Estefanía Gutiérrez López

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Estefanía Gutiérrez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando se sobreseyó en este juicio de amparo, lo cierto es que en el proveído de doce de marzo del año en curso, se otorgó a la justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos combatidos, la sentencia y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Felipe Hernández López, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 256/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo y el acta de la diligencia en donde la ratificó; (ii) el auto de quince de marzo del año en curso, en donde se admitió a trámite el escrito inicial; y, (iii) el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A continuación, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con un oficio presentado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Jefe de Unidad Jurídica de esa dependencia, al que se adjuntan copias fotostáticas certificadas de diversas documentales, el cual se registró con el folio 3695. Conste. Al respecto, el Titular de este órgano jurisdiccional acuerda: Agréguense las documentales señaladas al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, expone que remite copias certificadas de diversas actuaciones para demostrar lo que expuso en su informe justificado. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la citada autoridad por anunciadas las documentales que exhibe como complemento de su informe su informe con justificación, el cual se recibió el treinta de los corrientes. Enseguida, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y dispone la apertura del período probatorio. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que el Juez Cívico del Primer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al requerimiento de veintisiete de los corrientes remitió copia certificada de la boleta de libertad de doce de marzo pasado; por otro lado, la responsable Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de la capital de esta entidad federativa anunció diversas documentales. En tal sentido, las probanzas descritas se admiten, se reciben y se desahogan en razón de su propia naturaleza, conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo, por lo que al no existir más medios probatorios que relacionar se cierra este período y se apertura el diverso de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no ejercieron su derecho de alegar, por lo que se cierra dicho período. Luego, al no existir alguna diligencia pendiente de realizar, se concluye la presente audiencia procediéndose a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 256/2023 promovido por *** en contra del acto reclamado a la autoridad que posteriormente se indicará. I. ANTECEDENTES 1. El doce de marzo de dos mil veintitrés, Agentes de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pusieron a disposición del Juez Cívico en Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de esa localidad a Estefanía Gutiérrez López, porque incurrió en una falta administrativa al conducir un vehículo en estado de ebriedad, por lo que en la propia data el Juez Cívico del Tercer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó su arresto y dispuso que fuera internada en los separos preventivos de esa institución de seguridad pública. 2. El doce de marzo de dos mil veintidós, el Juez Cívico del Primer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de la capital de esta entidad federativa, en acato a la suspensión de oficio y de plano que fue concedida a la inconforme ordenó ponerla en inmediata libertad, lo que se materializó en la propia fecha a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos. 3. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. El doce de marzo de dos mil veintitrés, Armando Espina Sánchez presentó ante el secretario de guardia de este órgano jurisdiccional demanda de amparo a favor de ***, en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán; el escrito inicial fue ratificado por la justiciable el catorce de marzo siguiente. 5. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 6. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 256/2023; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 7. En el auto de veintiocho de marzo del año en curso, se declaró la inexistencia del ente público que la inconforme señaló como "Juez Calificador del Municipio de Oaxaca de Juárez", por lo que se dejó de tener a dicha entidad como responsable en este juicio de amparo y se suspendió toda comunicación con ella. 8. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 9. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que tuvieron ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 10. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 11. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 12. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Del Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: ? Las órdenes de arresto e incomunicación decretadas en su contra y su ejecución. V. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS COMBATIDOS 13. No son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en las órdenes de arresto e incomunicación decretadas en contra de la disidente y su ejecución, porque ese ente público en su informe justificado negó la existencia de las actuaciones que le fueron atribuidas, sin que la quejosa desvirtuara esa negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. 14. Además, de los documentos que esa autoridad aportó se advierte que el Juez Cívico del Tercer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó el arresto de la inconforme y dispuso que fuera internada en los separos preventivos de esa institución de seguridad pública, por lo que la ejecución de ese mandamiento correspondió a los Agentes de Policía de guardia de esos separos, sin que la responsable indicada haya tenido participación alguna en esos actos. 15. Aunado a lo anterior, la inexistencia de la incomunicación se constata, porque de la razón de doce de los corrientes se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional hizo constar en esa data acudió a los separos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en donde localizó a la quejosa ***, porque ahí estaba detenida, por lo que le notificó personalmente el acuerdo de ese fecha dictado en este asunto, certificó el estado físico de la justiciable; en ese sentido, señaló que no presentaba golpes visibles y que no contaba con alguna lesión que no estuviera a la vista. 16. Tal situación evidencia que la justiciable no se encontraba incomunicada, porque la referida fedataria entendió con ella la diligencia de notificación descrita, sin que haya indicado que se encontraba incomunicada, tan así que la quejosa firmó con su puño y letra el acta relativa a esa diligencia. 17. En ese contexto, si la disidente no desvirtuó la negativa que el ente responsable sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de esa autoridad en los actos que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 18. