Esteban Ángel Alvirde González
Expediente 469/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/03/2017
Partes del expediente
- Bertha Atanacia Cabanzo Bolaños
- Esteban Ángel Alvirde González
- Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Esteban Ángel Alvirde González y Bertha Atanacia Cabanzo Bolaños, través del cual solicita copias certificadas de la sentencia emitida en este asunto, así como del auto que la declaró ejecutoriada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a los promoventes las copias que piden, teniendo por autorizados para su recepción a las personas que designan. En el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese el oficio de cuenta a través del cual la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, México, acusa recibo del oficio 42404 y anexos adjuntos. En su oportunidad, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de doce de septiembre de dos mil dieciséis, (fojas 137 a 151), en la que se negó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de doce de septiembre de dos mil dieciséis, (fojas 137 a 151), se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que mediante interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso, se concedió la suspensión definitiva (punto vigésimo primero, inciso III, segundo párrafo de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, primer párrafo de dicho Acuerdo). Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por el Magistrada Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, México, que anexó como complemento a su informe justificado. Asimismo, se le solicita, acusar el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Esteban Ángel Alvirde González y Bertha Atanacia Cabanzo Bolaños solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistentes en la resolución de diez de marzo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de cuatro de junio de dos mil quince, el cual declara no apelable el auto de once de mayo de dos mil quince -relativo a no declarar la caducidad en el incidente de liquidación de rentas-, en los autos del toca de apelación 366/2015, interpuesto contra el auto de once de mayo de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, en el expediente 727/2004, relativo al juicio ordinario civil de nulidad absoluta de diligencias de información de dominio. SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 469/2016-V, por auto de doce de abril de dos mil dieciséis se admitió la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama la resolución de diez de marzo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de cuatro de junio de dos mil quince, el cual declara no apelable el auto de once de mayo de dos mil quince -relativo a no declarar la caducidad en el incidente de liquidación de rentas-, en los autos del toca de apelación 366/2015, interpuesto contra el auto de once de mayo de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, en el expediente 727/2004, relativo al juicio ordinario civil de nulidad absoluta de diligencias de información de dominio. TERCERO. Certeza de actos. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (foja 61), dato que se robustece con las copias certificadas del expediente 927/2014 y del toca de apelación 366/2016 remitidas en complemento al informe justificado por la Sala responsable, constancias a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se advierte la aceptación y existencia del acto reclamado. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio, razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se advierte medularmente los antecedentes siguientes: El tres de noviembre de dos mil ocho, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, en el juicio 927/2004 dictó sentencia definitiva (fojas 30 a la 43 de diversas copias certificadas del expediente 927/2004) cuyos puntos resolutivos son: ".Primero. Ha sido procedente la vía ejercitada, para el ejercicio de la acción reclamada. Segundo. Se declara la nulidad absoluta de las diligencias de información de dominio, promovidas por Esteban Ángel Alvirde González, en los autos del expediente 175/1984, tramitadas ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, hoy Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, así como todo lo actuado en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal derivado del juicio de Divorcio Necesario, tramitado en este juzgado en el expediente 471/1999, en fecha tres de noviembre de dos año dos mil, y todo lo actuado en el incidente de liquidación de sociedad conyugal de fecha veinticuatro de mayo del dos mil, declaración que debe retrotraer sus efectos a la fecha de la tramitación de la referida información de dominio y del incidentes de liquidación de sociedad conyugal, en consecuencia de ello, condenar al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, a la