Estela Cisneros Arteaga

Expediente 932/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
932/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Estela Cisneros Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado, certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del uno al catorce de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto de veintitrés de noviembre de la misma anualidad dentro del presente juicio de amparo 932/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. AleM.

  2. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la promoción con folio 15546. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis del mes y año que transcurre remite copia certificada de las constancias de notificación hecha a las partes (actor y demandado) dentro del juicio ordinario laboral 586/2013 el veintiuno y diecisiete de los actuales. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación promovido dentro del juicio ordinario laboral 586/2013. Ahora, de las constancias que se anexaron al oficio TCA/2829/2017 signado por la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y recibido por este juzgado por auto de dieciséis de noviembre del presente año, se advierte que dentro del aludido juicio ordinario laboral en uno de noviembre del presente año se resolvió el incidente de liquidación. Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que esta fue notificada a las partes el diecisiete y veintiuno del mes y año que transcurre, lo que se traduce en que la resolución incidental, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes. Por tanto, al haberse emitido la resolución incidental de liquidación respecto de la cual la aquí quejosa reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones a la resolución incidental emitida, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado de la resolución incidental en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión de la resolución incidental que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado la resolución incidental y haberse notificado ésta a la parte hoy quejosa, pues no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del ocho de diciembre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de 23 de noviembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 27, fracción i, inciso c) d ela ley de amparo. "El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la promoción con folio 15546. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis del mes y año que transcurre remite copia certificada de las constancias de notificación hecha a las partes (actor y demandado) dentro del juicio ordinario laboral 586/2013 el veintiuno y diecisiete de los actuales. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación promovido dentro del juicio ordinario laboral 586/2013. Ahora, de las constancias que se anexaron al oficio TCA/2829/2017 signado por la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y recibido por este juzgado por auto de dieciséis de noviembre del presente año, se advierte que dentro del aludido juicio ordinario laboral en uno de noviembre del presente año se resolvió el incidente de liquidación. Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que esta fue notificada a las partes el diecisiete y veintiuno del mes y año que transcurre, lo que se traduce en que la resolución incidental, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes. Por tanto, al haberse emitido la resolución incidental de liquidación respecto de la cual la aquí quejosa reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones a la resolución incidental emitida, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado de la resolución incidental en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión de la resolución incidental que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado la resolución incidental y haberse notificado ésta a la parte hoy quejosa, pues no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del ocho de diciembre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Doy fe. El Secretario. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; así como también que está transcurriendo el término de tres días otorgado mediante proveído de dieciséis de este mes y año, a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por lo que, para dar oportunidad a ello, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las diez horas del ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen**

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