Estela Cisneros Arteaga

Expediente 1339/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1339/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
06/11/2015

Partes del expediente

  • Estela Cisneros Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En seis de noviembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós de octubre al cinco de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1339//2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diecinueve de octubre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y TERCERO INTERESADA; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1339/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (por conducto de su Magistrada Presidente), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazado al tercero interesado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio TCA/1241/2015 con registro 17011, recibido en este Juzgado el veintisiete de agosto de dos mil quince en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente laboral 586/2013, así como con el diverso TCA/1321/2015 con registro 18097, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el diez de septiembre de dos mil quince. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales ya relacionadas. En el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1339/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el diez de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ESTELA CISNEROS ARTEAGA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se precisan enseguida: Autoridad Responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. "IV.-ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 586/2013." Preceptos constitucionales que se consideran violados. El quejoso señaló como garantía vulnerada las que tutela el artículo 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1339/2015; y en proveído de once de agosto de dos mil quince, se ordenó se admisión; dar la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Y la diversa Jurisprudencia P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, que a la letra se lee: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado 586/2013. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." (Énfasis añadido). II.3. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la falta de emisión del laudo correspondiente al expediente laboral 586/2013, promovido por la ahora quejosa, en contra del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; toda vez que así lo reconoció en el informe justificado que rindió su magistrada presidenta (f. 10-25). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que remitió la citada responsable, consistentes en copias certificadas de constancias deducidas del juicio laboral 586/2013; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este resolutor considera que en el presente asunto, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la demanda de garantías se advierte que la quejosa ESTELA CISNEROS ARTEAGA reclama la omisión que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 586/2013. Ahora bien, del informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, y de las constancias que remitió como justificación de su acto, se advierte que el siete de septiembre de dos mil quince, emitió el laudo relativo al citado sumario; lo que se traduce en que ha dejado de tener efectos jurídicos el apuntado acto de omisión que se reclama en el presente juicio de amparo. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las documentales antes descritas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable dictó el laudo cuya omisión reclamó la quejosa; y en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que fue restituida en el pleno goce de las garantías tuteladas por el artículo 17 constitucional, que estimó vulneradas en su perjuicio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1339/2015, promovido por ESTELA CISNEROS ARTEAGA, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres. DOY FE. L´JJMT*L/F/R.

  3. Principal

    En diez de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el oficio registrado con el folio 18097; con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; luego, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del Laudo de siete de septiembre del año en curso, dictado en el juicio ordinario laboral 586/2013; por tanto, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la documental antes citada; sin perjuicio de relacionarla y valorarla en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE Y TERCERO INTERESADA; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de agosto de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS (POR CONDUCTO DE SU MAGISTRADA PRESIDENTA); con el que se ordena dar vista a las partes para que se impongan del contenido de dicho comunicado y sus anexos; y en su caso manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, atendiendo a su propia naturaleza las constancias que la autoridad adjunta a su informe justificado; consistentes en copia certificada del juicio ordinario 586/2013; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. LUIS."

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