Estela Zarate Servin

Expediente 706/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
706/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Estela Zarate Servin

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio promovido por E****; consecuentemente, se declara que la misma ha causado ejecutoria.... archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Téngase recibido el informe justificado que rinde el Subdirector General de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, al que anexa original de su oficio 499 de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dirigido a E.... Atento a su contenido, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen designados delegados y domicilio de la oficiante. Ahora bien, conviene recapitular que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de contestación a su escrito recibido el trece de agosto de dos mil dieciocho, por el Subdirector General de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del Gobierno del Estado de Baja California. De acuerdo con ello, el análisis del informe justificado de cuenta y su anexo permite advertir que durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, en relación con la solicitud de información que hizo la quejosa ante el Subdirector General de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del Gobierno del Estado de Baja California en trece de agosto de este año, del informe con justificación se desprende que a través del oficio 499 de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Instituto responsable contestó la petición formulada en la medida que indicó los métodos para accesar a ella, y ante quien debe de efectuar los trámites correspondientes, la cual se estima congruente con lo solicitado. Instrumento en el que también se advierte que obra firma de recepción, en fecha veintiséis de octubre de esta anualidad, al que anexa razón de notificación de la misma data, en la que la responsable asentó que la diligencia la atendió ... autorizado de la aquí quejosa para oír y recibir notificaciones. Documental a la que se atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -diez de octubre de dos mil dieciocho-, el Instituto responsable había omitido dar contestación a la petición que por escrito le formuló la quejosa, en contravención del derecho de petición tutelado por el artículo 8 constitucional, tal afectación a la esfera jurídica de la gobernada cesó una vez que se le entregó el original del oficio 499 de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, que contiene la respuesta al ocurso base de la omisión reclamada. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse la existencia de respuesta emitida por la autoridad responsable con relación a la petición que formuló la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que el sobreseimiento decretado implique inobservancia a la jurisprudencia 2a.J./ 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, toda vez que en el caso se actualiza el caso de excepción para ello, es decir, por cuanto una vez que el quejoso tiene conocimiento de la respuesta recaída a su petición, en caso de estimarlo insuficiente a su interés, tiene expedito su derecho para acudir ante la instancia correspondiente a impugnar dicho acto. Sobre el particular, sirve de sustento la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo II, Décima Época, página 898 Registro 2011948, que señala: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta que firma la quejosa Estela ......., mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto de once de octubre del presente año y manifiesta que promueve la demanda de amparo únicamente por su propio derecho, anexando copias del escrito aclaratorio, a fin de estar en posibilidades de correr traslado. Admisión. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 107, 108, 112, 113, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Estela Zarate Servín; háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incidente de suspensión Sin que sea el caso de formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Intervención al Agente del Ministerio Público. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Informes justificados y audiencia constitucional Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de amparo, solicítese a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado dentro del plazo de quince días, y remita adjunto al mismo copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalentes a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente al día siguiente, en el entendido de que se han señalado las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la ocursante, ofreciendo prueba documental, consistente en escrito dirigido al Subdirector General de Administración y Apoderado Legal del Instituto de Servicios de Salud Pública del Gobierno del Estado de Baja California, con sello de recibo de trece de agosto de dos mil dieciocho, por la Dirección de Administración Mexicali, Baja California del instituto en mención, la cual se relacionará en la audiencia constitucional respectiva. Prevención de causales de sobreseimiento Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este Juzgado, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Prevención de inexistencias Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, fracción III de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, sin mayor trámite se tendrá como inexistente, suspendiendo toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Notifíquese.

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