrá alegar las violaciones procesales conducentes. Además, si bien no se anexó la totalidad del dictamen respectivo al expediente de origen, lo cierto es que, ello fue consecuencia de que la perito no basó su opinión técnica en las constancias que le indicó el tribunal agrario responsable, lo que resultaba necesario para que el mismo se tuviera por rendido, sin que ello implique una afectación de los derechos sustantivos de los aquí quejosos, dado que el dictamen que fue resguardado en el seguro del juzgado no se encontraba ajustado a los términos en que se admitió dicha prueba, razón por la que se requirió de nueva cuenta a la perito en mención para que rindiera el dictamen, valorando los documentos señalados por el Tribunal responsable. De ahí que, será una vez que sea rendido el dictamen, en la forma requerida, que el tribunal responsable esté en condiciones de conceder vista a las partes para que manifiesten lo conducente; y, de no ordenarse en esos términos, los quejosos podrán hacer valer lo que a su derecho corresponda respecto al acceso que se les debe otorgar con el contenido de dicho dictamen, una vez que éste contenga las correcciones que el tribunal responsable solicitó subsanar a la perito designada; es decir, que se encuentre rendido en los términos solicitados. Incluso, la forma en que se desahogue dicha pericial, tampoco implica una vulneración a derechos sustantivos de los quejosos, puesto que la valoración de esa prueba será objeto de la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio agrario de origen, en donde se determinará el valor probatorio que se le conceda o no a ésta; y, los quejosos estarán en condiciones de impugnar lo determinado a través de los medios legales conducentes o hacer valer en el amparo directo lo que consideren les afecte respecto al desahogo de dicha probanza, como una violación procesal en caso de que trascendiera al resultado del fallo. De igual forma, no se inadvierte que otro perjuicio que los quejosos refieren resentir con el acto reclamado, deriva de que la autoridad responsable les desconoció el carácter de parte actora en el juicio de origen, al proveer sobre el escrito marcado con folio 1865, personalidad que efectivamente, como aducen los impetrantes sí tienen acreditada en el expediente agrario; sin embargo, tal actuación no constituye una afectación de sus derechos sustantivos o un acto de imposible reparación, ya que si bien no se acordó favorable la petición de efectuar los apercibimientos que solicitaron se aplicaran a la perito designada, lo cierto es que, la determinación esencial consistió en que no se tuvo por rendido el dictamen por no reunir los requisitos exigidos, por lo que no era factible hacerle efectivo el apercibimiento, en tanto que se le requirió de nueva cuenta para que lo ajustara conforme a los puntos en que fue admitida la pericial. Además, a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad de lo anterior, pues de las constancias remitidas por la autoridad agraria responsable, se advierte que la perito designada por la parte demandada -aquí tercera interesada- ya rindió el dictamen en cuestión, ajustándose a los términos requeridos por el tribunal responsable; es decir, analizó los documentos indicados en diverso acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, y el dictamen pericial fue agregado a los autos del juico agrario mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, con el cual la autoridad responsable dio vista a las partes, incluidos los aquí quejosos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera. Es decir, el tribunal responsable dio a conocer a las partes en el juicio de origen el citado dictamen, por lo que éstas, incluidos los aquí quejosos, están en condiciones de alegar los que consideren pertinente respecto de dicha opinión técnica; de ahí que, la determinación tomada en el acuerdo reclamado en el sentido de que los aquí quejosos no formaban parte del asunto, no trascendió en el juicio, pues una vez que fue rendido el dictamen pericial en la forma que se admitió -conforme a lo precisado por el tribunal responsable y subsanadas las deficiencias observadas-, su contenido se puso a disposición de las partes, para que hicieran valer lo que a sus intereses legales corresponda. E incluso, el acuerdo mediante el cual se tuvo por rendido el dictamen antes mencionado, fue notificado a los aquí quejosos el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por conducto de su asesor Sergio Adrián Mendieta Rojas, personalidad que le fue reconocida en acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete. De ahí que no se les privó de ningún derecho en forma material y presente a los quejosos, máxime que la autoridad responsable ya les dio vista con el dictamen que se ajustó a los términos en que fue admitida la pericial en cuestión, caso contrario sería en el supuesto de que no se les hubiere dado vista con el dictamen mencionado; sin embargo, ello no ocurre en el caso particular. En ese sentido, el acto reclamado, podrá impugnarlo en amparo directo, por tratarse meramente de una cuestión adjetiva, ya que la posible afectación se podría verificar en el eventual caso de que se obtenga un fallo adverso a los intereses de los quejosos; en ese supuesto podrán repararse las violaciones cometidas, de ser procedentes, a través del juicio de amparo directo que se promueva en su contra, conforme lo dispone el artículo 172 de la Ley de Amparo. Pues en caso contrario, la resolución de mérito, podría no dejar huella alguna en la vida jurídica de los quejosos, en tanto se dicte una sentencia en la que obtengan las prestaciones que pretenden o dependiendo del valor probatorio que se llegare a conceder a tal probanza pericial, al quedar así reparadas las violaciones y posibles perjuicios que pudieran causarse con el acto combatido a los aquí quejosos. Así, de un análisis de dichas hipótesis, es válido concluir que el acto reclamado no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que como ya se indicó, sólo tiene repercusiones intra procesales. Por último, con relación a las manifestaciones de la parte tercera interesada en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, por lo que es innecesario su análisis. En suma, al actualizarse la causa de improcedencia de estudio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, en cuanto a los actos de referencia. Así, con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por ********************todos de apellidos ********************, respecto al acto reclamado a la autoridad mencionada en el considerando II de la presente resolución, en los términos y por las razones precisadas en el considerando último de esta ejecutoria Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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