Esteban Maldonado Cabrera

Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Esteban Maldonado Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Autoridad acusa recibo. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio suscrito por el Juez de Control de Juzgado de Oralidad Peal y Ejecución del Estado de Puebla con sede en Izúcar de Matamoros, Juan Carlos Malpica Aladro, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cuatro de mayo del año en curso, acusa recibo del oficio 112-1, a través del cual se le devolvieron cuatro discos versátiles digitales correspondientes a la causa 86/2021/MATAMOROS, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Finalmente, no se soslaya que el oficio de cuenta se encuentra dirigido al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; sin embargo, atendiendo al contenido integral del mismo, se concluye que se trata de un error de formato, pues el resto de los datos aporta que debe ser acordado en este expediente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, Puebla del cual se desprende su imposibilidad para notificar el oficio 112-ATI, relativo al acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, dirigido a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Emmanuel Méndez Carrera); pues del mismo se advierte la leyenda: "Cerrado, especifique son 3". Ahora bien, toda vez que la referida comunicación fue dirigida con la misma denominación y a la misma dirección postal, que el diverso oficio 70-ATI de treinta de marzo de dos mil veintidós, el cual sí fue recibido por la mencionada autoridad tercera interesada, en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación relativa al comunicado 112-ATI en esta data. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Cúmplase.