cancelación del asiento registral bajo la partida 663, volumen XI, libro primero, sección primera de fecha ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que una vez que la presente cause ejecutoria, gírese atento oficio a la dependencia antes mencionada para que proceda a su cancelación. Tercero. Se declara que Leonila Alvirde González, tiene mejor derecho para poseer el inmueble objeto de este juicio, por ende, se le condena a desocupar y entregar a la parte actora o a quien su derecho represente el bien inmueble materia del presente juicio con sus frutos y accesiones, dentro de un plazo de ocho días, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta resolución, y en caso de no hacerlo se procedería a su ejecución en la vía de apremio. Cuarto. Se condena a los codemandados Esteban Ángel Alvirde González y Bertha Atanacia Cabanzo Bolaños, al pago de rentas mismas que se computaran a partir del día trece de octubre de dos mil cuatro, hasta la fecha en que hagan entrega del bien inmueble motivo del presente juicio, que se calificaran en ejecución de sentencia. Quinto. Se absuelve al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Tamango del Valle, Estado de México, de prestaciones marcadas con los numerales II y II (sic) de todas y cada una de las prestaciones que se le reclaman en el presente juicio. Sexto. No se hace especial condena en costas en esta instancia. Séptimo. Notifíquese personalmente." -En etapa de ejecución de sentencia- Leonila Alvirde González promovió incidente de liquidación de pago de rentas, el cual fue admitido el nueve de junio de dos mil catorce (foja 1a la 5 y 9 de las copias certificadas del incidente de liquidación de rentas). Los quejosos al dar contestación al incidente planteado, se opusieron a la liquidación y solicitaron convocar a Ana Ma. Espinoza Rodríguez (foja 14 a la 25 ibídem); posteriormente, el ocho de mayo de dos mil quince, solicitaron la caducidad del incidente ante el Juez del conocimiento (foja 66 ibídem). El once de mayo de dos mil quince, el Juez de primera instancia, negó decretar la caducidad, toda vez que hasta ese momento no se constituía la relación procesal con Ana Ma. Espinosa Rodríguez, pues el once de septiembre de dos mil catorce, se ordenó darle vista (foja 67 ibídem). En contra del auto mencionado los promoventes del amparo, interpusieron recurso de apelación, el cual fue registrado con número de toca 366/2015 del índice de la Sala responsable (foja 4 a la 11 de las copias certificadas del toca de apelación 366/2015). El cuatro de junio de dos mil quince, la Sala responsable señaló que no es apelable el auto de once de mayo de dos mil quince (foja 18 a la 26 ibídem). La parte apelante interpuso recurso de revocación contra el auto de cuatro de junio de dos mil quince (foja110 a la 122 ibídem), el cual se resolvió el diez de marzo de dos mil dieciséis (foja 137 a la 149 ibídem), en el cual confirmó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, bajo las consideraciones siguientes: El auto de cuatro de junio de dos mil quince, no trasgrede lo establecido por el numeral 1.245 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. La norma que rige una determinada situación o controversia es en primer lugar la ley, y de acuerdo al sistema de normas que rige en el Estado de México, son de observancia general las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles en la entidad, para resolver las controversias conforme al numeral 1.1 del Código Civil del Estado de México, en relación con lo dispuesto por el similar del ordenamiento adjetivo civil en la entidad. De la recta intelección del artículo 1.378 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, se infiere que cuando se pretende combatir un auto, la situación fáctica debe ajustarse precisamente a los imperativos establecidos en la ley. Pues es de explorado derecho que el recurso de apelación en la ley de la materia es casuístico, es decir contiene una regulación pormenorizada, de qué clase de resoluciones admiten dicho recurso, lo que conlleva a establecer que solamente la ley adjetiva establece qué resoluciones son las que admiten la apelación, sin que tenga que integrarse la ley en el caso, de ahí que tampoco es procedente aplicar por analogía las disposiciones de la Ley de Amparo, dado que contrario a lo vertido por los recurrentes no existe laguna legal. La resolución recurrida se consideró legal, dado que el numeral 1.378 de Código de Procedimientos Civiles en la entidad, señala expresamente que para la procedencia del recurso de apelación en contra de un auto, la hipótesis debe estar específicamente señalada. El auto impugnado por el cual se negó a decretar la caducidad, no puede ser impugnado a través del recurso de apelación, porque la situación fáctica no se encuentra dentro de alguno de los supuestos normativos establecidos. De