Estela Martínez Mendoza

Expediente 229/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
229/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Estela Martínez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tomos de pruebas. Por otra parte, como esta ordenado en auto de dieciséis de junio pasado dictado en el juicio de amparo 658/2022 de esta estadística, remítase los dos tomos de pruebas que obran por separados relativos al juicio agrario 4/2010 del índice de la autoridad responsable, ello por tener relación con los actos que en el mencionado juicio se reclaman. Notifíquese.

  2. Principal

    "En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por Estela Martínez Mendoza; (ii) auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, donde se remitió por conocimiento previo la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado; (iii) auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se planteó consulta ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que determinara a que órgano debía fincarse la competencia para conocer de la demanda de amparo origen de este expediente; (iv) auto de veintinueve de marzo de este año, por el cual se tuvo a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informado que este Juzgado es competente para conocer del presente asunto y en razón a ello se admitió a trámite la demanda, ordenándose el emplazamiento de los terceros interesados; (v) informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21; y, (vi) constancias de emplazamiento de los terceros interesados Wilebaldo Gabriel Merino Martínez, Inocente Velasco Pacheco y Adelina Merino López. Acto seguido, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y toda vez que no existen actuaciones pendientes de desahogar, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase la Secretaria hace constar la ofrecida por la parte quejosa consistente en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; asimismo, la ofrecida por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado consistente en todo los actuado dentro del juicio agrario 04/2010, que obra en dos tomos de pruebas por separado. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas, con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan por su propia y especial naturaleza. Y en virtud que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 229/2022, promovido por Estela Martínez Mendoza. ANTECEDENTES La quejosa al narrar los antecedentes del acto reclamado manifiesta que es parte codemandada en el juicio agrario 4/2010 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21. Asimismo, que seguido de todas las etapas y formalidades del procedimiento agrario mencionado la responsable dictó sentencia el catorce de agosto de dos mil diecinueve, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en el amparo directo 200/2020. Que mediante auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal responsable, ordenó el cumplimiento voluntario de la sentencia agraria, realizando el apercibimiento que en caso de ser omisa la aquí quejosa se ordenaría la ejecución forzosa del fallo. Aduce que a pesar de buscar a su contraparte -aquí terceros interesados-, para dar cumplimiento a la sentencia agraria, estos intentos fueron infructuosos. Dado que no se realizó de manera voluntaria la ejecución del fallo, el Magistrado de dicho órgano unitario ordenó la ejecución forzosa de la misma mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, auto que aduce fue notificado el uno de febrero de dos mil veintidós en un domicilio distinto al que señaló procesalmente. Asimismo, indica que la diligencia de diez de febrero de este año, no le fue notificada en su domicilio procesal. Por lo que ante tales actuaciones que la parte quejosa estima violatorias de su esfera jurídica acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Estela Martínez Mendoza, presentó un escrito el veinticinco de febrero de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Magistrado y actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinticinco de febrero de este año, y por auto de veintiocho de febrero siguiente, este órgano jurisdiccional radicó la demanda y la registró bajo el expediente 229/2022, y declinó competencia en favor del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, al estimar actualizada una causal de relación por conocimiento previo. Por auto de ocho de marzo siguiente, se planteó consulta ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, no aceptó el conocimiento de la misma. Una vez resuelta la consulta la mencionada comisión determinó que este Juzgado de Distrito era legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Estela Martínez Mendoza y por tanto en auto de veintinueve de marzo siguiente se admitió a trámite la misma; asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia agraria y las autoridades responsables tienen su residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como actos reclamados los siguientes: Del magistrado del Tribunal Unitario Agrario distrito 21, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez: La falta de notificación del auto en el que se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el juicio agrario 04/2010. Del actuario ejecutor adscrito al Tribunal Unitario Agrario distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez: La notificación de uno de febrero de dos mil veintidós, derivada del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 04/2010. La diligencia de ejecución de sentencia que se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil veintidós, con la consecuente entrega del inmueble materia de la litis agraria a la parte actora en el juicio 04/2010, derivado de que no fue notificada legalmente de la misma. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, negó la existencia de los actos reclamados, no obstante que haga manifestaciones en relación a justificar el actuar que se le reclama; sin embargo, es necesario precisar que tales actuaciones no comprenden parte de sus facultades como autoridad. Pues la emisión de las notificaciones practicadas en un juicio agrario no forma parte de sus atribuciones, en términos del artículo 24 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que dispone: "Artículo 24.- Los actuarios tendrán las obligaciones siguientes: I.- Recibir las actuaciones que les sean turnadas, y practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los tribunales. II.- Devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes; y III.