Esperanza Mercado Álvarez
Expediente 489/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/07/2016
Partes del expediente
- Esperanza Mercado Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, si la autoridad responsable se encuentra gozando de su primer período vacacional del presente año, se comisiona al Actuario para que realice la entrega del presente oficio correspondiente una vez que reanude sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, oficio que deberá quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta que sea enviado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de diez de junio del año en curso, para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que se manifestaran al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y este Juzgado Federal analiza de oficio el cumplimiento al fallo de amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En consecuencia, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 552/2014, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el once de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se resolvió: "Único.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Esperanza Mercado Álvarez, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos establecidos en el considerando último de la presente determinación." En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) "se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, cumpla con la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, es decir, dicte el laudo respectivo en el expediente laboral 552/2014 y lo notifique; con lo cual se tendrá por cumplida la sentencia" Mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, dicha determinación causó ejecutoria y, por tanto, se requirió a la autoridad responsable, su cumplimiento. Por oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de junio de dos mil dieciséis, el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del laudo dictado dentro del expediente laboral J.29/552/2014, y sus respectivas notificaciones a las partes del mismo. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, informa el cabal cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 489/2016-VII; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México (foja 2), Esperanza Mercado Álvarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE, DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV. ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la omisión que realiza la autoridad responsable de dar cumplimiento a lo que señala el acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil quince dictado por la Autoridad Responsable, en el juicio promovido por el hoy quejoso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, expediente 552/2014, ante la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de quince de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6-9); la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones de una autoridad del orden laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 552/2014, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México. TERCERO. Existencia El Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, relativas a las actuaciones del expediente laboral 552/2014, documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La promoción del presente juicio de garantías es oportuna, tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo, así como continuado, por lo que se está en aptitud de presentar la demanda en cualquier momento. QUINTO. Causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por este juzgador en términos del último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de fondo del asunto. SÉXTO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación la quejosa aduce, en síntesis, que al no haberse dictado aún el laudo respectivo en el juicio 552/2014 se conculcan sus derechos humanos, pues no se le ha impartido justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, ya que ha transcurrido con exceso el término de quince días a que hace referencia el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo, desde la fecha en que se declaró cerrada la instrucción. Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 17 párrafo segundo de la Constitución General de la República y 895, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesan señalan: "Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 895.- La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: . IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución." Según se observa, los artículos transcritos, establecen que los Tribunales deberán administrar e impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, expedita, completa e imparcial; y en el caso a estudio, la Ley Federal del Trabajo, establece que una vez formulados los alegatos se procederá a dictar resolución. Del análisis que este Juzgador hace de las constancias de autos, aparece que el once de noviembre de dos mil quince (foja 68), se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto del laudo, el cual, según imperativo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se tenía que dictar en un término no mayor de diez días. Así pues, como se advierte de las constancias que acompaña la Junta responsable, al haber declarado cerrada la instrucción (once de noviembre de dos mil quince), sin que a la fecha haya emitido el laudo correspondiente, de ahí que la autoridad responsable no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo, pues de tal fecha hasta el día en que se resuelve, ha transcurrido en exceso el término de diez días con que cuenta dicha autoridad para emitir el laudo correspondiente, y con su actitud omisiva violenta los derechos humanos de la ahora quejosa, en razón de que no se le administra justicia pronta y expedita, tal como lo dispone el imperativo 17 constitucional, pues dicho precepto impone a las autoridades, la obligación de administrar la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, así como a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ya que de no ser así, tal omisión resulta violatorio de su derecho humano consagrado en el citado precepto constitucional. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiterados criterios ha sostenido que tratándose de actos reclamados que redundan en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos reclamados, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables, a las que corresponde demostrar que no incurrieron en ellos, lo anterior, en aplicación del principio aceptado por nuestro derecho positivo, consistente en que los hechos negativos no son susceptibles de prueba, salvo en aquellos casos en que la negativa implique una afirmación. Bajo esa óptica, si como ya se vio, en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, el once de febrero de dos mil quince, se cerró la instrucción, por lo que el tribunal responsable tenía la obligación de resolver el juicio mediante la emisión de un laudo, y toda vez que a través de su informe justificado la citada responsable, aceptó la omisión de dictar el laudo referido a pesar de haberse cerrado la instrucción, es de razonarse, que con su actuar, transgredió el derecho previsto en el artículo 17 constitucional, lo cual resulta ser una clara violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, aplicada por analogía, en la Tesis aislada, XX. 58 L, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, página 591, con número de registro 201229, que dice: "PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO, OMISIÓN DE FORMULARLO Y DE ENTREGAR UNA COPIA DEL MISMO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. ES VIOLATORIA DE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que, después de cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, y señala los requisitos que éste debe contener; y los numerales del 886 al 889 del ordenamiento legal en comento, establecen que de dicho proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes contarán con cinco días para hacer las observaciones que crean pertinentes u ordenar el desahogo de las diligencias que consideren convenientes, y posteriormente, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo la audiencia de discusión, votación y aprobación del proyecto del laudo, el cual si se aprueba sin modificaciones se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la Junta; por tanto, si de las constancias de autos, se advierte que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de laudo respectivo, que se celebró la audiencia de discusión y aprobación del proyecto del laudo sin que conste que el auxiliar de la Junta haya formulado el proyecto de resolución en forma de laudo, y que se haya hecho entrega de una copia del mismo a cada uno de los miembros de dicha Junta, a fin de cumplir con las formalidades establecidas por los artículos ya citados, es evidente que con ese proceder se violan las reglas del procedimiento." Asimismo, es sostén de lo dicho por identidad de razón, la tesis 157 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página ochocientos once, del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, Novena Época, que dice: "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN. Cuando el acto reclamado en un amparo indirecto lo constituye la omisión de la responsable de tramitar el juicio laboral en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, y de las constancias del juicio se advierte que aquélla no cumplió con los términos fijados por la citada legislación para el trámite del procedimiento, tal omisión resulta violatoria de la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la forma en que debe tramitarse el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y los términos en que deben verificarse. Por tanto, si a la fecha de resolver el juicio de garantías los actos que motivaron la tardanza han cesado en sus efectos o ha cambiado la situación jurídica, bien porque las audiencias pendientes ya se celebraron o se fijaron nuevas fechas para su celebración, obedeciendo el diferimiento a diversas causas, no por ello procede sobreseer en el juicio bajo el argumento de que hay nuevas condiciones en el procedimiento no existentes a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sino que, en tal caso, al advertirse de manera notoria la tardanza, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, emita el laudo correspondiente en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo; ya que de estimar lo contrario sería prácticamente imposible que se otorgara la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable respetara en la tramitación de los juicios los términos legales correspondientes, pues debido al tiempo de tramitación del juicio de garantías y su recurso de revisión, para la fecha en que se resuelva en definitiva ya habría cambiado la situación jurídica correspondiente, lo que generaría que la autoridad responsable en nuevas actuaciones pudiera incurrir en otros vicios vinculados con la tardanza de referencia, lo que es inaceptable." Finalmente, es de mencionar que uno de los principios procesales establecidos por el derecho laboral es el de aplicación inmediata de la norma, el cual se traduce en que las normas de trabajo responden a exigencias inaplazables del interés social, su aplicación debe ser inmediata. De ahí se obtiene que la autoridad responsable al no emitir laudo en el plazo establecido por la ley, en el juicio laboral 552/2014, transgrede en perjuicio de la quejosa el derecho humano reconocido en el artículo 17 constitucional, pues menoscaba su derecho de acceso a la impartición de justicia, al no obtener solución sobre las pretensiones que expuso ante ella, pues ésta de manera negligente no emitió el laudo que en derecho corresponde de manera oportuna, en contravención del derecho de la promovente, en el sentido de que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para lograr la mejor economía, concentración y sencillez del proceso, soslayando que una de las características primordiales del procedimiento laboral es la de centralizar las cuestiones litigiosas con el fin de evitar dilaciones procesales y contribuir a la expeditez de las resoluciones. Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable a la quejosa, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía constitucional de la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 de nuestra carta magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.3o.T.J/57, publicada en la página 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 177266, del tenor literal siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo tanto, debe estimarse que en la especie se ha quebrantado la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de no haber dictado el laudo dentro de los diez días siguientes al de cerrada la instrucción, trae consigo su paralización. Sustenta el razonamiento expuesto, la jurisprudencia 8/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis, del tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo tenor es: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable a la quejosa, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía individual de la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 constitucional. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis 196 L, consultable en la página mil cuatrocientos treinta, del tomo XXI, Abril de 2005, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que es del tenor siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SON ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL QUE DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje son órganos formalmente administrativos, pero materialmente jurisdiccionales, puesto que por imperativo del artículo 123 de la Constitución General de la República son las encargadas de resolver las diferencias y conflictos entre el capital y el trabajo, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el primer precepto citado, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes." SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, cumpla con la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, es decir, dicte el laudo respectivo en el expediente laboral 552/2014 y lo notifique; con lo cual se tendrá por cumplida la sentencia. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 79, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R e s u e l v e: Único.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Esperanza Mercado Álvarez, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos establecidos en el considerando último de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Esperanza Araceli Martinez Muñoz1347/2014
- Esperanza Aurora Zarate Zermeño1235/2017
- Esperanza Duran Duran179/2015
- Esperanza Elena Reyes de la Cruz.916/2023
- Esperanza Ibarra Garcia893/2023
- Esperanza Ibarra Garcia1735/2022
- Esperanza Solache Alvarez1328/2019
- Estaban Herminio Islas Martínez540/2018
- Estanislao Estrada Esquivel164/2017
- Esteban Ángel Alvirde González1170/2015
- Esteban Ángel Alvirde González469/2016
- Esteban Araujo Vilchis816/2019