Esperanza Zamora Prieto
Expediente 822/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Esperanza Zamora Prieto
Actuaciones
- Principal
Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos a nombre de la quejosa *** y signados electrónicamente por la autorizada en amplios términos ***, por los que solicita la devolución de los "documentos originales fundatorios de la acción". Ahora bien, conforme la certificación de cuenta, en la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se hizo constar que con la demanda de amparo interpuesta por *** se recibieron tres anexos, dos de los cuales se adjuntaron en copia simple (copia de credencial de elector y acta de matrimonio) y uno certificado (acta de uno de febrero de mil novecientos setenta y ocho); anexos los cuales obran agregados en el sumario en que se actúa. Atento a lo anterior, dígasele a la quejosa que al expediente no se glosa ningún documento original de los cuales solicita su devolución.
- Principal
Colima, Colima, tres de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * contra actos del Juez Segundo Familiar, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración de expediente electrónico. Regístrese la demanda en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 822/2021-VI. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa Esperanza Zamora Prieto, promovió diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades responsables, por el mismo acto reclamado, misma que fue radicada con el número de expediente 712/2021-I del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, dicha demanda de amparo fue presentada ante este juzgado el ocho de julio de dos mil veintiuno; asimismo, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Desechamiento de la demanda. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Sobre el tema, se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que reclama el emplazamiento al juicio civil ordinario 10-1156-114F tramitado ante al Juzgado Segundo Familiar, con residencia en Colima, Colima, de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computan a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Ahora, para determinar el supuesto a partir del cual se debe realizar el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda de amparo, es necesario analizar la circunstancia atinente a la calidad con la que comparece la parte quejosa. Lo anterior es así, pues la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación; es decir, afirma no haber sido llamada al juicio de origen en el que considera es parte. Sin embargo, este juzgado advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama con antelación por lo que la promoción del juicio de amparo deviene extemporánea, afirmación que se corroborará por las razones que a continuación se exponen. En primera instancia, la parte quejosa afirma, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de agosto de dos mil veintiuno. Sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, la parte quejosa Esperanza Zamora Prieto, promovió diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades responsables, por el mismo acto reclamado, misma que fue radicada con el número de expediente 712/2021-I del índice de este órgano jurisdiccional, dicha demanda de amparo fue presentada ante este juzgado el ocho de julio de dos mil veintiuno; asimismo, la quejosa manifestó también, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. De lo anterior, se obtiene que, con independencia de la divergencia de fechas señaladas por la parte quejosa en cuanto a cuándo tuvo conocimiento del acto, lo cierto es que al presentar la demanda de ocho de julio de dos mil veintiuno, en ésta data se tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, estaba enterada desde entonces de la tramitación del al juicio civil ordinario 10-1156-114F. Por tanto, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b), es decir, desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados, ello es así debido a que, como quedó puntualizado en párrafos que anteceden, la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen y promovió diverso juicio de amparo en el que reclamó también su emplazamiento y todo lo actuado. En otras palabras, la quejosa debió de haber impugnado la ilegalidad de emplazamiento reclamado dentro del término de quince días a partir, por lo menos, del ocho de julio de dos mil veintiuno, fecha en que presentó la diversa demanda de amparo. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro163172, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, mediante circular número 13 del año 2020-2021 emitida el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se determinó que el órgano jurisdiccional el órgano jurisdiccional al que se encuentran adscritas las responsables; esto es, el Juzgado Segundo Familiar, con residencia en Colima, Colima, tendría un período vacacional correspondiente al primer semestre del año del doce al veintitrés de julio de dos mil veintiuno Tomando en consideración dicha circunstancia, al realizar el cómputo respectivo, se concluye que el referido término transcurrió del nueve de julio al doce de agosto de dos mil veintiuno, sin contar los días treinta y uno de julio y, uno, siete y ocho de agosto del año antes citados, por ser inhábiles, conforme el numeral 19 de la ley que nos ocupa. Por su parte, la demanda de amparo se presentó el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente lo actuado dentro del juicio civil ordinario 10-1156-114F. De ahí que, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 107, fracción IV, analizado en sentido contrario, de la ley, la acción constitucional deviene notoria y manifiestamente improcedente y, en tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizada en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Blanca Rocío Gómez Heredia. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Autorización de acceso a expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que "RocioGOMEZ", no así el correo electrónico que señalan en razón de que dicha forma de comunicación no se encuentra entre las previstas en la Ley de Amparo para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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