Esperanza Neri García Solorzano y Otros.
Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Esperanza Neri García Solorzano y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se advierte que feneció el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hayan hecho. En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Irapuato, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1388/2022-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Del análisis integral de la demanda, se advierte que los promoventes reclaman la respuesta emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, contenida oficio de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual contestó en sentido adverso su petición de que se les otorgara un permiso para cerrar el flujo vehicular en las calles de esta ciudad. Mientras que no forman parte del acto reclamado las anteriores negativas de atender sus solicitudes de cerrar el tránsito vehicular en las calles precisadas atribuidas a la Dirección de Ordenamiento Territorial de este municipio, así como la omisión de emitir dictámenes sobre la viabilidad tales peticiones; en virtud de que la respuesta precisada en primer término, por ser la última y al haberse atendido, es aquella que rige la situación jurídica de la petición primigenia de cerrar el tránsito vehicular de las referidas vialidades. Asimismo, se estima que no constituye un acto reclamado la omisión atribuida a Ayuntamiento de este municipio relativa a que no provee las condiciones necesarias de seguridad pública a los quejosos en sus residencias, sino que se trata de un argumento tendente a evidenciar el contexto de inseguridad que se vive en las calles indicadas que justifique la procedencia de su petición atinente a cerrar el flujo vehicular de dichas. Los promoventes refieren, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento del acto reclamado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que les fue notificado el oficio; por lo anterior, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es, a partir del tres de octubre de dos mil veintidós. Como se mencionó en párrafos precedentes, los justiciables tuvieron conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; por lo que debieron instar la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la notificación surtió efectos, por tanto, ese plazo transcurrió del tres al veinticuatro de octubre de este año, sin contar por ser días inhábiles los sábados y domingos comprendidos en ese periodo, así como el doce de octubre, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, los promoventes no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En consecuencia, al no haber impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornó tácitamente consentido el acto que reclaman, en contra del cual no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, al ser extemporánea su presentación, esto es, fuera del plazo legal establecido para ello, se desecha por ser notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la legislación en cita. Como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el numeral 13 de la ley de la materia, téngase a quien se precisa como representante común de la parte quejosa. Asimismo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que consulte el expediente y reciba notificaciones. Asimismo, se tiene su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a quien se precisa por así solicitarlo expresamente. Se tiene como forma especial y expedita de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico proporcionado. Finalmente, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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