  3. Principal

    04/05/2022 Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho de abril de dos mil veintidós al tres de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe y para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria constitucional, se ordena devolver a la autoridad encargada del cumplimiento Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro) los cuatro discos en formato digital que obran glosados al presente expediente; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por conducto de sus autorizados procesales en términos amplios) y a la parte tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Miguel Ojeda En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla Correo eléctrico: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Tel:(222) 303 7276 MESA PROYECTOS (LIC. ROMINA) JUICIO DE AMPARO 906/2021 OF. 112-1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Caros Malpica Aladro). SE ANEXAN 4 DISCOS FORMATO DVD. OF. 112-ATI Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Emmanuel Méndez Carrera). AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. OF. 112-MP Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 906/2021 PROMOVIDO POR ESTEBAN MALDONADO CABRERA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho de abril de dos mil veintidós al tres de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe y para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria constitucional, se ordena devolver a la autoridad encargada del cumplimiento Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro) los cuatro discos en formato digital que obran glosados al presente expediente; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por conducto de sus autorizados procesales en términos amplios) y a la parte tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. LO QUE COMUNICO A USTED, EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 04 DE MAYO DE 2022. A T E N T A M E N T E (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) ROMINA ORTIZ AVILA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que alguna de ellas desahogara la vista concedida dentro del plazo otorgado para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo solicitado por Esteban Maldonado Cabrera, para que el 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, con jurisdicción otorgada en la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Daniel Iván Cruz Luna), una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Esteban Maldonado Cabrera, para que el 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, con jurisdicción otorgada en la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Daniel Iván Cruz Luna), en la causa penal 0086/2021/MATAMOROS, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos las resoluciones dictadas en audiencias orales de veintiséis, veintisiete y treinta de agosto de dos mil veintiuno, relativas a: i) la legalidad de la detención y retención del imputado; ii) su vinculación a proceso; y, la ii) imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de las resoluciones reclamadas, teniendo en cuenta que el solicitante es persona con discapacidad mental, por lo que deberá efectuar los ajustes razonables que sean necesarios y ordenar la práctica de las medidas de apoyo que se requieran, para que el quejoso pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 3. En la fecha señalada, celebrará la audiencia inicial con las mismas reglas generales, pero siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, a luz del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando todos los ajustes razonables que considere necesarios, a fin de respetar los derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones y debido proceso del quejoso; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa, deberá realizar lo siguiente: a. Independientemente de las determinaciones o resoluciones "tradicionales" que emita, al dirigirse al imputado, deberá utilizar un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales, que sean de difícil comprensión o entendimiento para el quejoso; b. Verificar que el imputado tenga constante comunicación con su defensa (particular o de oficio); c. Tomar las medidas necesarias para garantizar que el imputado en todo momento -durante el desarrollo de la audiencia inicial- se encuentre asistido de un familiar, facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; y, d. Propiciar que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxilien al imputado en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta pierda su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continúe con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. 5. Remita las constancias con las que acredite lo anterior." Inconforme con dicha determinación, la tercera interesada Silvia Romero Bello, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca R-276/2021 de su índice, quien por ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, confirmó en sus términos la sentencia sujeta a revisión; por lo que, en auto de cuatro de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento al juez responsable. Luego, mediante oficio 8992/2022-ADM, recibido en auto de nueve de marzo del actual año, el encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales en el Estado de Puebla (Isaí Rivas López), informó que la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, con jurisdicción otorgada en la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Daniel Iván Cruz Luna), fue designado como Secretario de Seguridad Pública Estatal, a partir del veinticuatro de enero del actual año, por lo que no se encontraba facultado para desarrollar audiencias de carácter judicial; y, en virtud de ello, solicitó se considerara al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), para que en auxilio judicial, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario, pues dicho juzgador es quien cuenta con jurisdicción en dicha región judicial. Por tanto, en la misma fecha se tuvo a la autoridad indicada como encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien quedó constreñida a dar cabal cumplimiento a la misma, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo; y, se le concedió prórroga de dos días a fin de que tuviera oportunidad de realizarlo. Después, por oficio 1/2022/MATAMOROS, recibido en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), informando las gestiones que se encontraba realizando en cumplimiento al fallo protector, pues remitió copia auténtica del acuerdo dictado el diez de marzo del año en curso, dentro de la carpeta judicial administrativa 86/2021/MATAMOROS, a través del cual, dejó sin efectos las resoluciones dictadas en audiencias orales de veintiséis, veintisiete y treinta de agosto de dos mil veintiuno -aquí combatidas- y señaló las doce horas del quince de marzo del año que transcurre, para llevar a cabo la audiencia de reposición de procedimiento. Finalmente, por oficio 224/2022-MATAMOROS, acordado el veintidós de marzo pasado, el Juez encargado del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, refirió haber acatado cabalmente el fallo protector; y, al efecto remitió el registro audiovisual -contenido en un disco compacto en formato de disco versátil digital- de la audiencia celebrada el quince de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 0086/2021/MATAMOROS. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la que se acredita que, dentro del proceso 0086/2021/MATAMOROS, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos las resoluciones dictadas en audiencias orales de veintiséis, veintisiete y treinta de agosto de dos mil veintiuno, relativas a: i) la legalidad de la detención y retención del imputado; ii) su vinculación a proceso; y, la ii) imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (tal y como se aprecia del auto de diez de marzo de dos mil veintidós y reiterado en la audiencia de reposición de procedimiento, en el minuto 00:05:47 del registro audiovisual). 2. Señaló las doce horas del quince de marzo de dos mil veintidós, para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de las resoluciones reclamadas, teniendo en cuenta que el investigado es persona con discapacidad mental, por lo que efectuó los ajustes razonables (ordenó la presencia de un familiar que lo pudiera asistir) y ordenó la práctica de las medidas de apoyo suficientes (girando oficio al Sistema Estatal DIF para que, en caso de ser necesario, se designara a un trabajador social con experiencia en discapacidad mental para que asistiera al quejoso); ello, para que el quejoso pudiera ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 3. En la fecha señalada, celebró la audiencia inicial con las mismas reglas generales, en la cual, siguió los lineamientos emitidos en la sentencia de amparo, a luz del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando todos los ajustes razonables que consideró necesarios, a fin de respetar los derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones y debido proceso del quejoso; pues, el Juez encargado del cumplimiento, realizó lo siguiente: a. Independientemente de las determinaciones o resoluciones "tradicionales" que emitió, al dirigirse al hoy quejoso Esteban Maldonado Cabrera, utilizó un lenguaje sencillo, sintetizando sus resoluciones, y le cuestionó si había comprendido lo que se había dicho y si requería alguna explicación; b. Verificó que el quejoso tuviera constante comunicación con su defensor particular (Israel Tizatl Méndez); c. Tomó las medidas necesarias para garantizar que el quejoso en todo momento -durante el desarrollo de la audiencia inicial- se encontrara asistido de un familiar, quien lo apoyó en el proceso de comunicación y/o comprensión (madre del quejoso de nombre Teodora Cabrera Acevedo); y, d. Propició que tanto el defensor, como la madre del quejoso auxiliaran al mismo en la toma de decisiones cuando fuere requerido, sin que ello implicara que se sustituyeran en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta perdiera su derecho a la toma de decisiones; es decir, del registro audiovisual, se puede apreciar que el juez de control permitió que durante todo el desarrollo de la audiencia, el aquí quejoso fuera apoyado por su defensor y su madre; e incluso, creó un ambiente de confianza, en el que la persona con discapacidad pudo participar activamente en la audiencia. 4. Resolvió con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes; y, al respecto calificó de legal la detención y retención realizada al quejoso Esteban Maldonado Cabrera, lo vinculó a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313 fracción I, inciso a), 323, 326 fracción IV, 328, 331 en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de César García Enríquez; e, impuso la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso, por todo el tiempo que dure la causa penal, ordenando que el cumplimiento y vigilancia de dicha medida, se lleve a cabo en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por tener un área adecuada (pabellón psiquiátrico) para que le proporcionen tratamiento médico al quejoso. 5. Remitió las constancias con las que acreditó el cumplimiento realizado a la ejecutoria de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados procesales en términos amplios (en el domicilio señalado en la demanda); por lista a la parte tercera interesada (por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales); y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento, a la autoridad tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito.

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