Estefanía Santoyo Salazar

Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
982/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Estefanía Santoyo Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************; y los efectos que se le imprimieron a la misma fueron para que el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato: Dejará insubsistente los actos de aplicación de la norma impugnada -cobro del impuesto predial- que consta en el comprobante de pago expedido a nombre de la parte quejosa respecto del inmueble relativo a la cuenta catastral ***************; y, Se aplique el monto de menor cuantía, para inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones, que es de 2.00 al millar. a) Por auto de siete de julio de dos mil veintidós, se declaró la firmeza del fallo protector, procediéndose a levantar la reserva decretada en auto de veintisiete de abril pasado, teniéndose al Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, remitiendo las constancias con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. b) Con motivo de lo anterior, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno; se desprende: Que el ocho de abril de dos mil veintidós, emitió la determinación del impuesto predial, dejando insubsistentes los actos de aplicación de la norma impugnada respecto de dicho impuesto, que consta en el comprobante de pago expedido a nombre de la aquí quejosa, respecto del inmueble correspondiente a la cuenta predial *****************, aplicando el monto de menor cuantía, que, para inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones es de 2.00 al millar. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en párrafos que anteceden, el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se negó y se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que mediante providencia de veintisiete de abril pasado, se reservó proveer respecto de las constancias remitidas por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio; y como esto ya aconteció, se levanta la reserva de marras, y se acuerda: Téngase a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, remitiendo las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato; en ese sentido, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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