Esteban Miranda Valladares
Expediente 1074/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 67 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 67
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esteban Miranda Valladares
- Viviana Cruz Ortega
- Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 67.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 586), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve del mes y año en curso (foja 589) , el cual podrá ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Esteban Miranda Valladares, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: En preparación al desahogo de la prueba pericial en materia de medicina del trabajo, deberá notificar a las partes y al perito la data que fije para su desahogo, en el entendido que de haber señalado una y de llegar la fecha al engrose de este fallo, deberá desahogarla de encontrarse preparada, asimismo deberá girar el oficio respectivo al informe de autoridad a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de que emita la prueba a su cargo. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable realizó lo siguiente en el expediente 01/470/16: PRUEBAS FECHA DE DESAHOGO 1. Prueba pericial en medicina en materia del trabajo. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve se declaró desierta (foja 519). 2. Prueba de informe de autoridad a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve se declaró desierta (foja 584). Con las constancias anteriores, se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Así, este órgano de control constitucional considera que debe tenerse por cumplida la ejecutoria dictada en el presente expediente, toda vez que la autoridad responsable realizó todas las gestiones necesarias para el desahogo de las referidas probanzas. En efecto, independientemente de que no se logró el debido desahogo de los medios de prueba referidos, la autoridad responsable demostró haber realizado las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, pues respecto de la prueba pericial en materia de medicina del trabajo, de autos se desprende que giró diversos oficios a distintas instituciones para que designaran perito, sin obtener respuesta favorable; y por lo que hace a la prueba de informe a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, giró el oficio respectivo a la autoridad de asistencia social, no obstante, la probanza de mérito no pudo desahogarse derivado de la imposibilidad de Correos de México para entregar el oficio respectivo. Con lo cual, es inconcuso que la imposibilidad para desahogar las pruebas a que se hizo referencia en el recuadro que precede, se debió a factores externos, imprevisibles y ajenos al control de la autoridad responsable y vinculadas, y no a omisiones culposas o dolosas de su parte. Por lo que, este juzgado considera que la responsable dio cumplimiento al núcleo esencial de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que no debía tener por desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que lo correcto era dar vista a la actora al advertir el cambio de domicilio de dicha autoridad y requerirle para que proporcionara uno nuevo, ya que a través de ese argumento la justiciable pretende que este órgano jurisdiccional sustituya a la autoridad responsable en cuanto a la potestad que la tiene para instruir los juicios de los que conoce. La determinación de este juzgador no perjudica en esta etapa a la quejosa, pues en su caso, si la responsable emitiera una resolución que no le favorece y la procesada lo atribuye a la deserción del informe cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá la oportunidad de combatir dicha situación mediante el amparo directo, pues imputa el sentido del fallo a una violación procesal que trascendió a sus defensas, lo cual encuadra en la hipótesis de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 181, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO Y CUANDO EN AMPARO DIRECTO. Para que las violaciones del procedimiento permitan la procedencia del juicio de amparo indirecto, es menester que aquéllas sean de naturaleza tal que por sí solas causen al agraviado un perjuicio que sea de imposible reparación en la sentencia. En cambio, el amparo directo podrá intentarse válidamente siempre que las violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y que este acto decisorio fundamente su sentido en el hecho jurídico que sea consecuencia de la violación; por lo mismo, si la violación procesal afecta a lo que constituye el material lógico en que deba basarse la sentencia, tal violación debe alegarse en amparo directo por consumarse la violación propiamente en esa resolución. Por el contrario, si la violación procesal ninguna relación tiene con la sentencia, si no afecta el material lógico en que ésta debe descargar, si el fallo que se dicte no puede estar influido ni de una manera indirecta por la violación cometida, o bien, si la violación, aunque siendo en principio de naturaleza de afectar a la sentencia, no puede afectarla por producir el efecto de paralizar el procedimiento haciendo imposible que el fallo se dicte, el amparo procederá desde luego contra la actuación violatoria." Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar la prueba pericial en materia del trabajo, y la de informe de autoridad a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que aún y cuando se declararon desiertas las probanzas precisadas en el fallo protector, lo cierto es que la autoridad responsable llevó a cabo todas las acciones para efectuar esa diligencia, con lo cual puede concluirse que cumplió con el núcleo esencial de la resolución emitida en autos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en desahogo de la vista concedida en acuerdo de dos de mayo de dos mil diecinueve, realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones del promovente, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veintiséis de abril del año en curso en el que declara por desierta la probranza de informe de autoridad. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, informó que giró oficio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que rindiera el informe de autoridad ofrecido por la parte actora. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Alejandra Cuevas Hernández, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del presente proveído, informe si el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia rindió el informe de autoridad a su cargo, o en su defecto, los apercibimientos que ha hecho efectivos para lograr el debido desahogo de dicha probanza. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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