Estanislao Guevara Ramírez
Expediente 834/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Estanislao Guevara Ramírez
- Susana Lara De Guevara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para que la parte quejosa, recurriera el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera. En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otro lado, en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, serán destruidos. En la inteligencia de que, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer debidamente identificado a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; lo que se realiza en la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE:Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para que la parte quejosa, recurriera el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera. En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otro lado, en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, serán destruidos. En la inteligencia de que, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer debidamente identificado a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; lo que se realiza en la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Gustavo Adolfo Orenday Gálvez, en su carácter de mandatario judicial de los quejosos Estanislao Guevara Ramírez y Susana Lara de Guevara, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 834/2021-I. Desechamiento de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En el caso, el acto reclamado es la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en etapa de ejecución de convenio en el juicio ordinario mercantil M-0077/2000 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad y recaída al recurso de revocación interpuesto por la parte demandada -aquí quejosa-, que confirmó el auto de siete del propio mes y año, donde se tuvieron cedidos los derechos litigiosos en favor de Hugo Martínez Lara, apoderado legal de la parte actora cedente Karla Erika González Barrón Rhodes. La parte quejosa manifiesta que lo anterior le genera perjuicios porque considera que aquél auto debió notificarse de manera personal y no por lista. En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que dejan sin defensa a la parte quejosa, ni tienen el carácter de irreparable. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [Énfasis añadido] Los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distinguen los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuestos específicos: Actos en ejecución de sentencia, en este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Actos de remate; la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Con esto, la intención del legislador fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. En el caso, el acto reclamado es la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en etapa de ejecución de convenio en el juicio ordinario mercantil M-0077/2000 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad y recaída al recurso de revocación interpuesto por la parte demandada -aquí quejosa-, que confirmó el auto de siete del propio mes y año, donde se tuvieron cedidos los derechos litigiosos en favor de Hugo Martínez Lara, apoderado legal de la parte actora cesionaria Karla Erika González Barrón Rhodes. Por regla general la etapa de ejecución de sentencia no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en esa etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el caso no se observa que se haya reconocido el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil 077/2000, ni declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco que haya ordenado el archivo definitivo de dicho expediente. Por tanto, el quejoso debe esperar que se lleven a cabo todos los actos de ejecución y la autoridad natural se pronuncie sobre el cumplimiento del fallo definitivo, o bien, que ordene el archivo del expediente, para que esté en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de las violaciones que estime ocurrieron en el procedimiento de ejecución. Ahora bien, cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, como lo refiere el promovente, no es tercera extraña a juicio, sino parte demandada, quien ha tenido una participación activa en el juicio de origen, como se advierte en la demanda de amparo, por ejemplo, se aprecia que impugnó el auto que ordenó la adjudicación del inmueble rematado y su escrituración. En tal virtud, dado el estado procesal en que se encuentra el juicio del cual emana el acto reclamado, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra, donde se podrán hacer valer las violaciones procesales que estime pertinente, como lo puede la que ahora se reclama. No se soslaya que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en etapa de ejecución de sentencia cuando se afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente. Así lo establece la jurisprudencia del Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6 de texto y rubro siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En el caso, la resolución reclamada no infringe de manera actual y directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, pues la consecuencia es que continúe el procedimiento de ejecución hasta su conclusión sin variar la cosa juzgada. Esto, porque el cesionario adquirió la facultad de exigir el cumplimiento de lo convenido, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. De ahí que el acto reclamado afecta únicamente derechos adjetivos, porque la confirmación del auto que ordenó notificar por lista lo atinente a la cesión de derechos litigiosos suscitada en el juicio natural, no generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Gustavo Adolfo Orenday Gálvez, en su carácter de mandatario judicial de los quejosos Estanislao Guevara Ramírez y Susana Lara de Guevara.
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