Essica Vázquez Romualdo
Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Essica Vázquez Romualdo
- Zeferino González Juan, Agente Municipal Propietario de la Agencia Municipal de la Comunidad de la Trinidad, municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintitrés. Devuelven sobres. Vistos los sobres que devuelve el Administrador de Correos con sede en la capital del Estado, que contienen los oficios 27036, 27037, 27038, 27039, y 27040, dirigidos al "Agente Municipal Propietario, Agente Municipal Suplente, Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, Presidente del Comisariado Ejidal, y Comandante de la Policía Municipal", todos de la Agencia Municipal de la Comunidad de la Trinidad, Municipio de Yaveo, Choapam, Oaxaca, los cuales fueron rehusados por los motivos que expone. Reexpedición de sobres por conducto de superior. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídanse los oficios de referencia, los cuales contienen el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el archivo del presente asunto, al Ayuntamiento de Santiago Chopam, Oaxaca, superior jerárquico de las autoridades responsables, por ser la cabecera municipal del Distrito de Choapam, Oaxaca, a fin de que, por su conducto haga llegar los mismos a sus destinatarios; de igual manera, remita los acuses correspondientes a la recepción de dichos oficios por parte de sus subordinados, apercibido, que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no informar el impedimento legal que le asista para ello, se le hará efectivo el medio de apremio consistente en multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, acorde con el artículo 237, fracción I, en relación con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano, lo que hace equiparable este asunto al supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) [incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar], del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, y conforme al numeral 35 del mismo Acuerdo General y punto 7.4 denominado "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada; Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se tiene por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes en los términos a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII del aludido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante el cual remite en oficio anexo la información personal de sus subordinados, solicitada en auto de doce de octubre actual; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veinte de octubre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el escrito de Arturo García Rodea, autorizado de la quejosa ESSICA VÁZQUEZ ROMUALDO en términos del artículo 12 de la Ley Amparo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de octubre del año en curso, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la directa agraviada, fue liberada por las autoridades responsables a partir de las once de la mañana del diez de octubre actual. Ahora bien, en su demanda de amparo la quejosa reclama de manera destacada en este juicio de amparo la orden de privación ilegal de su libertad cometido en su contra por las autoridades responsables Agente Municipal, propietario y suplente, Comisariado de Bienes Comunales y Presidente y demás integrantes del Comisariado Ejidal, todos de la Comunidad de la Trinidad, Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Oaxaca. En consecuencia, acorde a lo manifestado por el autorizado de la quejosa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada, se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como se dijo, en este juicio de amparo el acto reclamado se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad de la quejosa ESSICA VÁZQUEZ ROMUALDO, quien a la fecha, a decir su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, se encuentra gozando de su libertad desde el diez de octubre del año en curso. Por tanto, se concluye que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, pues las autoridades responsables procedieron a su liberación; por lo que se considera que ha dejado de afectar los derechos de la solicitante del amparo, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto reclamado, sino la desaparición total de sus efectos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Registro digital: 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora con la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María Lombardo de Caso, Mixe, Oaxaca, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós (foja 156 vuelta), en la que afirma no se encontraba detenida persona alguna al interior de la cárcel de esa población. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (ocho horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil veintidós). En cuanto a las diversas manifestaciones que realiza el promovente, respecto a nuevos actos cometidos por las autoridades responsables en contra de la quejosa ESSICA VÁZQUEZ ROMUALDO, no ha lugar a tenerle promoviendo en vía de ampliación de demanda, toda vez que la calidad de autorizado no lo faculta para ello, ya que, conforme a las reglas que rigen el juicio de amparo, se requiere que la demanda se suscriba por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción, conforme a los artículos107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I de la Ley de Amparo; ello, con independencia que los actos reclamados se encuentran desvinculados del acto inicialmente reclamado. En apoyo resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, registro digital: 161909, de rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Aunado al hecho de que los nuevos actos a que hace mención el promovente están desvinculados del acto reclamado en el presente juicio relativo a la restricción de su libertad deambulatoria; por tanto, queda expedito el derecho de la parte quejosa para hacer valer sus derechos en la vía y forma que corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos, el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Lombardo de Caso Mixe, Oaxaca; mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho urgente 604/2022, del índice de este Juzgado que remite como anexo; por tanto, dese de baja dicha comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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