Estela Hernández García
Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- Estela Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en te´rminos de los arti´culos vigésimo primero, fraccio´n c), y vige´simo, fraccio´n II, inciso a), ambos del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó las suspensión provisional y definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este o´rgano jurisdiccional tres an~os, al te´rmino de los cuales debera´ seguirse los lineamientos establecidos en el u´ltimo pa´rrafo del arti´culo de´cimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, debera´ destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, ha´gase saber a las partes que una vez transcurridos tres an~os de archivado el incidente, se desintegrara´n materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violacio´n, el presente provei´do y dema´s que se consideren necesarios. Por lo tanto, se ordena estampar en la cara´tula del original del incidente de suspensio´n, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible". Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 81/2022-F, promovido por Estela Hernández García, contra actos del Juez Primero de lo Civil, en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado el tres del mismo mes y año, Estela Hernández García, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Civil, en esta ciudad y actuarios adscritos a dichos juzgados. Actos reclamados "De las autoridades Ordenadoras, A) B) C) D) E) F) G) H) I) reclamo el completo contenido de la sentencia definitiva dictada en autos del juicio ventilado a mis espaldas por el de nombre Emiliano Feliciano Santiago López, pues me han desalojado del inmueble que le compre y pague con dinero propio, donde la suscrita soy poseedora y propietaria de buena fe, y me han causado daños, de difícil e imposible reparación. De la autoridad Ejecutora J) K) L) LL) O) P) Q) R) S) reclamo la ejecución ya realizada de los actos que reclamo de las Ordenadoras, en especial, la desposesión que realizaron el día primero de febrero de 2022, lo cual causó a quien suscribe perjuicios de difícil e imposible reparación, pues me han desalojado del inmueble del cual soy poseedora y propietaria por haberlo adquirido de buena fe, y del cual pague su precio en su totalidad." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables los informes justificados, quienes lo rindieron oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados consisten en: La sentencia definitiva dictada sin haber sido oída y vencida en un juicio que desconoce, y como consecuencia el desalojo del bien inmueble identificado como lote 15, del rancho El Refugio, antes Rancho Santa Alicia, delegación Valle de las Palmas, de esta ciudad, con superficie de 10,000.00, metros cuadrados. Tercero. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No. Autoridad responsable Sentido 1 Juez Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California Niega. 2 Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Niega. 3 Juez Tercero de lo Civil Niega. 4 Secretario Actuario del Juzgado de lo Civil Tercero Niega. 5 Juez del Juzgado Quinto Civil Niega. 6 Secretario actuario de la adscripción del Juzgado Quinto Civil Niega. 7 Juez del Juzgado Sexto Civil con carácter provisional Niega. 8 Actuario del Juzgado Sexto Civil Niega. 9 Juez Séptimo de lo Civil Niega. 10 Actuario Séptimo de lo Civil Niega. 11 Juez Octavo Civil Niega. 12 Actuario adscrito al Juzgado Octavo Civil Niega. 13 Juez del Juzgado Noveno Civil Niega. 14 Actuario del Juzgado Noveno Civil Niega. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, no obstante de que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Sin que pase desapercibido que el Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, informó la existencia del expediente 1295/2007, relativo al juicio especial hipotecario promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la aquí quejosa; sin embargo, el bien inmueble que se ventila en dicho juicio es diverso al reclamado en esta vía constitucional. De igual forma, no pasa desapercibo lo informado por el Juez Segundo Civil, de esta ciudad, en cuanto a la existencia del expediente 1674/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, de notificación e interpelación judicial, promovido por Emilio Feliciano Santiago López en contra de la aquí quejosa; sin embargo, dicha autoridad negó los actos al no haber orden de emplazamiento alguno. Negativa que se hace extensiva a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de lo Civil, en virtud que manifestaron la existencia del Juicio Ejecutivo Mercantil 245/1996 promovido por Juan Manuel Serratos Valle, Juan Serratos García, Sergio Gutiérrez Aldana y Cynthia Verónica Castro Solorio, endosatarios en procuración de Sergio Gutiérrez Iñiguez ejercitando la acción cambiaria directa en contra de la quejosa Estela Hernández, sin embargo, dicho juicio no guarda relación con el acto que aquí se reclama pues se trata de la demanda de un pagaré, en el cual la parte actora obtuvo sentencia condenatoria procediéndose al embargo de un vehículo de motor y un órgano musical, lo cual como se anticipó no guarda relación con el acto que aquí se reclama. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, el Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con las constancias que anexó al mismo, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio 753/2019, de su índice, documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, registro 384182, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Antecedentes. Para mayor comprensión se citan los antecedentes del acto que se reclama. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por admitida la demanda presentada por Emilio Feliciano Santiago López, por propio derecho, demandando en la vía ordinaria civil, a Estela Hernández García, por las siguientes prestaciones: "PRESTACIONES: A).- La rescisión del contrato de compraventa, celebrado en esta ciudad de Tijuana, Baja California, en fecha 9 de abril de 2014, respecto del inmueble de terreno que forma parte de la Parcela L-15, inmersa en el predio mayor en el llamado Rancho el Refugio (antes Rancho Santa Alicia) delegación Valle de las Palmas, en el municipio de Tecate, Baja California, y el cual le fue entregado con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, del cual le fue entregada la posesión a la hoy demandada en la fecha de celebración del contrato mencionado. B) La desocupación y entrega material y jurídica del lote de terreno que forma parte de la Parcela L-15, inmersa en el predio mayor en el llamado Rancho el Refugio (antes Rancho Santa Alicia) delegación Valle de las Palmas, en el municipio de Tecate, Baja California, y el cual cuenta con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados. C).