acuerdo a la interpretación literal del artículo 1.245, se advierte que procede el recurso de apelación con efecto suspensivo en contra del auto que decreta la caducidad. Que la referida hipótesis, no es aplicable al auto de once de mayo de dos mil quince, donde el Juez del conocimiento negó decretar la caducidad, tal como quedó asentado por el Juez de origen, pues el trámite y sustanciación de la apelación queda sujeto a dispositivos legales contemplados dentro de la legislación procesal civil, sin que deban de observarse los artículos de la Ley de Amparo, que aluden los recurrentes. La legislación civil no permite dentro de sus disposiciones, la aplicación supletoria de la Ley de Amparo. No cabe la interpretación a contrario sensu, respecto del numeral 1.245 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad y con ello, considerar que es apelable el auto que no decreta la caducidad. El numeral 1.16 del Código Civil en la entidad, donde se precisa que el sentido de las normas debe hacerse en principio bajo la interpretación textual y contextual. Además, el método que pretende se aplique es sumamente limitado, pues para que surta efectos es requisito indispensable que la norma jurídica a interpretar admita una situación a contrario, y que además, dicha situación se presente en la realidad. No se aprecia que la norma contenida en el numeral 1.245 del Código Adjetivo de la materia, admita una situación a contrario, pues no debe perderse de vista que se pretende aplicar a contrario sensu una norma establecida para la procedencia del recurso de apelación, y que ésta se encuentra dentro de los supuestos específicos a que alude el diverso artículo 1.378 del Código de Procedimientos Civiles, de tal suerte que al interpretar en sentido contrario a la norma, y admitir el recurso, se tendría que desnaturalizar el medio de impugnación relativo a la apelación, al dejar de ser casuístico. En la ley adjetiva civil se distinguen diversos medios de impugnación, de tal suerte que en el caso de que el supuesto fáctico no se encuentre dentro del catálogo de hipótesis normativas establecidas para la procedencia de la apelación, los impetrantes pueden combatir las resoluciones a través de diversos recursos como es el de revocación, el cual procede contra una generalidad de resoluciones judiciales indeterminadas, contrario a lo establecido para el caso de la apelación que reviste una naturaleza casuística como se ha establecido. Queda evidenciado que la procedencia del recurso de apelación contra el auto que no decreta la caducidad y más aún el artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles, no se encuentra ante la ausencia de una norma específica y que derivado de ello se requiera una interpretación adicional, tal como lo pretenden los recurrentes, pues es claro que el numeral 1.378 del código adjetivo civil, establece que la apelación tiene naturaleza casuística y que procede en los casos previstos específicamente, asimismo, es clara la disposición del artículo 1.245 del citado cuerpo normativo, en la cual se advierte la procedencia del recurso de apelación en contra del auto que decreta la caducidad; por tal motivo se infiere que tal auto no puede ser combatido a través de la apelación, sino por diverso recurso ordinario. Que en el caso concreto no se advierte vulneración de derechos humanos, ni trasgresión alguna a los dispositivos legales de los ordenamientos internacionales que citan los recurrentes en sus motivos de disenso; pues es cierto, que toda persona goza de diversas garantías judiciales, conforme al numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de acuerdo a lo estipulado en el diverso artículo 25 del propio instrumento, se debe proveer a los justiciables de un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Al emitir al auto de cuatro de junio de dos mil quince, no se trasgredieron tales disposiciones, más bien se actuó en estricto apego a las disposiciones domésticas, es decir el Código de Procedimientos Civiles en la entidad, que establece el procedimiento relativo para la tramitación del recurso de apelación, donde se establecen las formalidades esenciales, las cuales delimitan la actuación del operador jurídico y cuya aplicación a consideración del tribunal de alzada no violenta los derechos humanos invocados por el recurrente. El artículo 14 Constitucional consagra entre otras la garantía de seguridad jurídica, conforme a la cual se impone y obliga al Estado cualquiera que sea la autoridad, que sus actos, a efecto de que sean válidos y puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados, cumplan con un conjunto de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas que la ley establece, como es el caso de la hipótesis contenida en el numeral 1.378 de la ley adjetiva civil en la entidad, en la cual se establece que para que proceda la apelación