Esteban Vega Álvarez

Expediente 474/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
474/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
30/09/2015

Partes del expediente

  • Esteban Vega Álvarez
  • Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de diecinueve de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Esteban Vega Álvarez, en contra del acto reclamado al Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. La protección constitucional se concedió para que el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad: Dejara insubsistente el acuerdo de autorización de traslado decretado el doce de mayo de dos mil quince, únicamente por lo que se refería al quejoso ********; y, Con libertad de jurisdicción dictara otro, el que podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre y cuando purgara el vicio formal detectado; en el entendido que, en atención a los efectos impresos en la sentencia -vicio de forma- el amparo no tiene el alcance de devolver al quejoso en el Centro de Reclusión donde inicialmente se encontraba interno. Luego, mediante providencia de catorce de septiembre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y, se requirió al Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio 2478, al que adjuntó copia certificada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dejó insubsistente el acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 15/2011, de su índice, respecto del aquí quejoso; y, Con plenitud de jurisdicción dictó un nuevo proveído en el que en cumplimiento con las deficiencias apuntadas en sentencia dictada en el presente asunto, expuso las razones que tomó en consideración para emitir la autorización del traslado del aquí quejoso del Centro de Estatal de prevención Social de esta ciudad al Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los ocho tomos de prueba que adjuntó el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, devuélvansele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de diecinueve de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Esteban Vega Álvarez, en contra del acto reclamado al Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. La protección constitucional se concedió para que el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad: Dejara insubsistente el acuerdo de autorización de traslado decretado el doce de mayo de dos mil quince, únicamente por lo que se refería al quejoso ********; y, Con libertad de jurisdicción dictara otro, el que podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre y cuando purgara el vicio formal detectado; en el entendido que, en atención a los efectos impresos en la sentencia -vicio de forma- el amparo no tiene el alcance de devolver al quejoso en el Centro de Reclusión donde inicialmente se encontraba interno. Luego, mediante providencia de catorce de septiembre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y, se requirió al Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio 2478, al que adjuntó copia certificada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dejó insubsistente el acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 15/2011, de su índice, respecto del aquí quejoso; y, Con plenitud de jurisdicción dictó un nuevo proveído en el que en cumplimiento con las deficiencias apuntadas en sentencia dictada en el presente asunto, expuso las razones que tomó en consideración para emitir la autorización del traslado del aquí quejoso del Centro de Estatal de prevención Social de esta ciudad al Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los ocho tomos de prueba que adjuntó el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, devuélvansele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil quince, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Esteban Vega Álvarez; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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