Esteban Octavio Aguilar Velarde

Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
216/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Esteban Octavio Aguilar Velarde

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promoverte del amparo, recurriera el auto que desechó su demanda, dictado por este juzgado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada el mismo día, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho de marzo al uno de abril del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 20 y 21, inciso b), en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo indirecto número 135/2022-I de su índice interno, promovido por Esteban Octavio Aguilar Velarde; contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Contra el Patrimonio Región Sur, con sede en esta ciudad, del que se desprende que en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del expresado sumario, al estimar que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince, toda vez que, a su decir, los actos reclamados se encuentran estrechamente relacionados con el acto reclamado en el diverso juicio de amparo indirecto 91/2022 del índice administrativo de este órgano jurisdiccional. SE ASUME COMPETENCIA. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo y acepta la competencia declinada. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso reclama la negativa de accesar a la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/4216/2021/CI, en su calidad de imputado, contenida en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 216/2022-I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el libelo de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juez debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las consideraciones que a continuación se exponen: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" Por su parte, los arábigos 219 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. (.) Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los numerales transcritos es de destacarse lo siguiente: Que el numeral 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros cuando se encuentre detenido o antes de su primer comparecencia ante el Juez, podrá consultar dichos registros. Que también los artículos 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan como derechos del imputado y su defensor, que una vez que estén integrados como parte en la carpeta de investigación, a que se les dé acceso a la carpeta e inclusive a que se les proporcionen copias integras de ésta, pero en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Por lo anterior, se puede establecer que de dichos dispositivos se desprende una modalidad del principio de definitividad, el cual consiste en que antes de promover el juicio de amparo, el quejoso debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevean las leyes ordinarias aplicables al caso. Con ello se pretende que el juicio de derechos fundamentales, como medio extraordinario de defensa constitucional, que procede contra actos definitivos, sea la instancia final que utilice el gobernado para exigir el respeto a sus derechos humanos violados. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, si el promovente del juicio de amparo le reviste el carácter de imputado en la carpeta de investigación, esto es, es parte, y el Agente del Ministerio Público, en atención a la solicitud de éste de acceso a la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/4216/2021/CI, entonces es claro que tendría que acudir ante el Juez de Control, quien deberá resolver lo que en derecho corresponda y lo que decida sobre la omisión del Agente del Ministerio Público responsable, será lo que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Sin que de las constancias allegadas por el propio quejoso en su escrito de demanda, se advierta que previo a acudir a esta vía constitucional, presentara las inconformidades aludidas ante la autoridad judicial especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante la figura jurídica defensiva planteada en esos preceptos transcritos. Sobre todo cuando la figura del Juez de control en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ha sido dotada de condiciones decisivas como garante primario de los Derechos Humanos, precisamente para que opere como un filtro inmediato para tutelar las trasgresiones al orden constitucional que en esa área se pueden presentar en un asunto de orden penal desde la fase misma de la investigación inicial; de ahí que es capaz de pronunciarse restableciendo dicho orden convencional y constitucional con su intervención primaria y solamente permitir el estudio extraordinario a los Jueces de Distrito especializados en el amparo. Lo anterior no sólo con el ánimo de evitar abusos en la petición de amparo y desvirtuar su naturaleza especial, sino también para atender sin dilación el restablecimiento de una eventual violación a derechos fundamentales como los de acceso a la justicia y defensa adecuada. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción considerados legalmente. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al activo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para el imputado, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 50, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por el quejoso Esteban Octavio Aguilar Velarde, contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Contra el Patrimonio Región Sur, con sede en esta ciudad. Robustece lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, libro 57, tomo I, agosto de 2018, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2375, libro 59, tomo III, octubre de 2018, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro que dice: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y el diverso 1/2021 que lo reforma, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en avenida Rosales, número 2322 Altos 2, colonia centro de esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados David Librado Díaz Morales, Luis Antonio Aguilar Colado y Luis Jesús Manjarrez Mellado, quienes tienen sus cédulas profesionales 2176119, 2511874 y 1586923, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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