en tratándose de autos, la hipótesis debe estar contemplada específicamente. Y si en el Código de Procedimientos Civiles en comento, no se establece el caso relativo al auto en el cual no se decreta la caducidad, para la procedencia de la apelación, entonces, lo conducente es declarar no apelable tal proveído. Para ejercer el derecho a la justicia se deben cumplir con los presupuestos procesales, formales y materiales de admisibilidad, de procedencia de las acciones y de los recursos, además de observar en todo momento los plazos y términos que se establecen en las leyes, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. En términos del segundo párrafo de artículo 17 Constitucional, se observa el principio de justicia imparcial, el cual precisa que el juzgado emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, por lo cual, siempre que alguna de las partes solicite la intervención del órgano jurisdiccional, para dilucidar algún derecho, éste preverá lo conducente, respetando en todo momento los plazos y términos que en la ley se especifican. Las reglas de procedencia no pueden alterarse, por lo que si los recurrentes pretenden que se les admita un medio de impugnación en contra del auto que no declara la caducidad, y el Código Adjetivo Civil no prevé disposición alguna en la cual faculte al tribunal de alzada a interpretar a contrario sensu, el artículo 1.245 del ordenamiento legal citado, el mismo se debe tener por no interpuesto; pues en caso contrario, se atentaría también contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil. Asimismo se estimó que al admitir el recurso de apelación planteado en los términos que precisan, es decir aplicar la norma del artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles a contrario sensu o determinar que es apelable el auto que no decreta la caducidad, por considerar que la norma no es suficiente y resulta necesario acudir a una interpretación adicional, ello resultaría discriminatorio y se vulnerarían en perjuicio de su contraria, los principios señalados y específicamente el principio de equidad procesal, además de que se dejarían de observar las formalidades esenciales del procedimiento preestablecidas en la normatividad civil aplicable al presente asunto, con relación a la procedencia del recurso de apelación cuando se combate un auto. Al aplicar la norma pretendida por el recurrente a contrario sensu, se trasgredirían las normas rectoras del procedimiento vulnerando con ello los derechos humanos de la contraparte. Siendo este el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En ese orden, sustancialmente el quejoso expone los conceptos de violación siguientes: La técnica jurídica de interpretación a contrario sensu, sí es aplicable en materia civil, pues el artículo 1.16 el Código Civil del Estado de México, no contiene ninguna prohibición de dicho método de interpretación, contrario a lo que expone la Sala responsable. La figura de la caducidad contiene una norma especial que debe privilegiarse sobre otras normas del propio ordenamiento, pues existe regla expresa al considerar la declaración de caducidad apelable, por lo que debe atenderse al principio de especialidad. Conforme al criterio de la especialidad de la ley, tiene preeminencia el artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, sobre el diverso 1.378, dado que el primero pertenece a un ordenamiento que regula específicamente las formalidades de la caducidad, mientras que el segundo corresponde a las reglas generales de apelación de interlocutorias y autos. El tribunal responsable reconoce que "el recurso de revocación, procede contra una generalidad de resoluciones indeterminadas", es inconcuso que la autoridad responsable invoca la regla general soslayando la especialidad de la norma. La pretendida naturaleza casuística del recurso de apelación en el numeral 1.378 del Código Adjetivo Civil, está proscrita por el sistema de derecho positivo rector de la materia civil, y está en pugna con el derecho humano a un recurso adecuado y eficaz. El artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al disponer que el auto que declare la caducidad sea apelable con efecto suspensivo, es violatorio de los artículos 17 de la Constitución Federal de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, al entorpecer el acceso del gobernado a un recurso adecuado y efectivo, cuando no se declara la caducidad; lo cual propicia discriminación, desigualdad y un comportamiento arbitrario de la autoridad. La autoridad responsable al exponer que el recurso de apelación tiene naturaleza casuística, no es conforme a derecho, en virtud de que dicho criterio deriva de una regla genérica en la tesis aislada con registro 199850 (la parte quejosa refiere que el criterio ha sido superado). En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, existe una laguna