Estela Gaona Cadena

Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
551/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Estela Gaona Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 551/2020 6-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *** interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cinco de este mes, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Considerando que en proveído de cinco de este mes se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. 1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial trece de octubre de dos mil veinte, se advierte la imposibilidad del actuario adscrito a este Juzgado para realizar la notificación personal del auto de cinco de octubre de dos mil veinte a la quejosa Estela Gaona Cadena, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, al resultar inexacto el domicilio para oír y recibir notificaciones que proporcionó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación de que se trata, así como las subsecuentes, por lista de acuerdos electrónica, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley; y hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio o solicite el trámite de su juicio en línea y las notificaciones de forma electrónica. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 551/2020 6-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el dos de octubre del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por la quejosa Estela Gaona Cadena, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 551/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. De la lectura integral del escrito de que se trata, se advierte que la quejosa Estela Gaona Cadena demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión por parte de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Oaxaca de contestar la petición realizada el veinticuatro de septiembre del año en curso, en la que solicitó se le expidiera copia certificada de la concesión de taxi que tiene expedida a su favor, con el número C1985430/M16, así como la falta de notificación. Al respecto, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito y en específico de la narración de los antecedentes, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta es evidente e indudable improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - (.)" Del precepto invocado en primer término, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; asimismo, del segundo numeral se advierte que, para efectos del juicio de amparo, el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. Hechas estas precisiones, debe establecerse que de acuerdo al análisis integral del escrito de demanda, se deduce que la quejosa Estela Gaona Cadena pretende promover el juicio de amparo con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que realizó 1) por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, 2) dice haberla dirigido a la autoridad responsable; además, 3) proporcionó el domicilio para recibir la respuesta que recayera. Por su parte, la autoridad responsable ante quien se presentó la solicitud tiene las siguientes obligaciones: 1) recibir el escrito respectivo; 2) dar respuesta por escrito, en breve término y congruente con lo pedido; y 3) notificar al particular la respuesta otorgada. Ahora, tomando en consideración que, en la especie, no se advierte alguna legislación que establezca un término para dar respuesta a la solicitud administrativa que realizó la parte quejosa, debe acudirse al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismo que establece: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario. En el mencionado precepto se advierte que el legislador local estableció una obligación a la autoridad a quien se dirija una petición para que la conteste por escrito en un plazo de diez días. En el caso, la promovente refiere que presentó su escrito de petición ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; en tanto que el escrito de demanda de amparo se recibió el dos de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, En ese contexto, por el momento, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica de la promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente seis días (sin computar el sábado veintiséis y domingo veintisiete de septiembre, por ser inhábiles); es decir, se encuentra transcurriendo el término fijado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca pueda emitir su respuesta. Por ello, se estima que la falta de contestación que reclama la promovente, por el momento, no le causa perjuicio alguno, debido a que no se advierte una conducta omisiva por parte de la autoridad señalada como responsable, en la medida en que se encuentra dentro del lapso que establece la ley para dar respuesta a la petición que se realizó. Es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 1996, Novena Época, Registro 201387, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 41, Volumen LXXXI, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa Estela Gaona Cadena. 4. Precisión. En el entendido que la actualización de la citada causa de improcedencia no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 324, tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y personas autorizadas. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la licenciada Susana Raquel Jiménez Ortiz y Juan Ramírez Díaz. Autorización que se concede en esos términos, debido a que la primera persona indicada no se encuentra dada de alta en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, como se hizo constar en la certificación de cuenta; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizada en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Y el segundo autorizado, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente 6. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que está operando de las 9:00 a las 14:00 horas. 6.1. Solicitud a la parte quejosa para establecer diversos canales de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del multicitado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a la parte quejosa para que, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo, en los casos en que se estime necesario. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordenará la notificación personal de este auto a la parte quejosa, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO ACUERDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- PRAL. 551/2020 6-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el dos de octubre del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por la quejosa Estela Gaona Cadena, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 551/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. De la lectura integral del escrito de que se trata, se advierte que la quejosa Estela Gaona Cadena demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión por parte de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Oaxaca de contestar la petición realizada el veinticuatro de septiembre del año en curso, en la que solicitó se le expidiera copia certificada de la concesión de taxi que tiene expedida a su favor, con el número C1985430/M16, así como la falta de notificación. Al respecto, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito y en específico de la narración de los antecedentes, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta es evidente e indudable improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - (.)" Del precepto invocado en primer término, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; asimismo, del segundo numeral se advierte que, para efectos del juicio de amparo, el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. Hechas estas precisiones, debe establecerse que de acuerdo al análisis integral del escrito de demanda, se deduce que la quejosa Estela Gaona Cadena pretende promover el juicio de amparo con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que realizó 1) por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, 2) dice haberla dirigido a la autoridad responsable; además, 3) proporcionó el domicilio para recibir la respuesta que recayera. Por su parte, la autoridad responsable ante quien se presentó la solicitud tiene las siguientes obligaciones: 1) recibir el escrito respectivo; 2) dar respuesta por escrito, en breve término y congruente con lo pedido; y 3) notificar al particular la respuesta otorgada. Ahora, tomando en consideración que, en la especie, no se advierte alguna legislación que establezca un término para dar respuesta a la solicitud administrativa que realizó la parte quejosa, debe acudirse al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismo que establece: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario. En el mencionado precepto se advierte que el legislador local estableció una obligación a la autoridad a quien se dirija una petición para que la conteste por escrito en un plazo de diez días. En el caso, la promovente refiere que presentó su escrito de petición ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; en tanto que el escrito de demanda de amparo se recibió el dos de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, En ese contexto, por el momento, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica de la promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente seis días (sin computar el sábado veintiséis y domingo veintisiete de septiembre, por ser inhábiles); es decir, se encuentra transcurriendo el término fijado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca pueda emitir su respuesta. Por ello, se estima que la falta de contestación que reclama la promovente, por el momento, no le causa perjuicio alguno, debido a que no se advierte una conducta omisiva por parte de la autoridad señalada como responsable, en la medida en que se encuentra dentro del lapso que establece la ley para dar respuesta a la petición que se realizó. Es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 1996, Novena Época, Registro 201387, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 41, Volumen LXXXI, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa Estela Gaona Cadena. 4. Precisión. En el entendido que la actualización de la citada causa de improcedencia no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 324, tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y personas autorizadas. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la licenciada Susana Raquel Jiménez Ortiz y Juan Ramírez Díaz. Autorización que se concede en esos términos, debido a que la primera persona indicada no se encuentra dada de alta en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, como se hizo constar en la certificación de cuenta; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizada en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Y el segundo autorizado, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente 6. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que está operando de las 9:00 a las 14:00 horas. 6.1. Solicitud a la parte quejosa para establecer diversos canales de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del multicitado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a la parte quejosa para que, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo, en los casos en que se estime necesario. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordenará la notificación personal de este auto a la parte quejosa, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano