Esteban Octavio Aguilar Velarde

Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Esteban Octavio Aguilar Velarde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el nueve de marzo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que todas las partes fueron notificadas el diez de marzo siguiente, quedando comprendido dicho plazo del once al veintiocho de marzo del año en curso, en la inteligencia de que el lapso para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Se ordena proveer lo que corresponda en los cuadernos incidentales respectivos en cuanto a su valoración documental.

  2. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que mediante oficio 4485/2022 signado por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se solicitó se habilite la consulta del juicio de amparo en que se actúa mediante la vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), toda vez que pudiera relacionarse con el diverso 135/2022-I de su estadística; en consecuencia, infórmese a dicho órgano que el veinticinco de febrero pasado, se hizo disponible el juicio de amparo que se actúa para su consulta.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos contra el Patrimonio de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad, así como, las pruebas documentales que se acompañaron al mismo y al diverso comunicado proveído el veintidós de febrero pasado. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el promovente del amparo reclama la dilación procesal en que ha incurrido la autoridad responsable antes indicada, ante la negativa de proveer el escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se apersona a la carpeta de investigación 4216/2021, en la que tiene el carácter de inculpado, y solicita que se decrete la prescripción en la misma. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...]. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; [.]. Como se aprecia del contenido de los preceptos normativos recién transcritos, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, ya que, en el caso, se tiene que la materia del reclamo la constituye la negativa de proveer el escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el quejoso se apersonó a la carpeta de investigación 4216/2021, en la que tiene el carácter de inculpado, y solicitó que se decrete la prescripción en la misma. Mientras que, de la información aportada por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos contra el Patrimonio de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad, a través de las constancias que anexó, se advierte que remite copia certificada del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó el escrito de veintitrés anterior, así como la constancia de notificación al quejoso del referido acuerdo, realizada el dieciséis de febrero de dos mi veintidós. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por una autoridad legalmente facultada para ello y son aptas acreditar que la dilación de que se dolió el quejoso en este juicio, quedó superada, en la medida de que se atendió su escrito y se le notificó por conducto de su autorizado. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    Vistos los alegatos ministeriales, signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que formula en el presente sumario, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional.

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