o vicio que puede ser superado a través de la interpretación normativa a contrario sensu, en el caso relativo al auto que no decreta la caducidad. La tesis invocada por la autoridad responsable registrada con número 2007621, no es aplicable al presente asunto, dada la especialidad de la norma. El que la autoridad responsable establezca una interpretación literal del artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, está adoptado como resultado la interpretación restrictiva del texto, un sentido restringido de la interpretación de la norma, soslayando que el texto de la norma es incompleto y por tanto, no basta el texto gramatical. La autoridad responsable tergiversa los motivos de agravio, pues lo que pretende el promovente es establecer el vacío legislativo de lo dispuesto por el artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por la ausencia de reglamentación legislativa en cuanto a la declaración de caducidad. La aplicación a contrario sensu de lo dispuesto por el artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, no resulta impróspero, dado que sí cabe la interpretación a contrario sensu, respecto del numeral invocado, para considerar que es apelable el auto que no decreta la caducidad, por ser un caso especial. Al realizar la calificación de grado en un recurso de apelación, el ad quem se percata de que en la tramitación del juicio se actualizó la caducidad de la instancia en la ejecución de sentencia, sin que el a quo la haya decretado, aun cuando no exista materia al respecto, debe decretarla, dado que la declaración de caducidad es de oficio. Ahora bien, previo a analizar los conceptos de violación, es oportuno precisar que una de las pretensiones de la parte quejosa, es el que se aplique el control de convencionalidad de acuerdo a los argumentos que plasma en su demanda de amparo y que han sido resumidos en párrafos precedentes, los cuales resultan inoperantes, toda vez que este órgano jurisdiccional sólo puede ejercer dicho control ante la violación de derechos humanos y en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que está facultado para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código de Procedimientos Civiles y no así disposiciones que son del ámbito de competencia de la autoridad responsable. Ilustra lo anterior, la tesis P. IX/2015 (10a.), publicada en la página 355, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, con registro 2009816, cuyo rubro y texto son: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla." Por otro lado, para efecto de dar respuesta a los conceptos de violación se acota lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé en su párrafo cuarto lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Por tanto, el Juez civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la situación jurídica controvertida. Expresado en otro sentido: el Juez está ligado a los textos legales, si éstos le brindan la solución que busca. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que pudiera existir en la codificación adjetiva civil correspondiente, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Más no hay que olvidar que se trata de la búsqueda del sentido de la ley, y que éste no ha de identificarse con la voluntad del legislador. Si la labor interpretativa revela al Juez que el caso sometido a su decisión no está previsto, tiene la obligación de colmar la laguna. Es aplicable al caso la tesis 1a. XI/2007, publicada en la página 653, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época, con registro 173254, cuyo rubro y texto son: "LEYES CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. Conforme al párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, esto es, los Jueces están ligados a los textos legales si éstos les brindan la solución buscada. En ese tenor, se concluye que las leyes civiles no necesariamente han de interpretarse literal o gramaticalmente, pues frente a su insuficiencia u oscuridad, los juzgadores pueden utilizar diversos mecanismos de interpretación -histórico, lógico, sistemático, entre otros-, sin que estén obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden recurrir al que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto." En ese orden, los artículos 1.245, 1.362 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad prevén: "Artículo 1.245.- El Secretario del Tribunal, concluido el plazo de 180 días naturales, sin actividad procesal, certificará de oficio ese hecho y dará cuenta. El Tribunal dictará auto declarando caduco el proceso. La certificación y declaración de caducidad podrán ser hechas a petición de parte interesada. La caducidad extingue el proceso, pero no la pretensión, dejando a salvo los derechos. El auto relativo es apelable con efecto suspensivo." "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 1.378.- Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, tenemos que la legislación procesal civil en la entidad, contiene norma expresa que precisa la consecuencia de no ser recurrible un auto a través del recurso de apelación, siendo oportuno precisar que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Es aplicable al caso la tesis I.6o.C.357 C, publicada en la página 1482, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, con registro 177274, cuyo rubro y texto son: "INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN MATERIA CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. ALCANCES QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Por imperativo constitucional las sentencias en materia civil, lato sensu, deben dictarse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, razón por la que resulta claro que primero debe acudirse a la literalidad del texto normativo, cuando es completamente claro y no dé lugar a confusiones, sin que sea necesario realizar una labor hermenéutica compleja, dado que el sentido del texto es suficiente para considerar la actualización del supuesto jurídico en él contenido y de sus consecuencias de derecho; empero, cuando la ley no es clara, el juzgador debe acudir al método interpretativo que le parezca más adecuado para resolver los casos concretos, y sólo cuando existan lagunas en la ley habrá de ejercer una labor integradora. Éstos son los alcances de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Norma Fundamental, por tanto cuando existe ley aplicable al caso, ésta debe observarse de conformidad con su propio texto o bien acorde con la interpretación que le corresponda, en cumplimiento de esa garantía, pues no puede tenerse por colmada mediante la cita de criterios aislados de órganos jurisdiccionales que no se refieren al precepto aplicable." En ese orden, resultan ineficaces los conceptos de violación precisados en los incisos a, h y l, en virtud de que el quejoso parte de una apreciación errónea en cuanto a su intención de aplicar una interpretación a contrario sensu de diverso dispositivo; pues al respecto debe entenderse que un argumento a contrario, es por el que, dado un enunciado normativo que predica una calificación normativa de un término perteneciente a un enunciado destinado a un sujeto o una clase de sujetos, se debe evitar extender el significado de aquel término de tal modo que comprenda a sujetos o clases de sujetos no estricta y literalmente incluidos en el término calificado por el primer enunciado normativo. Lo anterior se basa en la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis, entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y sólo a ella, rechazándose su aplicación a cualquier otro caso distinto al expresamente contemplado por el legislador. Un rasgo característico del argumento a contrario es que se basa en la voluntad del legislador racional, su fuerza persuasiva la obtiene precisamente del hecho de ser fiel a la voluntad del autor del documento, a partir de lo redactado por el legislador para una especie concreta, se deduce por su carácter racional, que su voluntad ha sido excluir de esa regulación otra serie de supuestos del mismo género que prima facie hubieran podido considerarse incluidos. En ese orden, si el legislador ordinario dispuso en el artículo 1245 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, que: "Artículo 1.245.- El Secretario del Tribunal, concluido el plazo de 180 días naturales, sin actividad procesal, certificará de oficio ese hecho y dará cuenta. El Tribunal dictará auto declarando caduco el proceso. La certificación y declaración de caducidad podrán ser hechas a petición de parte interesada. La caducidad extingue el proceso, pero no la pretensión, dejando a salvo los derechos. El auto relativo es apelable con efecto suspensivo." De lo anterior se tiene que el argumento que pretende el inconforme sea aplicado no le beneficia, dado que dicho precepto prevé una disposición en concreto al caso particular, y por ende, no debe extenderse una interpretación de aquél término a casos o supuestos no previstos en la norma; lo cual obedece a que el legislador reguló una hipótesis en particular y no a diversa, por lo que debe rechazarse su aplicación a distinto caso al expresamente establecido por el legislador; motivos suficientes para considerar ineficaces los conceptos de violación en comento. Esto es, de la interpretación del artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, deriva que el legislador estableció como enunciado normativo que el auto que decretaba la caducidad era apelable, por lo que, a contrario sensu, sólo dicho auto goza de esa calificación, pues se entiende que el legislador no quiso extender el supuesto normativo a otros casos, como podrían ser aquellos en que se declara improcedente la caducidad u otros similares. Los conceptos de violación