Estela Ceron Herrera

Expediente 525/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
525/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2016

Partes del expediente

  • Estela Ceron Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 52 a 73), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Estela Cerón Herrera, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 105/2013 de su índice y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundad y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: "a) Deberá precisar cuál es el código procesal penal que prevé el trámite y resolución del recurso de revocación interpuesto por la impetrante del amparo (por conducto de su defensor particular) en contra del acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, emitido en dicha causa penal, pies en el acto reclamado inconstitucional, la autoridad sustentó su determinación en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y en el Código de Procedimientos Penal del Estado de Puebla, violentando el principio de congruencia analizado. b) Tendrá que explicar de manera pormenorizada y citando el fundamento legal aplicable, por qué es un impedimento para dictar sentencia respecto a la quejosa, el hecho de que aquélla no se encuentre a su disposición materialmente, ya sea gozando de su libertad provisional bajo caución o interna en el Centro de Reinserción Social correspondiente y por qué ello es un requisito indispensable para dictar el fallo correspondiente. c) De manera fundada y motivada, dé contestación al agravio que realizó la inconforme, el cual fue precisado en la parte final del considerando octavo de esta sentencia." (fojas 72 y 72 vuelta). Sentencia amparadora que, el dos de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 91 a 94). Ahora bien, mediante oficio 444 de nueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 102 a 108), la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en los autos de la causa penal 105/2013 de su índice, en la cual, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 105/2013 de su índice (foja 103 vuelta); - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, procedió a resolver el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular de la aquí quejosa Estela Cerón Herrera, contra el auto de tres de agosto de dos mil quince, dictado en los autos de la causa penal 105/2013; -Precisó cuál es el código procesal penal aplicable para el trámite y resolución del recurso de revocación; - Explicó por qué no es un impedimento para dictar sentencia que la quejosa no se encuentre a su disposición materialmente; y, - Dio contestación al agravio que expresó la inconforme que quedó precisado en la parte final del considerando octavo de la sentencia amparadora; y por ende, revocó la parte conducente del auto recurrido. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el telegrama signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando que recibió el oficio 836.1 de treinta de junio de dos mil dieciséis el cuatro de julio del actual, de lo que toma conocimiento esta autoridad para los efectos legales a que haya lugar. En tal sentido, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, en contra de la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil dieciséis, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las copias certificadas de la causa 105/2013 (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente; se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: " Deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 105/2013 de su índice y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar cuál es el código procesal penal que prevé el trámite y resolución del recurso de revocación interpuesto por la impetrante del amparo (por conducto de su defensor particular) en contra del acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, emitido en dicha causa penal, pues en el acto declarado inconstitucional, la autoridad sustentó su determinación en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y en el Código de Procedimientos Penal del Estado de Puebla, violentando el principio de congruencia analizado. b) Tendrá que explicar de manera pormenorizada y citando el fundamento legal aplicable, por qué es un impedimento para dictar sentencia respecto a la quejosa, el hecho de que aquélla no se encuentre a su disposición materialmente, ya sea gozando de su libertad provisional bajo caución o interna en el Centro de Reinserción Social correspondiente y por qué ello es un requisito indispensable para dictar el fallo correspondiente. c) De manera fundada y motivada, dé contestación al agravio que realizó la inconforme, el cual fue precisado en la parte final del considerando octavo de esta sentencia. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se resuelva de conformidad a lo planteado por la quejosa en su escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revocación que interpuso (por conducto de su defensor particular) en contra del proveído de tres de agosto de dos mil quince, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro de los términos que se señalan, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otro lado, dígase a la autoridad requerida, que incurre en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. No se inadvierte para la suscrita Jueza Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, también se debe encomendar notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso no procede, toda vez que los jueces de primera instancia cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Orienta el criterio de esta juzgadora, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias."

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