Estela Maribel García Velázquez
Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Estela Maribel García Velázquez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 312/2023, de su índice; por tanto, fórmese el cuaderno incidental respectivo.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha siete de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el oficio y anexos de cuenta remitidos por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica la determinación de separación de juicios decretada el uno de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 312/2023 de su índice y, al efecto, envía copia certificada de las actuaciones que integran dicho asunto; fórmese el expediente físico y electrónico bajo número 702/2023-2. Acúsese el recibo de estilo. En ese contexto, vistas las consideraciones expuestas en el oficio de cuenta, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto promovido por Estela Maribel García Velázquez contra actos del Juzgado Sexto Civil de esta ciudad y de otro autoridad y, en ese sentido, se convalidan las actuaciones practicadas en el juicio de amparo 312/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y se ordena continuar con el trámite respectivo. Ahora bien, toda vez que del expediente remitido por la autoridad oficiante se advierte que se ordenó la formación del incidente de suspensión, solicítese atentamente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, que de no existir inconveniente legal alguno, remita el cuaderno incidental. Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas y para un mejor manejo del expediente, fórmese un tomo de pruebas. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, su aclaración y las constancias que obran en autos, se advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento practicada el quince de febrero de dos mil veintitrés en el juicio de origen, que se atribuye a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que de las constancias se desprende que el juicio de origen aún no ha concluido y, por tanto, la quejosa está en aptitud de integrarse a la relación jurídico procesal y agotar los medios ordinarios de defensa que correspondan, por lo que es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. El numeral invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como se ve, el precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional reclamando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto contenga para que estén a disposición de la interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda y su aclaración, se desprende que la quejosa reclama la diligencia de emplazamiento practicada el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 68/2023, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad. Luego, de las constancias que integran el expediente de origen se desprende que la promovente del amparo es parte formal en el juicio de origen, pues la acción respectiva se intentó en su contra, de manera que le reviste el carácter de demandada; asimismo, se advierte que aún no se ha emitido sentencia definitiva en el juicio de origen, por lo que se concluye que no le reviste la calidad de tercero extraña por equiparación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, tomo uno, libro XXIII, agosto de dos mil trece, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004274, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Por tanto, es evidente que la parte quejosa está en aptitud de integrarse a la litis de origen e impugnar el emplazamiento que le fue practicado a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto en los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que indican: "Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha." "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. "Artículo. 78.- Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se fallarán en la sentencia definitiva." Es oportuno destacar que, aun cuando pudiera suponerse que si el amparo se pide precisamente porque la parte quejosa alega ilegalidad en el emplazamiento que se le efectuó como parte formal en el juicio de origen, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que la parte promovente manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, lo cierto es que ello únicamente es válido cuando existiendo los recursos en cuestión, la parte quejosa no estaba en posibilidad de intentarlos. Es decir, la sola circunstancia de que la parte afectada con dicho acto no haya sido emplazada legalmente, no basta para que quede liberada del deber de agotar el recurso correspondiente, sino que es necesario, además, que la falta del emplazamiento le haya impedido precisamente agotarlo, y es claro que el supuesto ilegal emplazamiento en cuestión no hace imposible a la parte quejosa la promoción del incidente de nulidad de notificaciones que establecen los numerales antes invocados, ya que tuvo conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de dictarse la sentencia relativa. Por tanto, atendiendo a que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente cuando se reclama la falta de emplazamiento legal en un juicio en el que ya se dictó la sentencia correspondiente y que, por el contrario, dicho medio extraordinario de defensa constitucional es improcedente en el caso en que la parte quejosa tenga conocimiento de tal infracción antes de que se dicte sentencia definitiva; resulta claro que, como se anticipó, el medio idóneo para impugnarlo es el incidente de nulidad de notificaciones que se promueva en contra del emplazamiento en el cual tendría la posibilidad de defenderse y aportar las pruebas conducentes a fin de demostrar la ilegalidad que afirma contiene tal actuación y, en su oportunidad podría obtener que dicha diligencia sea anulada. Asimismo, aun cuando la ilegalidad de un emplazamiento es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos fundamentales, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, los que, en el caso, pueden ser impugnados, se itera, mediante el incidente de nulidad de notificaciones relativo, en el que en los argumentos respectivos puede alegarse el ilegal de emplazamiento a juicio así como aportar las pruebas que estime conducentes. Aplicada a contrario sensu, en lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, tomo uno, libro VI, marzo de dos mil doce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000348, que señala: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce. Nota: La presente tesis interrumpe parcialmente los criterios sostenidos en las diversas 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de rubros: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.", "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." y "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL.", que derivaron de la contradicción de tesis 6/92 y que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octava Época, octubre de 1992, páginas 15, 16 y 17, respectivamente. La tesis de jurisprudencia P./J. 18/94 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, Octava Época, junio de 1994, página 16. Consecuentemente, es claro que, previo a instar en esta vía constitucional, la quejosa estaba obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que correspondiera en contra del emplazamiento al juicio natural, pues no se surte el supuesto de procedencia del juicio constitucional establecido en el artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, respecto del diverso acto reclamado consistente en el auto emitido el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se admitió la demanda que dio origen al juicio ordinario civil 68/2023, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un acto de imposible reparación. Los preceptos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer en el recurso o medio de impugnación procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro siete, junio de dos mil catorce, tomo I, visible en la página treinta y nueve, de rubro: ""PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, en el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa reclama el uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 68/2023, en el cual se admitió la demanda interpuesta por Refugio Ramírez Rubio, en contra de la aquí quejosa y otro. Actuación que, por su naturaleza y consecuencias jurídicas, no puede considerarse como aquellas de imposible reparación, pues su efecto, a saber, someter a la parte quejosa a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrá la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que -no obstante dicha determinación- la parte quejosa podría obtener un fallo favorable a sus intereses y, aun cuando ello no ocurriera, estaría en aptitud de hacer valer dicha circunstancia como violaciones procesales en el juicio de amparo directo que, en su caso, promoviera. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, libro XIII, octubre de dos mil doce, página 942, Novena Época, registro 2001820, de rubro y contenido siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó. De igual forma, la tesis aislada 2a. CIII/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, página 1098, Décima Época, registro 2007574, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." En tales condiciones, al estar demostrado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V -interpretado a contrario sensu- de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y proporcionando datos para establecer comunicación no procesal y facilitar el proceso de notificación. Tercero interesado Por lo que hace al tercero interesado Refugio Ramírez Rubio, se reitera en sus términos el contenido del acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, en el que se le tuvo designando autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para recibir notificaciones e imponerse de autos y señalando domicilio procesal. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Exhortación para uso de medios electrónicos. Se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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