Estela Gazga León y Otros.
Expediente 1111/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Estela Gazga León y Otros.
- Estela Gazga León
Actuaciones
- Principal
PRAL.1111/2017-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. ... Notifíquese personalmente. ...
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1111/2017 Acuerdo: PRAL.1111/2017-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Recepción del escrito de demanda y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se recibe la demanda de amparo presentada el día de ayer en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha, promovida por Estela Gazga León, contra actos del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En consecuencia, con la boleta de turno de amparos indirectos, con copia de la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 1111/2017; además, respecto a este auto y los subsecuentes que se dicten, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal, es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Estela Gazga León, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que hizo consistir en la omisión del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, de dar respuesta al recurso de aclaración presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Ahora, a fin de verificar si se está en una omisión sobre la contestación a la petición de la parte quejosa y la vulneración al derecho de petición, se estima necesario transcribir lo dispuesto en el artículo 8° constitucional: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; (.) A toda petición deberá recaer en acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De lo anterior, se establece que todo funcionario público tiene el deber de atender toda solicitud realizada por el gobernado, la cual: I. Debe contenerse en un acuerdo, dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. II. Tendrá que ser congruente con la petición. III. La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. IV. La autoridad no está obligada a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente; sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales aplicables al caso. V. Y, como regla general, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho. Lo que es acorde a la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 162603, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En ese orden, si bien el derecho de petición, es un derecho del gobernado frente al poder público para que se le emita una respuesta dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, en el caso, se estima que no se está en el supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo, pues no se advierte una abierta dilación para emitir una respuesta por parte de la autoridad, ya que de los propios antecedentes que narra la parte quejosa, se puede advertir que el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete presentó el recurso de aclaración contra el oficio ICEO/DG/CEM/848/2017, dictado por el aludido Instituto el dos de agosto del año en curso; es decir, diecisiete días continuos, después de la presentación de su escrito. En ese contexto, se estima que no existe una abierta dilación al no haber transcurrido un tiempo necesario para que la autoridad ante quien hizo la petición resuelva sobre su pretensión; es decir, no ha permitido que la autoridad analice su petición y con ello pueda dar una respuesta congruente y de forma inmediata. No es inadvertido que el recurso de aclaración que pretende debe ajustarse al término establecido en el artículo 75 de Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca, que a la letra dice: "ARTICULO 75.- El Instituto deberá resolver la aclaración dentro del término de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud." Sin embargo, conforme a la certificación de cuenta al ingresar a las páginas oficiales http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/este-martes-19-diversas-dependencias-del-centro-historico-reinician-operaciones-y-servicio-al-publico/ y http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/avanza-normalizacion-de-actividades-en-dependencias-del-centro-historico-e-interior-del-estado/, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, como hecho notorio, se advierte que dicha dependencia no ha reiniciado labores desde el ocho del mes y año en curso, como consecuencia de los sismos ocurridos el siete y diecinueve del mes y año en curso, ya que continúa la revisión del inmueble, esperando los dictámenes correspondientes, por lo que sigue restringido el acceso a dicha oficina. En ese sentido, a estimación de este Juzgado, se reitera, no se advierte una abierta dilación para que la autoridad remita alguna respuesta; ya que como se dijo, continúan revisando el inmueble donde se encuentra la autoridad a fin de dar certeza al personal y público en general sobre las condiciones de habitabilidad del inmueble. Es aplicable, la Tesis Aislada I.7o.A.16 K (10ª.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1725, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2006830, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia." Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2011580, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, en relación con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo vigente; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Estela Gazga León. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Omar Reyes Cuevas, Javier Netftalí Jiménez González y Magali García García. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. Finalmente, con fundamento en el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68 y 81, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase de su conocimiento que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. JGMB/bnov. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.JGMB/bnov.
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