precisados en los incisos b, c, d, e i, resultan infundados, en virtud de que si bien antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, como lo prevé el criterio de especialidad, que ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda. Dicho criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En consecuencia, la resolución reclamada no infringe el principio de especialidad, pues expone los razonamientos conducentes para demostrar los preceptos aplicables al caso concreto, dado que si bien el artículo 1.245 del ordenamiento procesal civil en la entidad, prevé que el auto que decreta la caducidad es apelable, ello no se contrapone o resulta incompatible con lo dispuesto en el diverso 1.378, que expone que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala la legislación en comento, pues concatenado a ello, está lo previsto en el diverso 1.362, que expone que los autos que no fueren apelables son revocables; situación diversa sería que hubiera diverso precepto en diverso capitulo al "CAPITULO XV - De la Extinción del Proceso-" que previere la procedencia del recurso de revocación contra el auto que declara la caducidad, caso en el que sí tendría que prevalecer el principio de especialidad, ante la incompatibilidad de la norma. Y contrario a lo que expone en cuanto a que la tesis invocada por la autoridad responsable registrada con número 2007621, no es aplicable al presente asunto, dada la especialidad de la norma; la misma sí es aplicable al caso concreto, pues de su contenido se advierte que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Los conceptos de violación precisados en los incisos e, f, resultan infundados, pues el hecho de que proceda diverso recurso que el de apelación en el caso concreto, no demuestra que se atente contra el derecho humano de un recurso adecuado y eficaz, pues de acuerdo al artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Por tanto, el hecho de que el artículo 1.245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al disponer que el auto que declare la caducidad sea apelable con efecto suspensivo, no es motivo suficiente para considerar que es violatorio de los artículos 17 de la Constitución Federal de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no entorpece el acceso del gobernado a un recurso adecuado y efectivo, pues para tal efecto existe el diverso recurso, sin que ello propicie discriminación, desigualdad y un comportamiento arbitrario de la autoridad, pues como lo asentó la responsables aplicó lo dispuesto en la norma, ello en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación precisado en el inciso g, resulta inoperante, pues la autoridad responsable sustentó que la naturaleza del recurso de apelación es casuística, exponiendo los razonamientos aplicables al caso concreto, los cuales fueron apoyados en el criterio que refiere la tesis aislada con registro 199850, sin que en el caso desvirtuara mediante argumento idóneo que no resultara casuístico la procedencia del recurso de apelación, en términos de la legislación procesal civil en la entidad, aunado a que dicho criterio no se encuentra superado o demeritada su aplicación al caso concreto. Los argumentos precisados en los incisos j y k, resultan inoperantes, dado que no demuestra que el texto del numeral 1.245 del ordenamiento procesal civil en la entidad esté incompleto o tenga alguna laguna legal o exista un vacío legislativo. Así, tal deficiencia revela la falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido; ello, en tanto que se estima que los argumentos que se expresen en los conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, como acontece en la especie, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por este órgano jurisdiccional y deberán calificarse de inoperantes. Es aplicable en el caso la Jurisprudencia que se comparte emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, Página: 2121, Tesis: I.4o.A. J/48, Materia(s): Común, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." El concepto de violación precisado en el inciso m, es fundado pero insuficiente, pues si bien es cierto la caducidad de la instancia implica la perención del proceso y precisamente de ello deriva la ineludible obligación del tribunal de alzada de analizar de oficio, es decir, aun ante la ausencia de agravios al respecto, también lo es que si no se actualizaba dicha figura, no estaba obligado a su análisis. En las relatadas condiciones, habiendo resultado infundados e ineficaces los conceptos de violación expresados por los quejosos, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege Esteban Ángel Alvirde González y Bertha Atanacia Cabanzo Bolaños, contra el acto y autoridad precisadas en esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las parte quejosa y tercero interesada.
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