Esteban Caballero Reyes
Expediente 177/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esteban Caballero Reyes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en sus artículos 18 fracción I, inciso b), y 35, así como el punto 7.4 denominado "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En este asunto se concedió la suspensión de plano, por lo que este juzgado determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, c) En su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 177/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado de forma electrónica el once de febrero de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, Adolfo Antonio Méndez Barroso a favor de Esteban Caballero Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO: En su doble carácter, Ordenadora y ejecutora: La orden de aprehensión dictada en su contra y el cumplimiento que pretenden dar a la misma". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de doce de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano para que cesara todo acto de incomunicación de manera inmediata, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; así también se ordenó requerir al quejoso para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. TERCERO. En diligencia de doce de febrero de dos mil veintidós, el directo quejoso ratificó la demanda de mérito, por lo que el catorce siguiente se admitió la demanda de amparo, se solicitó informes justificados a las responsables, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual culminó con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso directo y el cumplimiento a ésta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". En ese sentido, y al actualizarse la causa de improcedencia en comento, conlleva a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se advierte que el quejoso fue puesto a disposición de esa autoridad el diez de febrero de dos mil veintidós, con motivo de la detención que efectuaron policías municipales, ante el señalamiento efectuado por Maribel Caballero Reyes, por violencia familiar, lo que dio pauta a la apertura de la carpeta de investigación número 4763/FVCE/ZIMATLÁN/2022. Sin embargo, también se observa que ante la falta de datos de prueba y las manifestaciones de la referida Maribel Caballero Reyes, no se continuó con la integración de la carpeta, lo que conllevó que la puesta en libertad del quejoso directo el trece de febrero de dos mil veintidós, lo que en su caso, actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos de la privación de la libertad del quejoso. Máxime, que el quejoso no amplió su demanda en contra de la referida detención. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 177/2022 promovido por Adolfo Antonio Méndez Barroso a favor de Esteban Caballero Reyes, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos del diverso penúltimo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, dé cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de marzo de dos mil veintidós; por tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas, las copias certificadas deducidas de la carpeta de investigación 4763/FVCE/ZIMATLÁN/2022 de su índice, mismas que se tienen por desahogadas en este acto, en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Atento a lo anterior, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado el quince de febrero de dos mil veintidós, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta suscrito por el el Jefe de la Administración de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que las piezas postales a que hace referencia, ya están glosadas a los autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, aún no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de febrero del año en curso, ni obra constancia alguna que acredite haya quedado notificado del mismo; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DEL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Atento a lo anterior, se ordena reexpedir el oficio correspondiente vía telegráfica, a la citada autoridad, a fin de que quede debidamente notificada del proveído de quince de febrero de dos mil veintidós y de cumplimiento al requerimiento dictado en este juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Administración de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este juzgado el acuse de recibo de las piezas postales MN680104867MX y MN680104868MX, registradas en la factura de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, correspondientes a los siguientes oficios y autoridades: 3834/2022 SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA. 3835/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA LOCAL DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Con independencia de lo anterior, y en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, gírese oficio vía telegráfica a las referidas autoridades responsables, al que se deberá insertar el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el cual se les solicita su informe previo, así como copia de la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
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