- Llevar el libro en el que se asienten diariamente las diligencias y notificaciones que llevan a cabo." De dicha transcripción se obtiene que sólo el actuario, quien también es señalado como autoridad responsable en este juicio, tiene la obligación de practicar las notificaciones y diligencias ordenadas en la tramitación de los juicios agrarios. Por lo que, ante esta circunstancia, al no existir elemento de prueba que desvirtúe lo expuesto, cobra firmeza el contenido del referido informe justificado; por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, el actuario ejecutor adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, no rindió informe justificado, no obstante haber quedado notificado de la petición del mismo mediante oficio 10375/2022, recibido el treinta de marzo de dos mil veintidós, con el folio 1504, como se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. Certeza que se corrobora con lo manifestado por la responsable ordenadora en su informe justificado y con las constancias que remitió como anexo al mismo, del que se advierte la existencia del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en donde se ordenó la ejecución del fallo, así como de la notificación por instructivo practicada a Estela Martínez Mendoza, el uno de febrero de dos mil veintidós, y la diligencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se ejecutó la sentencia agraria. Constancias que acompañó a su informe justificado el Magistrado responsable, consistentes en las actuaciones que conforman el juicio agrario de origen 04/2010, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. VII. OPORTUNIDAD. La demanda de amparo, fue presentada oportunamente, pues la quejosa adujo tener conocimiento de los actos materia de la Litis constitucional el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, fecha en que su asesor jurídico compareció ante el local del Tribunal responsable, y el escrito de demanda lo presentó el veinticinco de febrero de este año, lo que implica que se encontraba dentro del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, el que trascurrió del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós, por lo que la presentación fue oportuna. VIII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107 fracción V y VI ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: [.] Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" La interpretación del referido precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando: a) El acto reclamado sea una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. Tal disposición regula el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El principio de definitividad, encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, claro, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Principio en el cual se exceptúa ciertos casos, como es en el que la parte quejosa sea tercero extraño a juicio, ello de conformidad con lo dispuesto con el artículo 107, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo indirecto solo procede respecto de actos dentro del juicio sólo cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando se afecte a persona extraña al juicio. Reseñado lo anterior, es menester precisar que el acto reclamado por la quejosa consiste en la notificación de uno de febrero de dos mil veintidós, derivada del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 04/2010, en el cual ella es parte demandada. Ahora bien, para evidenciar la causal de improcedencia que se estima actualizada es necesario citar lo que a la letra exponen los artículos 2° y 167 de la Ley Agraria: "Artículo 2°.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate." "Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente." De los dispositivos legales transcritos, se advierte que supletoriamente a la Ley Agraria se aplicara la legislación federal que al caso en concreto sea aplicable, además de abundar que el Código Federal de Procedimiento Civiles es la ley que supletoriamente en casos que fuere indispensables completar la citada legislación agraria. Por tanto, para impugnar las notificaciones en materia agraria, resulta aplicable de manera supletoria, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del artículo antes citado, en lo que interesa, se advierte que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevista por la legislación o si ésta se omitiere, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Por lo que de conformidad con el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley Agraria, en términos de los artículos 2° y 167 de esta última legislación, procede el incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de uno de febrero de dos mil veintidós, reclamada. Como se adelantó, este juzgador considera que, respecto del acto reclamado, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa que en el caso lo constituye el incidente de nulidad de notificaciones en contra del acto reclamado, de manera previa a que acudiera a esta instancia constitucional. El precepto citado consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, consistente en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o nulificados; ello, con las excepciones contempladas en el mismo numeral y que en el caso no se ubica la parte quejosa pues no es tercera extraña a juicio, supuesto en el que podría haber acudido al juicio de amparo sin que previamente hiciera uso del medio de defensa ordinario citado. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 28/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 467, del Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189290, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento." Sin que se esté en el caso de considerar la excepción al principio de que se trata, pues la interpretación que al respecto se ha hecho del último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a la exégesis adicional o insuficiencia de fundamento legal, queda superada, aunado a que sobre el tema existe jurisprudencia que aclara el tópico, como ocurre en la especie. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, Décima Época, Materias(s) Común, del contenido siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." IX. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en los apartados V y VIII de este fallo. Determinación que se hace extensiva al diverso motivo de disenso que la quejosa hizo consistir en la diligencia de ejecución de sentencia que se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil veintidós, con la consecuente entrega del inmueble materia de la litis agraria a la parte actora en el juicio 04/2010, puesto que la misma no se reclamó por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo derivar de que no fue notificada legalmente de la misma, razón que le impidió asistir a defender sus derechos. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********** por las consideraciones expuestas en los considerandos V y VIII de esta resolución Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso se tuvo a la Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zaachila, Oaxaca, devolviendo diligenciado el despacho con número de orden 70/2022, del cual se advierte que el dieciséis de mayo pasado, el referido órgano emplazó a juicio a la tercera interesada Adelina Merino López. Por tanto, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo para que la referida tercera se apersone a este juicio y señale domicilio para que se le practiquen las notificaciones, lo que torna jurídicamente imposible la celebración de la audiencia constitucional prevista para esta fecha; en consecuencia, se difiere la referida audiencia y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de veinticinco de marzo de este año, se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca para que de no tener inconveniente legal alguno dentro del plazo de tres días, siguiente a aquel en que surta la notificación respectiva devuelva el despacho 75/2022, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado emplazara a juicio a la tercera interesada ********************. Por lo que, para dar margen a que la autoridad despachada sea notificada y remita la comunicación oficial de mérito, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano