Esther Asela Lizárraga Lizárraga
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/07/2021
Partes del expediente
- Esther Asela Lizárraga Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo de quince días, recurso de inconformidad en contra de la determinación judicial de ocho de junio de dos mil veintiuno, en la cual se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo, párrafos tercero, cuarto y quinto; vigésimo quinto, párrafo segundo; y, vigésimo séptimo, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera1 , en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el 1 La parte quejosa y agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, fueron notificados personalmente el veintiuno de mayo del año en curso; por tanto, el plazo les transcurrió del veinticinco al veintisiete de mayo, sin contar los correspondientes días inhábiles. segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El ocho de abril de dos mil veintiuno, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Esther Asela Lizarraga Lizarraga, para los siguientes efectos: "[.] Sexto. Consecuentemente, al resultar violatorio de derechos fundamentales el acto reclamado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Esther Asela Lizarraga Lizarraga, para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, instruya al Actuario Notificador adscrito y practique de inmediato el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen. En el entendido, de que si al momento en que le sea requerida a la Junta responsable el cumplimiento del fallo concesorio, ya hubiese tenido verificativo la diligencia de que se la responsable deberá informar tal aspecto a este Juzgado, para que se provea lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia. Sin soslayarse que la impetrante de amparo reclamó en general la negativa por parte de la responsable de tramitar la contienda de origen dentro de los términos y plazos previstos por la legislación laboral, sin embargo, debe precisarse que los alcances de la concesión del amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, siendo en el caso, la falta de emplazamiento a juicio de la parte demandada. Sin que los efectos de esta sentencia de amparo puedan ser ampliados a actos diversos a los señalados en el anterior párrafo, es decir, a actuaciones subsecuentes; toda vez que el criterio jurisprudencial 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES."; ha sido abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo, dicha jurisprudencia ha dejado de ser obligatoria, adoptándose a su vez, el criterio en el cual los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro1, Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, página 732, cuya literalidad indica: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Se resalta, que si bien algunos de los criterios contenidos en las jurisprudencias y tesis transcritas con antelación, aluden a la anterior Ley de Amparo; sin embargo, sirven de sustento al contener los mismos principios de la Ley de la Materia vigente." En acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, al no haberse recurrido la sentencia protectora de derechos humanos, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, en auto de diecisiete de mayo último, dado que las autoridades antes mencionadas no dieron cumplimiento al requerimiento de veintisiete de abril último, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo. En cumplimiento lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de mayo del año en curso, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, mediante el cual, informó que: ¨[.] en virtud del emplazamiento efectuado por esta autoridad a Unus Universidad S.C., la moral referida y la quejosa celebraron convenio en fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se dio por concluido el juicio laboral 4594/2020-3C, convenio que fue debidamente cumplimentado en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, por lo cual, a fin de acreditar lo manifestado con antelación [..]" Lo que se corrabora con las documentales que anexó a su informe, consistentes en copia certificada de constancias relativas al juicio laboral 4594/2020-3C, formado por Esther Asela Lizarraga Lizarraga, en contra de UNUS Universidad, Sociedad Civil y otros. Dado que de las citadas constancias se advierte lo siguiente: 1. El doce de abril del año en curso, el actuario judicial adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, se constituyó en el domicilio en avenida Ocampo, número 2014, zona Centro, de Tijuana, Baja California, en busca de las partes demandadas UNUS Universidad, Sociedad Civil, y Quien resulte responsable de la Fuente de Trabajo o propietario de la fuente de trabajo y al no encontrar al representante legal de la misma, procedió a dejarle citatorio previo, para que el trece del mismo mes y año, lo espere a fin de llevar a cabo el emplazamiento a dichas partes; 2. Que, el trece de abril del año en curso, el Actuario Judicial de la Junta Laboral, hizo efectivo el apercibimiento, señalado en los citatorios de doce del mismo mes y año, por lo que llevó a cabo el emplazamiento de los demandados UNUS Universidad, Sociedad Civil, y Quien resulte responsable de la Fuente de Trabajo, por conducto de Beatriz Jiménez; como se advierte de las cedulas de notificación, obrantes de la foja cinco a la seis, del legajo de constancias que exhibió la autoridad responsable; 3. Que en audiencia de treinta de abril del año en curso, comparecieron Esther Asela Lizárraga Lizárraga, y, Octavio Aldahir Serrano Sánchez, en su carácter de apoderado legal de Unus Universidad, Sociedad Civil, en la cual celebraron un convenio, a fin de dirimir la controversia planteada en el juicio laboral 4594/2020-3C; 4. Que, en acuerdo de seis de mayo del dos mil veintiuno, se tuvo a las partes del juicio laboral 4594/2020-3C, dando cumplimiento al convenio celebrado en audiencia de treinta de abril último, y en consecuencia, se ordenó el archivo del expediente, por encontrarse totalmente concluido. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional determina que las autoridades responsables, han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró con las constancias mencionadas con anterioridad haber practicado el emplazamiento de Unus Universidad, Sociedad Civil (parte demandada) en el juicio laboral 4594/2020-3C de su índice. Y como consecuencia del emplazamiento de mérito, la parte demanda, compareció a juicio, y las partes celebraron un convenio judicial, el cual se tuvo por cumplido, y en consecuencia, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Así, de las de las constancias allegadas por la responsable se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Sin advertir que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, ni en repetición del acto reclamado; pues el primer caso se presenta cuando se extralimita, al ir más allá del alcance de la ejecutoria de amparo; en tanto que, en la segunda hipótesis, la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado en la ejecutoria, es decir, deja de hacer algo que se le indicó en la resolución de cuya ejecución se trata; y la última en mención, tiene lugar en aquellos casos en que, otorgado el amparo a la parte quejosa, la autoridad responsable insiste en la subsistencia de su determinación primigenia; aspectos que no se actualizan en el particular. Consecuentemente, se tiene por cumplida la sentencia dictada el siete de abril del año en curso, en el presente asunto; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada de las constancias que obran agregados en el juicio laboral ******************** respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Con lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a la parte quejosa así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido, que una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación alguna, procédase a resolver sobre el cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, para que rindan sus informes respecto al cumplimiento dado al fallo protector; no obstante de haber sido notificados del requerimiento que les fue formulado en ese sentido, en auto de veintisiete de abril del año en curso. Por tanto, a efecto de llevar a cabo el procedimiento para obtener el cumplimiento a la sentencia que concedió del amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, -por conducto de su Presidente-, y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, para que en un plazo de tres días, informen y remitan las constancias con las que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acrediten, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Hágase del conocimiento de la persona física que ocupa el cargo de la autoridad mencionada que aun y cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrán ser consignados en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Notifíquese
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