Esperanza Gutiérrez Jiménez
Expediente 539/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Esperanza Gutiérrez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 539/2019-VII. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la orden de protección dictada el nueve de mayo de dos mil diecinueve en el expediente 19-0452-110F del índice del Juzgado Auxiliar en materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Una vez analizado el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario contra el acuerdo reclamado. En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida: El principio de definitividad, consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa, y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de los antecedentes de la misma se observa que la quejosa, impugna como acto reclamado, de la Juez Auxiliar en materia Familiar del Primer Partido Judicial de Colima, Colima, el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 19-0452-110F, en el que decretó la orden de protección en contra de la promovente del juicio de amparo. No obstante ello, el acto reclamado es susceptible de ser combatido a través del incidente de modificación o inconformidad, que establece el artículo 43 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, aplicado supletoriamente a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Así, de la interpretación armónica del artículo trascrito, se llega a la convicción de que el acto reclamado, consistente en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que el Juez responsable decretó orden de protección en contra de la promovente del presente medio de control constitucional, es susceptible de ser combatido a través del incidente de modificación o inconformidad. Razones las anteriores, por las cuales resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el recurso de revocación, contra los actos reclamados a la Juez Auxiliar en materia Familiar del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad, consistente en el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que se decretó la orden de protección; no obstante ello, de la demanda de amparo, no se acredita que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la parte quejosa o de sus menores hijos, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la quejosa no es tercera extraña a juicio, ya que es señalada como parte generadora de violencia en la medida cautelar decretada en el expediente 19-0452-110F, del índice del Juzgado Auxiliar en Materia Familiar, conociendo del procedimiento seguido al manifestar que las providencias precautorias decretadas le fueron notificadas el once de mayo de dos mil diecinueve, debido a que se advierte de la demanda que sólo se decretaron las providencias precautorias en contra de *****. Lo anterior es así, puesto que aun tratándose de esa clase de actos -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. En efecto, estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un juicio de esa naturaleza, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Esto es así, en atención a que la parte quejosa al tener el carácter de parte en el juicio de origen, tiene la posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes en defensa de sus derechos. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del incidente de modificación o inconformidad que establece el artículo 43 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Similar determinación sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en la ejecutoria dictada el once de marzo de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión 2/2016, relativo al juicio de amparo 46/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes
- Esmeralda García Sánchez277/2021
- Esmeralda Serrano Chávez348/2014
- Esperanza Aguilar Cota256/2020
- Esperanza Beatriz Martínez Mendoza101/2018
- Esperanza Corona Chávez1216/2014
- Esperanza del Carmen Pérez Mora893/2018
- Esperanza López Arias1459/2012
- Esperanza Torres Torres643/2019
- Esperanza Torres Torres486/2020
- Esperanza Torres Torres1417/2023
- Esperanza Zamora Prieto822/2021
- Esperanza Zamora Prieto712/2021