Esperanza Luna Martínez

Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1090/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Esperanza Luna Martínez
  • Miavictoria Peña Limón a través de Arnulfo Alejandro Limón Reza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    sin que ninguna de las partes haya recurrido el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Vistas las diversas constancias allegadas a los autos por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Partido Judicial, mismas que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de la Materia, adquieren valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ello, dado que las causas de improcedencia, son un presupuesto procesal de orden público, que en términos del numeral 62 de la ley de la materia, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en comento, dispone:.. Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. Seguidamente, cabe señalar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: El proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 2731/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Partido Judicial, en el que se abstuvo de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de adopción planteada. En razón de lo anterior, en el caso sometido a estudio, de las constancias que obran en los presentes autos, específicamente del informe justificado recibido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de adopción efectuada por los quejosos Esperanza Luna Martínez y Arnulfo Alejandro Limón Reza, en el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria de adopción 2731/2018, promovidas por los referidos impetrantes, ha cesado, dado que después de haber recibido en fecha treinta de agosto del año en curso, el certificado de idoneidad requerido a la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia (DIF) (fojas 220 a 223), en proveído de diecinueve de agosto de la anualidad que transcurre (fojas 209 a 214), por diverso acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve (foja 225), admitió la instancia en la vía y forma propuesta por los aquí quejosos, las diligencias de jurisdicción voluntaria de adopción de los menores Alejandro Daniel y Miavictoria, ambos de apellidos Peña Limón; asimismo, citó a Esperanza Luna Martínez y Arnulfo Alejandro Limón Reza, para ratificar el consentimiento a su favor respecto a la adopción promovida al habérseles otorgado el mencionado certificado de idoneidad y señaló las diez horas del cuatro de diciembre de dos mi diecinueve para el desahogo de la información testimonial ofrecida. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia de mérito, acorde a diversos criterios sustentados por órganos de control constitucional, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo expuesto, existe convicción de que cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Ello toda vez, que los quejosos se duelen de la dilación de la autoridad responsable, de abstenerse de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de adopción, respecto de lo cual, la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Partido Judicial, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, admitió la instancia en la vía y forma propuesta por los aquí quejosos, las diligencias de jurisdicción voluntaria de adopción de los menores Alejandro Daniel y Miavictoria, ambos de apellidos Peña Limón, en los términos precisados en dicho proveído.. En consecuencia, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos del acto que por esta instancia constitucional se duele el peticionario del amparo, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. En tal virtud, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia en comento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que en este momento se sobresea en el presente juicio, pues no resulta incongruente el hecho de haber admitido a trámite la demanda de amparo, ya que al momento de proveer sobre la admisión de ésta sólo se realizó un análisis preliminar, lo cual no impide que con posterioridad se pueda advertir alguna causa de improcedencia con base en mayores elementos, como acontece en la fecha en que se actúa, es decir, a que se cuenta con las constancias del juicio natural... En razón de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a través del proveído de veintiuno de octubre del año en curso (foja 260). Establecido lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público.

  3. Principal

    Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma.

  4. Principal

    dese vista a las partes con el informe justificado.

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