Esteban Linas Hernández

Expediente 1630/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1630/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Esteban Linas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del citado ayuntamiento, mediante el cual remite dictamen por el que se concede la pensión por cesantía en edad avanzada del quejoso, emitido el seis de octubre del año en curso. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del citado ayuntamiento, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del dictamen por el que se concede la pensión por cesantía en edad avanzada del quejoso, emitido el seis de octubre del año en curso, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1630/2022, promovido por ********************contra actos del Cabildo de Cuernavaca, Morelos a través de su Síndico Municipal y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, así como ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Cabildo de Cuernavaca, Morelos a través del Síndico Municipal. ° Comisión Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Titular de la Secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Titular de la Consejería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. ° Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. ° Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Actos reclamados: ". La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, para expedir mí acuerdo pensionatorio y publicarlo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y como consecuencia la falta de pago de las prestaciones que me corresponden por motivo de mi pensión por cesantía en edad avanzada". SEGUNDO. El trece de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1630/2022, y desechó la demanda de amparo. No obstante, mediante escrito presentado por la parte quejosa, a través de su apoderado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, interpuso recurso de queja en contra del auto de desechamiento antes mencionado. TERCERO. Una vez substanciado el recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante sesión del nueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró fundado dicho recurso. Atento a lo anterior, esta autoridad, mediante proveído del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".La omisión de contestar el escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la modificación de la petición del otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada.". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables denominadas Síndico Municipal y Representante Legal, Consejera Jurídica e Integrante del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, Secretario de Administración y Presidente del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Regidor de Educación, Cultura y Recreación y Derechos Humanos, Tesorero Municipal e Integrante del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, Contralora Municipal e Integrante del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado; lo que así se advierte del análisis completo del informe justificado y las constancias agregadas en autos. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades señaladas como responsables antes descritas, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, o aportara constancias que apoyaran su existencia. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por ********************, por cuanto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consistente en la omisión de acordar el escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la modificación de la petición de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por cuanto a la autoridad señalada como responsable denominada Directora de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido de su informe justificado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se surten los supuestos de improcedencia, que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa expresó en sus conceptos de violación, en esencia, que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable es omisa y no actúa en breve término como lo dispone el primero de los numerales citados. A criterio de este juzgador, resulta fundado y suficiente el concepto de violación en estudio en atención a las siguientes consideraciones de derecho: En primer lugar, debe precisarse que el derecho de petición encuentra sustento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del citado artículo se desprende que los elementos que debe tener la petición que los habitantes de la República son los siguientes: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: Debe ineludiblemente emitir acuerdo o respuesta; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar los acuerdos recaídos a las peticiónes en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene que en el presente asunto, la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, realizó solicitud sobre el trámite de modificación de pensión por cesantía en edad avanzada, ante la responsable; misma que fue turnada a dicha autoridad el uno de marzo de ese año; no obstante lo anterior, a la data de la emisión de la presente sentencia no obra constancia de que la autoridad responsable haya dado respuesta a la petición formulada. Máxime que la Directora de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado, e indicaron que la falta de respuesta es derivado de la pandemia, así como la excesiva carga de trabajo. Así, si la parte quejosa presentó la petición ante la autoridad responsable, sin que a la fecha obre constancia de que se hubiese emitido su respectiva respuesta, es evidente que transcurrió en demasía el término con el que cuenta la responsable para dar respuesta a la petición que le fue formulada, por lo que se considera que el plazo transcurrido resulta excesivo a efecto de que la responsable se pronuncie respecto a la petición realizada. El razonamiento anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 318, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud". Máxime que en el caso en particular debe indicarse que el derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de dar respuesta al derecho de petición de la parte quejosa (solicitud en materia de pensiones), procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición, para que una vez conocida dicha contestación, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por ********************, para que la autoridad responsable Directora de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa en escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, recibido según sello el uno de marzo de ese mismo año, y lo notifique en términos de la ley aplicable al acto. Sin embrago, debe señalarse que en caso de que así lo considere este órgano de control constitucional podrá vincular al cumplimiento del presente juicio de amparo, a una autoridad diversa a la anteriormente señalada; ello en atención, a la participación que puedan tener las mismas en el ámbito de su competencia. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la parte promovente -aquí quejosa-, sino que está en libertad de resolver de conformidad de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables dentro del considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Directora de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los informes justificados que rinden la Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades adscritas al Ayuntamiento de mérito, residentes en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tiene por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. Correo electrónico Por cuanto al correo electrónico que proporcionan, se tiene únicamente como medio de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día en que se actúa, toda vez que a la fecha no obra el informe justificado requerido a las diversas autoridades señaladas como responsables dentro del presente juicio; de ahí que, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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