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 19. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO... 20. En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a la autoridad responsable señalada, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS IMPUGNADOS 21. Son ciertos los actos consistentes en la orden de arresto decretada en contra de la quejosa y su ejecución, aunque no pueden ser atribuido al Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, porque como se señaló de los documentos que esa autoridad aportó se advierte que el Juez Cívico del Tercer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó el arresto de la inconforme y dispuso que fuera internada en los separos preventivos de esa institución de seguridad pública, por lo que la ejecución de ese mandamiento correspondió a los Agentes de Policía de guardia de esos separos, sin que la responsable indicada haya tenido participación alguna en esos actos. 22. A dichos instrumentos se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. 23. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO... VII. PROCEDENCIA 24. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 25. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 26. En el caso, se advierte que en relación con los actos reclamados consistentes en la orden de arresto decretada en contra de la inconforme y su ejecución se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esas actuaciones, porque el doce de marzo de dos mil veintitrés, a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos la justiciable quedó en libertad materialmente. 27. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 28. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 29. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." 30. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... 31. Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 32. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 33. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 34. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 35. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. 36. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la inconforme reclama la orden de arresto decretada en su contra y su ejecución, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener su libertad personal. 37. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las documentales que la responsable Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aportó se advierte que el doce de marzo del año en curso, el Juez Cívico del Tercer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó el arresto de la inconforme y dispuso que fuera internada en los separos preventivos de esa institución de seguridad pública, por lo que la ejecución de ese mandamiento correspondió a los Agentes de Policía de guardia de esos separos. 38. Luego, en la propia data, el Juez Cívico del Primer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de la capital de esta entidad federativa, en acato a la suspensión de oficio y de plano que fue concedida a la inconforme ordenó ponerla en inmediata libertad, lo que se materializó en esa fecha a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, como se obtiene de la boleta de libertad que obra en este expediente, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la actuación que el citado Juez Cívico realizó se demuestra que los efectos de los actos atacados han cesado. 39. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto de los actos impugnados consistentes en la orden de arresto decretada en contra de la quejosa y su ejecución; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 40. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL... VII. DECISIÓN 41. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que la justiciable reclamó consistentes en la orden de arresto decretada en su contra y su ejecución. 42. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. 43. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... 44. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 45. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO... 46. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL... 47. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En cuanto al domicilio procesal y la designación de delegados que realiza comuníquese a la responsable que deberá estarse a lo decidido en el acuerdo de catorce de marzo pasado, en donde este órgano jurisdiccional se pronunció sobre tales aspectos. Por otra parte, del segundo de los ocursos de cuenta se advierte que el Juez Cívico del Primer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al requerimiento de veintisiete de los corrientes remite copia certificada de la boleta de libertad de doce de marzo pasado y precisa que en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida a la justiciable ********************, ésta obtuvo su libertad a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos de la fecha indicada; también indica que las demás constancias relacionadas con su detención, su puesta a disposición y la resolución en donde se impuso la sanción administrativa a la quejosa son del conocimiento del diverso Juez Cívico del Tercer Turno, Especializado en Tránsito Terrestre de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que de ser necesarias esas actuaciones se solicite a este último. Al respecto, se tiene a la oficiante por hechas sus manifestaciones y por atendida parcialmente la prevención indicada, porque solo remitió copia certificada de la boleta de libertad de la inconforme de doce de marzo del año en curso. En otro punto, se toma conocimiento de la imposibilidad que la citada autoridad expone para remitir todas las actuaciones que obren en el procedimiento administrativo que se instrumentó en contra de la quejosa con motivo de su detención y su puesta a disposición, en donde se decretó el arresto de la disidente y las constancias que evidencien la hora y la fecha en la que la disconforme obtuvo materialmente su libertad ambulatoria del lugar donde se encontraba detenida, sin que sea necesario dictar algún otro requerimiento, porque el instrumento que la oficiante exhibió adminiculado con la diligencia de catorce de marzo del año en curso, en donde la agraviada ratificó la demanda de amparo presentada a su favor evidencian que la justiciable actualmente goza de su libertad ambulatoria. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en el acuerdo de catorce de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la inexistencia del ente público que señaló como "Juez Calificador del Municipio de Oaxaca de Juárez" ha transcurrido, sin que haya realizado expresión alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y se deja de tener a dicha entidad como responsable en este juicio de amparo, por lo que suspéndase toda comunicación con ella. Notifíquese.

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