- El pago de intereses moratorios al tipo legal a partir del día veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que realice formalmente la interpelación del pago a la hoy demandada del total del adeudo del precio pactado por la compraventa, así como los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. D) El pago de gastos y costas que el presente juicio origine." Seguidamente, la parte demandada Estela Hernández García, fue emplazada a juicio el seis de junio de dos mil diecinueve. Posteriormente, dio contestación a la demanda entablada en su contra, pero en proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, se determinó que fue extemporánea tal contestación, por lo cual la quejosa fue declarada en rebeldía y únicamente se le tuvo por señalando domicilio y autorizando profesionistas. En proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada a fin de que señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso omiso, todas las notificaciones se harían por boletín judicial, incluyendo las de carácter personal, haciendo efectivo el diez de enero de dos mil veinte. Posteriormente, en tres de marzo de dos mil veinte, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, haciéndose constar la incomparecencia de la parte demandada, no obstante de su notificación. En diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el expediente número 753/2019, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Emilio Feliciano Santiago López, en contra de Estela Hernández García, en la que se resolvió: "RESUELVE: PRIMERO. Ha sido procedente la vía Sumaria Civil, intentada en este juicio, en el cual la parte actora EMILIO FELICIANO SANTIAGO LÓPEZ acreditó los elementos constitutivos de su acción, en rebeldía de la demandada. SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior se declara judicialmente la recisión del contrato de compraventa, celebrado por la partes contendientes de fecha nueve de abril de dos mil catorce, y que tuvo por objeto inmueble que forma parte de la parcela L-15, inmersa en el predio mayor en el llamado Rancho el Refugio (antes Rancho Santa Alicia) delegación Valle de las Palmas, en el municipio de Tecate, Baja California, y el cual cuenta con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte 101.211 metros con el resto de la parcela antes descrita; al sur 99.923 metros con la denominada parcela L-16, al este 89.575 metros con parcela L-12, más 16.418 metros con parcela L-13 y al este 97.944 con la convencionalmente denominada calle Félix Becerra Gómez. Asimismo, se CONDENA a la demandada por la restitución y desocupación del inmueble materia de la compraventa ya identificado en líneas precedentes. TERCERO- Se CONDENA a la demandada ESTELA HERNÁNDEZ GARCÍA al pago en favor de la parte actora por el uso del inmueble materia de la rescisión, de un alquiler o renta que se computará desde el día que entró en posesión física y jurídica la enjuiciada, hasta el día de la restitución del mismo, y que en ejecución de sentencia deberán fijar peritos en la materia, lo anterior con fundamento en el artículo 2185 del Código Civil. CUARTO. Se CONDENA a la parte actora a restituir en favor de la parte demandada ESTELA HERNÁNDEZ GARCÍA la cantidad recibida a cuenta del precio de la operación de compraventa ahora rescindida. QUINTO.- Se CONDENA a la parte actora a pagar en favor de la demandada los INTERESES LEGALES que haya generado la cantidad entregada por la demandada por concepto de enganche y parcialidades o abonos del precio del inmueble materia de la rescisión, en términos del considerando VII, lo anterior con fundamento en el artículo 2185 del Código Civil. SEXTO.- Se CONDENA a la parte demandada ESTELA HERNÁNDEZ GARCÍA, a pagar en favor de la parte actora la cantidad que resulte por concepto de INTERESES MORATORIOS generados a partir del día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, mismo que serán liquidados en ejecución se sentencia al tipo legal. SEPTIMO.- Se concede a las partes un término de CINCO DÍAS hábiles contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, para que cumplan voluntariamente con la misma. OCTAVO.- Toda vez que en el presente juicio cada uno de los litigantes fue vencido y vencedor en parte, las costas se deberán compensar mutuamente." En veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva, y en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se procedió a la ejecución forzosa de la misma, librándose exhorto al Juez competente de Tecate, Baja California, para que en auxilio y por comisión del Juez Cuarto Civil, se sirviera ordenar al Secretario Actuario de su adscripción a fin de que pusiera en posesión material y jurídica a la parte actora Emilio Feliciano Santiago López del inmueble descrito en el resolutivo segundo de la sentencia dictada, autorizando el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser estrictamente necesario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción II y artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles, exhorto que fue diligenciado el uno de febrero de dos mil veintidós. Sexto. Causas de improcedencia. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se advierte que en la especie, se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente manera: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días. La referida regla que establece el plazo de quince días como término procesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se precisan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que prevé el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Por otra parte, sobre la causa de improcedencia a que se alude, resulta oportuno citar la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página trescientos sesenta y cuatro, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 219095, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." El criterio que antecede y que se considera afín a la Ley de Amparo vigente, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: Un acto de autoridad. Una persona afectada por tal acto. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, en el caso en estudio, la quejosa reclama la sentencia definitiva dictada sin haber sido oída y vencida en un juicio que desconoce, y como consecuencia el desalojo del bien inmueble identificado como lote 15, del rancho El Refugio, antes Rancho Santa Alicia, delegación Valle de las Palmas, de esta ciudad, con superficie de 10,000.00, metros cuadrados, sin embargo, de autos se advierte que la quejosa se hizo sabedora del juicio ordinario civil 753/2019, del índice del Juzgado Cuarto Civil, del Partido Judicial de ciudad, interpuesto por Emilio Feliciano Santiago López, ya que fue emplazada a juicio el seis de junio de dos mil diecinueve, y dio contestación a la demanda entablada en su contra, ello en proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve. Al respecto, cabe destacar que no escapa a consideración del suscrito Juzgador la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el uno de febrero de dos mil veintidós -por haberle informado sus vecinos la desposesión del bien inmueble-, tuvo conocimiento del acto reclamado; en cambio, contrario a lo señalado por la parte quejosa, de las constancias que integran el juicio 753/2019 remitido por la responsable, se advierte que presentó escrito de contestación de demanda, ello con motivo del emplazamiento que le fue practicado. Consecuentemente, de la objetiva intelección de dichos medios de convicción, en la especie se desvirtúa la procedencia del amparo, conforme lo prevé la fracción VI del artículo 107 del ordenamiento en cita, en el que se estipula que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas, se concluye que la quejosa perdió ese carácter. Atendiendo la definición de "persona extraña", cuya naturaleza es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material y que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; o bien, que habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley, siempre y cuando desconozca las actuaciones respectivas. Sin embargo, como se expone en párrafos supra, la quejosa compareció a dicho procedimiento, lo que se corrobora con las documentales señaladas de las cuales se comprueba que es parte en un juicio, por lo que si luego promovió el presente juicio de amparo indirecto, ostentándose como tercero extraño al mencionado procedimiento de origen, no puede tener la calidad de persona extraña, al haber comparecido ante dicha autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY" En efecto, tales circunstancias robustecen que la accionante del amparo compareció al procedimiento origen de los actos reclamados tuvo conocimiento de los mismos; por consiguiente, esto es suficiente para concluir que en el caso no puede alegar desconocimiento de las actuaciones, ni falta de notificación y su ilegalidad como una persona extraña a ese procedimiento, pues se desprende que se integró a la relación procesal toda vez que compareció a defender sus intereses al contestar la demanda de amparo entablada en su contra en la controversia primigenia. Por ende, si quien es parte en un procedimiento, comparece al mismo y luego promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercero extraño a dicho procedimiento de origen, como se dijo previamente es desacertada la consideración que la quejosa estima le asista la calidad de persona extraña al procedimiento, al haber comparecido al mismo, como se define en la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes invocada. Así las cosas, quedó demostrada que no es una persona inaudita para efectos de la controversia de la que emana el acto reclamado. En tales circunstancias, toda vez que tuvo pleno conocimiento del acto reclamado, así como las consecuencias jurídicas que produce el incumplimiento de las determinaciones de la autoridad judicial y aun así mostró una actitud pasiva al no instar a diversos medios de impugnación, sino hasta el presente juicio de amparo. Adicionalmente, las actuaciones reclamadas a las autoridades que señaló como responsables, son consecuencia directa de aquellas que consintió tácitamente; por ende, atendiendo la temporalidad en que ocurrieron, el plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, es inconcuso que al menos desde en el escrito que la quejosa se pronunció en relación con el escrito de demanda, a través de la contestación, -nueve de julio de dos mil diecinueve- a la fecha en que ocurrió a presentar la demanda de amparo -tres de febrero de dos mil veintidós-, revela que es extemporánea la misma, ya que rebasó en demasía el término de quince días, de ahí que se consume el consentimiento tácito del acto combatido. En tales condiciones, al actualizarse de manera patente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por el precepto 63 fracción V de la propia ley, máxime que en el caso no se está en algún supuesto de excepción previsto por alguna de las fracciones del numeral 17 de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee a foja doscientos ochenta y seis, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." De igual forma, resulta aplicable la tesis II.1º.88 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito4, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." Finalmente, dado el sentido del presente fallo, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registrada bajo el número 239006, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo antes expuesto, y con apoyo además en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Estela Hernández García, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de ésta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, aún no transcurre a la parte quejosa el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsables, mediante proveído de veintisiete de abril último. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil veintidós, para la celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio remitido por las autoridades responsables, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado el once de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias solicitadas; en consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con el informe de cuenta, en el entendido que las documentales que remite, quedan a su disposición en la secretaria correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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